Alessandra García, con producción ejecutiva de Antonio Banderas y Violeta Niebla (Dos Bengalas), nos presenta La obra del mar, una experiencia performativa, una exposición escénica, que se llevará acabo durante el mes de agosto a lo largo del litoral de la provincia de Málaga.
Los hermanos de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, reunidos en cabildo extraordinario, han dado el visto bueno esta madrugada a la restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, tras la polémica vivida semanas atrás por el resultado de las intervenciones realizadas a la virgen, unos trabajos que durarán, al menos, tres meses.
El cabildo, que ha reunido a 1.817 hermanos, de los que han votado 1.475, ha aprobado la restauración por 998 votos a favor y 458 en contra, con 13 en blanco y seis votos nulos, para una restauración que realizará el conservador Pedro Manzano, con el objetivo de devolver a la imagen su aspecto anterior a la intervención realizada en su día, y que contó con el rechazo casi unánime de los hermanos.
Una restauración coordinada con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), donde -durante 16 horas- se hizo un análisis del estado de la imagen, que sirve de base para el trabajo que ahora se realizará.
Juana Rivas entregará este viernes a su hijo menor, de 11 años, a su padre, el italiano Francesco Arcuri, en condiciones de privacidad. En 'Las Mañanas de RNE', la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Paz Lloria, apunta que la competencia para determinar la custodia pertenece a Italia, donde la normativa "no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros". "Parece que la perspectiva de infancia no se ha aplicado y la perspectiva de género, por supuesto, tampoco. No se ha atendido a las manifestaciones del niño. Nuestra ley deja muy claro que las manifestaciones de los niños y las niñas han de ser tomadas en consideración por los órganos jurisdiccionales".
Sobre que la Audiencia de Granada vaya a investigar a Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores, Lloria considera que el auto es "absolutamente criticable" desde el punto de vista jurídico. La catedrática se muestra sorprendida por el lenguaje que se ha utilizado y asegura que solamente toma en cuenta lo que dice el tribunal italiano: "Olvida que la madre habría actuado bajo un error de prohibición, es decir, no sabría que tenía prohibido no entregar al niño porque piensa que está amparada por una causa de protección".
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha declarado a su llegada a los juzgados de Almería como perjudicada por las amenazas que, según denunció, le envió desde la cárcel la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, que cumple condena desde 2019 por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz.
Ana Julia ha comparecido por videollamada, al igual que su pareja. Ambas están imputadas, aunque esta última se ha acogido a su derecho a no declarar. Esta causa se suma a otra del juzgado de Ávila que investiga si algunos funcionarios habrían facilitado móviles a Quezada a cambio de favores sexuales para grabar contenidos desde prisión. Ese material audiovisual estaría destinado a formar parte de un documental que Patricia Ramírez ha frenado. Por esa razón, asegura la madre, la asesina de su hijo quería vengarse de ella.
La Guardia Civil sospechaba de una embarcación de recreo provista de un motor más potente de lo habitual y que asiduamente repostaba en gasolineras de bajo coste cargando cinco veces más combustible de lo que permitía su depósito.
Tras la investigación pudo constatar que en el barco se habían incluido tanques adicionales ocultos que nutrían de combustible a narcolanchas en alta mar. Finalmente, los agentes localizaron la base de operaciones de la red criminal en una nave industrial de Cádiz. Allí hallaron también otras dos embarcaciones modificadas para poder almacenar grandes cantidades de combustible, suministros e incluso personas.
La organización ha quedado desarticulada con la detención de cuatro personas que ya han ingresado en prisión. Están acusados de delitos contra la seguridad colectiva, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
El 22 de julio de 1975 el humo de un incendio en un cortijo de Sevilla hace saltar las alarmas. Se habla de un muerto. Ildefonso Arcenegui, médico de Marchena e hijo del forense que acudió a la escena del crimen, tenía 23 años y estaba estudiando Medicina. Aquel día acompañó a su padre, forense titular del juzgado de Marchena, al levantamiento y autopsia de aquel cadáver. En principio era solo uno, pero había hasta cuatro cadáveres más. El capataz y su esposa, golpeados con una pieza metálica de una empacadora. Un tractorista, abatido a tiros. Y un matrimonio de trabajadores de la finca, quemado en una pira de paja.
Nadie vio nada, a pesar de que la escena del crimen se llenó de curiosos. En apenas 24 horas cualquier elemento de prueba estaba contaminado. El lugar no se protegió ni se custodió. No se detuvo a nadie. Nunca se aclaró el papel del dueño del cortijo, un marqués que consiguió por su título que en un primer momento no le tomaran declaración. Se sospechó de otros trabajadores...
El caso se reabrió seis años después. Se exhumaron los cuerpos para hacer nuevas pruebas, pero nunca se supo si fue un crimen económico, sentimental o relacionado con las drogas.
En 1995 el caso prescribió. Un crimen sin castigo, familias rotas y criminales libres. Un sumario de 1.500 páginas, varios libros, novelas y cientos de crónicas. Medio siglo después, el misterio persiste. FOTO: ARCHIVO EFE
El crimen de Los Galindos cumple medio siglo; 50 años de incógnitas que lo han convertido en uno de los grandes misterios sin resolver de la historia de España. El 22 de julio de 1975, cinco personas fueron asesinadas en un cortijo cerca del municipio de Paradas, a 40 kilómetros de Sevilla. Hoy este lugar ha cambiado su nombre por el Nuestra Señora de las Mercedes.
Dos trabajadores de la construcción han muerto este miércoles en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, después de que el techo de una vivienda que reformaban haya caído sobre ellos.
Desde Emergencias de Andalucía, han confirmado la muerte de los trabajadores. El suceso se ha producido poco antes de las 12.00 horas; un operario ha avisado del derrumbe del techo de un inmueble histórico de la localidad.
Los dos trabajadores eran naturales de Granada, desde donde los había desplazado la empresa Jocon Infraestructuras, encargada de ejecutar dichas obras.
La alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, ha informado de que se han declarado tres días de luto oficial y las banderas de los edificios públicos de Alcalá de Guadaíra ondearán a media asta. "Estamos consternados", ha declarado Jiménez ante los medios.
FOTO: EFE/ Raúl Caro
