- El Alto Tribunal debate esta semana sobre la ley en un pleno monográfico
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- Ahora puede recurrir al Constitucional, donde ya han recurrido Oriol Junqueras o Dolors Bassa
- Tampoco se amnistía al exconseller del gobierno catalán Antoni Comin
- Los magistrados iniciarán ya las deliberaciones y se espera sentencia para final de semana
- El Pleno contará con 10 de los 12 magistrado tras apartar al exministro Campos y al magistrado Macías
La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O y la promoción exterior del 'procés'.
En un auto, la sección 21ª acuerda aplicar la amnistía a todos los investigados, tal y como solicitó la Fiscalía, y revoca la resolución de la jueza instructora que acordaba dejarlos a un paso de juicio por su papel en la planificación del referéndum unilateral.
FOTO: Adriá Ropero/EFE
- En un auto, la sección 21ª acuerda aplicar la ley a todos los investigados, tal y como solicitó la Fiscalía
- Entre los amnistiados figura el exconseller de Exteriores Raül Romeva
La Comisión Europea sostiene que la ley de amnistía no responde "a un objetivo de interés general", sino más bien "parece ser una autoamnistía" por formar parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España y porque los beneficiarios han sido claves para aprobarla.
La Comisión Europea hace ese diagnóstico en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía. Este análisis no es vinculante para la Corte europea
Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista y coordinador de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se ha mostrado contundente en el informativo 24 horas de RNE asegurando que el fiscal general del Estado no debe dimitir ya que, asegura, "nos encontramos ante un auto carente de fundamento." Ha añadido que "no procede que se valide una instrucción truculenta que evidentemente tiene que ver con el hecho de que se intentaba encubrir un fraude fiscal."
La Comisión Europea ha enviado un informe crítico con la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha expresado su preocupación de que la norma no esté alineada con el interés común de la Unión Europea, aunque no ve que afecte a fondos europeos. Sobre ello, López Aguilar se ha centrado en que la norma no afecta a los intereses económicos comunitarios y ha dicho que "corresponde al ordenamiento jurídico español depurar la compatibilidad entre la ley orgánica y la Constitución y lo que sabemos es que el Tribunal Constitucional no ha encontrado ninguna contradicción."
El Constitucional empieza hoy martes la deliberación de la ley de amnistía con un tribunal dividido y tras avalar el grueso de la norma. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, acordó ayer ampliar a toda la semana del 23 al 27 de junio la deliberación y votación de la ponencia sobre la ley de amnistía. En Las Mañanas de RNE hablamos con Xavier Melero, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, que fue abogado del procés (abogado de Joaquín Forn): "Las leyes de amnistía siempre, por definición, son leyes disruptivas y llevan a una crisis al sistema de justicia. Pasó con la de 1934, con la de 1936, con las de 1978 y vuelve a pasar ahora". Puntualiza que "la amnistía no es más que una válvula de escape que representa una excepcionalidad al funcionamiento regular del sistema de justicia. Por tanto, por naturaleza, por definición, es crítica". El que fue abogado del procés cree que las amnistías causan problemas: "El hecho de que se amnistiaran a determinados sujetos condenados por gravísimos delitos de naturaleza política motivó la rebelión de los presos comunes y un estado de violencia en las prisiones españolas como no se conocía ni se ha vuelto a conocer".
Melero ha afirmado que la reforma del delito de malversación ha demostrado ser un fracaso: "El beneficio personal no es que con lo que malversas te construyes una piscina o te vas de vacaciones con tu cuñado. Es también que tu partido se vea beneficiado que los gastos de una acción ilícita sean sufragados con cargo al erario público", concluye.
- El tribunal de garantías entiende que "es una decisión personalísima del juez o magistrado"
- La CE alega que la amnistía no responde "a un objetivo de interés general", sino "parece ser una autoamnistía"
La ley de amnistía llega al pleno del Tribunal Constitucional, que aborda desde este martes la ponencia elaborada por la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, quien propone avalar el grueso de la norma, aunque, como era previsible, sigue sin despejar el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Por otro lado, en el exterior, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles para controlar las protestas por las redadas migratorias supone una orden inédita en el país en 33 años. A eso se suma el que el neoyorquino la adoptara sin aprobación del gobernador local, algo no visto desde 1965.
FOTO: EDUARDO PARRA/EUROPA PRESS
- Deberá determinar si la ley es compatible con los principios europeos, como la prevención de la impunidad por corrupción y terrorismo
- La causa afecta a 33 altos cargos del Govern, entre ellos los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas
El aval del Tribunal Constitucional (TC) al grueso de la ley de amnistía en un borrador de su sentencia no ha dejado indiferente a la esfera política. El PP ha dicho que esto "no cambia nada" e insiste en que la ley es "corrupción política", mientras que el Ejecutivo ha pedido esperar a que la corte de garantías se pronuncie definitivamente, si bien ha celebrado que la norma ha servido para "normalizar la situación en Cataluña".
Por otro lado, la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia ha finalizado sin un acuerdo de alto el fuego y con un nuevo pacto para intercambiar prisioneros. Las partes han vuelto a citarse en Estambul para avanzar hacia una paz que aún parece lejana. Moscú exige la retirada de las tropas ucranianas de las cuatro regiones del país que afirma haberse anexionado como condición para alcanzar una tregua y, para el fin definitivo del conflicto, que reconozca la anexión de Crimea y que renuncie al ingreso en la OTAN y que limite su Ejército.
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El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el grueso de la ley de amnistía en un borrador de sentencia elaborado por su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. La ponencia, que se debatirá el próximo 24 de junio, sí estima parcialmente tres de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el PP. Aunque no se pronuncia sobre la malversación, delito por los que siguen fugados, entre otros, Carles Puigdemont. En el 'informativo 24 Horas de RNE' hablamos sobre el tema con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada.
Ruiz Robledo señala que, aunque el borrador presenta un extenso razonamiento, no le resulta convincente la idea de que la amnistía sea una materia legislativa ordinaria como la educación o la sanidad. Explica que la amnistía debe entenderse como "un derecho de gracia, una excepción a la norma que dice que la gente que comete delitos va a la cárcel”, y recuerda que la Constitución permite el indulto individual, pero prohíbe el indulto general. Además, resalta que la diferencia que plantea la ponencia entre indulto general y amnistía "no está suficientemente justificada, ya que ambos forman parte del derecho de gracia", según el Tribunal Constitucional.
Respecto a la malversación y el caso de Carles Puigdemont, el experto aclara que el verdadero problema reside "en la interpretación que el Tribunal Supremo hace de la ley". En un principio,"la malversación estaba incluida en la amnistía, pero tras avanzar en la tramitación se moduló para evitar un conflicto con el derecho europeo". El Tribunal Supremo ha considerado que "la ley no es aplicable a todos los casos", entre ellos el de Puigdemont, que según el catedrático de Derecho: "está impugnando" esa interpretación alegando que podría vulnerar el principio de legalidad penal. Por tanto, aunque la ley se mantenga constitucional, el debate seguirá abierto en torno a su aplicación práctica.
El Tribunal Constitucional ha avalado el grueso de la ley de amnistía en un borrador de sentencia y, si se aprueba en los mismos términos, no cambiará nada para Carles Puigdemont, ya que no se pronuncia sobre el delito de malversación. La orden de detención contra el expresidente catalán y los exconsejeros huidos seguirá activa.
El Supremo no les aplicó la amnistía porque la ley deja fuera la malversación cuando hay enriquecimiento y los jueces consideran que, al pagar con dinero público el referéndum del 1 de octubre, obtuvieron un beneficio personal.
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- El borrador de la sentencia deja en manos del Supremo el futuro inmediato de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras
- Estima algunos de los puntos del recurso del PP de la igualdad de aplicación y los matices en el marco temporal establecido
El Tribunal Constitucional (TC) avalará el grueso de la ley de amnistía. El borrador de la sentencia, que votarán los magistrados el próximo 24 de junio, señala que se ajusta a la Constitución y no vulnera los derechos fundamentales. El texto responde al recurso que presentó el Partido Popular contra la norma que el Congreso aprobó hace un año.
Los jueces aseguran que no hurta al poder judicial su función y que no es su competencia pronunciarse sobre los motivos políticos por los que se aprueban las leyes. El borrador sí estima algunos puntos del recurso del PP. Por ejemplo, sí acota el marco temporal, y apunta a que solo se puede aplicar a los hechos relacionados con el procés sucedidos hasta el 13 de noviembre de 2023.
Asimismo, da la razón a los 'populares' sobre el principio de igualdad de los españoles. Sobre el delito de malversación, el borrador no se pronuncia porque la formación de Feijóo no lo incluyó en su recurso. La sentencia definitiva se conocerá a finales del mes de junio.
La ley de amnistía se aprobó hace un año en el Congreso. Era uno de los acuerdos del PSOE con Junts y ERC para la investidura como presidente de Pedro Sánchez. El Gobierno insiste en que es una ley positiva, pero el PP dice que el aval del Tribunal Constitucional es una razón más para manifestarse contra Sánchez. "La amnistía es de una inmoralidad profunda que no va a cambiar ninguna decisión a favor o en contra del TC. Es un pago político por siete votos (...) Sigue siendo una indecencia", ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper.
Por su parte, los independentistas catalanes cuestionan la imparcialidad del Tribunal Supremo, que tiene la última palabra para aplicar la ley. "El problema de la ley de amnistía no es su constitucionalidad, sino la rebeldía del Tribunal Supremo a la hora de aplicarla", ha criticado el portavoz de Junts, Josep Rius.
Foto: El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante la rueda de prensa (EFE/J.J. Guillén).
- El borrador de la sentencia del Constitucional avala el grueso de la ley y estima parcialmente el recurso del PP en temas menores
- Abascal culpa al PP por pactar la renovación del TC y Junqueras celebra: "Es un paso más en un camino demasiado largo"
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho no tener el borrador del Tribunal Constitucional que avala el grueso de la ley de amnistía. Sin embargo, ha insistido en que la amnistía fue "el instrumento a través del cual" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "compró la investidura". Y ha llamado de nuevo a manifestarse el próximo domingo': "Esto tiene que acabar".
El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía, pero excluye la malversación ligada al 'procés'
El Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado los aspectos principales de la ley de amnistía en un borrador elaborado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, según ha podido saber RTVE. El texto, que responde al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP del 9 de septiembre, no aborda directamente el delito de malversación, motivo por el cual no se ha aplicado la ley a Puigdemont ni Junqueras. Sin embargo, estima parcialmente tres motivos de inconstitucionalidad del Partido Popular.
El TC considera que el 'procés' afecta los intereses económicos de la Unión Europea, justificando una excepción a la amnistía. El Supremo relaciona la malversación con la excepción del beneficio personal, señalando que los líderes independentistas usaron fondos públicos para el 1-O. Este recurso decidirá solo sobre la constitucionalidad de la ley, sin entrar en casos específicos. La adopción del fallo se prevé para el próximo 24 de junio
