16 víctimas denuncian al catedrático de la Universidad de Barcelona Ramón Flecha por acoso y maltrato. Y en Al margen de la ley la periodista de RTVE Vicky Bolaños, subdirectora del programa Objetivo Igualdad, nos habla de su investigación sobre un caso que está en manos de la Fiscalía. Escúchalo este sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
El cantante Julio Iglesias se ha pronunciado por primera vez sobre la denuncia de dos extrabajadoras suyas. Estas le acusan de agresión sexual y trata. Lo ha hecho por escrito en sus redes sociales. El cantante lo niega todo y dice que defenderá su verdad. Las trabajadoras afirman que trató de silenciarlas.
El comunicado fue publicado de madrugada en la red social Instagram con su firma. Iglesias se defiende de las acusaciones de dos de sus extrabajadoras. Afirma que nunca le ha faltado el respeto a una mujer y niega todo, asegurando que defenderá su verdad y su dignidad.
Contará con el abogado penalista José Antonio Choclán, conocido por llevar también la defensa de personajes como Aldama. Las juristas que presentaron la denuncia incluyeron los delitos de trata, lesiones y agresiones sexuales. La Fiscalía investiga, pero aún no ha decidido qué hará con el caso.
El goteo de declaraciones de las víctimas ha continuado y estas afirman que el cantante trató de silenciarlas y que sufrieron situaciones de aislamiento y miedo en la mansión de Iglesias en Punta Cana.
Imagen: AFP / BERTRAND GUAY
Julio Iglesias ha negado "con profundo pesar" en un mensaje en Instagram las acusaciones realizadas por dos exempleadas que aseguran que el cantante abusó sexualmente de ellas en sus mansiones de Punta Cana y las Bahamas. Unos hechos que están siendo investigados por la Fiscalía y que podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso y lesiones.
Gema Fernández es la abogada de Women's Link, la organización que está asesorando legalmente a las denunciantes de Julio Iglesias por agresión sexual. En '24 Horas de RNE' ha explicado que han pedido a la Fiscalía medidas de protección ante el temor de ellas a ser contactados por el cantante o su entorno: "Temen que las contacten para persuadirlas de abandonar el proceso". Por este motivo han solicitado especial protección para que no se filtren sus datos personales. De hecho, declararán como testigos protegidos.
Fernández admite que pueden no ser los únicos casos y que en las últimas horas "les han contactado" otras mujeres que dicen haber trabajado para Julio Iglesias, pero reconoce que "aún no han podido analizar sus casos". De cualquier manera, insta a las mujeres a "dar el paso" y denunciar para que pueda activarse la vía legal. Aunque los hechos hayan sucedido en la República Dominicana y Bahamas: "Creemos que la justicia española puede ser competente para actuar". Rodríguez argumenta que son hechos "relevantes", ya que se trata de un ciudadano español acusado de agresión sexual y trata de personas.
Sobre Julio Iglesias, los audios que publicaba elDiario.es y Univisión son la punta del iceberg. La mayor parte de las veces nunca llegan a salir a la luz. Los agresores abusan de su situación de poder y las víctimas se enfrentan a la dificultad para denunciar.
Un reportaje de Alba Urrutia.
En toda situación de abuso de poder hay patrones que se repiten: sensación de impunidad, una relación de dependencia, miedo y un clima de intimidación que impide romper el silencio. La denuncia interpuesta contra el cantante Julio Iglesias por presuntos abusos laborales y sexuales es sólo el último ejemplo.
Además, en casos como el del artista, se añade la circunstancia de que se trata de hombres reconocidos a nivel social y teóricamente ejemplar que goza de una red de protección social a su alrededor.
Fotos: AP Photo/Carlos Giusti
Las extrabajadoras de Julio Iglesias que denunciaron al cantante por presuntas agresiones sexuales han relatado que eran obligadas a someterse a análisis ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual si querían conseguir el empleo.
Las denunciantes dan por hecho que no son las únicas víctimas del artista, que guarda silencio sobre este escándalo.
Foto: EFE / THAIS LLORCA.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos de sus antiguas empleadas domésticas. Le acusan de agresiones sexuales y de un delito de trata.
Los hechos, que habrían ocurrido entre el año 2021 y 2022, han salido a la luz gracias a una investigación periodística de 'El Diario' y de la cadena Univisión, que han difundido los testimonios de estas dos víctimas.
Foto: Bertrand GUAY / AFP
El Gobierno y la Iglesia han sellado un pacto para reconocer e indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que ya no puedan acudir a la vía judicial. Tendrá una vigencia de un año, prorrogable otro más.
El Gobierno firma con la Conferencia Episcopal un acuerdo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Este pacto implica la colaboración Iglesia - Estado para atender a las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho hincapié en que será el Estado quien decida la indemnización pero la Iglesia Católica la que lo pagará y que estará exenta de tributación, también de forma retroactiva.
En Mediodía RNE hablamos de ello con Manuel Barbero, representante de las personas abusadas por miembros de la congregación de los Maristas. Afirma que esto es "histórico" pero que estarán "vigilantes para que se haga con rigor". "No se trata de hacer una caza de brujas" dice, "sino de reparación" de todas las víctimas. Aunque señala que aún queda por hacer, esto abre "un capítulo" pero trabajarán para conseguir más de lo que se plantea en este acuerdo, que por el momento consideran insuficiente porque solo da un año para denunciar a las víctimas. Esto, señala, se lo contarán al ministro en su reunión próximamente.
El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han alcanzado un acuerdo histórico para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica a través del Defensor del Pueblo en aquellos casos en que ya no es posible la vía judicial bien por la prescripción del delito o por el fallecimiento de la agresión. Se trata de un sistema mixto en el que participan la Iglesia, el Estado y las víctimas, que lo hacen de forma individual y colectiva a través de las asociaciones en el que la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo en el que las reparaciones económicas correrán a cargo de la Iglesia y que estarán exentas del pago del impuesto sobre la Renta, tanto aquellas que ya hayan sido entregadas ya en el marco del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) creado por la Iglesia Católica en julio de 2024, como las como las que se decidan por esta nueva vía. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado este nuevo paso para "saldar una deuda histórica, moral" con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. En España, como en "tantos países del mundo", ha dicho Bolaños, hay "centenares de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia" con unas características que los hacían "especialmente complicados para darles solución en el ámbito judicial", al haberse producido en muchos casos hace décadas, y al haber prescrito los hechos en la mayor parte de los casos. Foto: Diego Radamés / Europa Press.
