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La salvadoreña Imelda Cortez, juzgada por aborto, pacta un cambio de delito para reducir su pena

  • La joven sufrió desde los 12 años abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la embarazó
  • El Salvador es uno de los países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias

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Un tribunal de El Salvador declara inocente a Imelda Cortez, acusada de homicidio por abortar

La joven salvadoreña Imelda Cortez, acusada de intento de homicidio cometido al supuestamente abortar, ha aceptado este lunes un "juicio abreviado" en su contra y el cambio al delito de abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad, a cambio de reducir su pena, en este caso, un año de cárcel.

Bertha María Deleón, una de las abogada de Cortez, ha señalado, durante su intervención en el juicio instalado este lunes, que la joven debe de ser puesta en libertad en caso de ser encontrada culpable del delito que se le atribuye, porque "ella ha estado encarcelada un año y siete meses".

Esta pena fue impuesta en un primer momento cuando la Fiscalía acusó a Cortez del delito de tentativa de homicidio agravado cometido supuestamente al tratar de abortar, aunque su embarazó llegó a término y actualmente su hija tiene un año y siete meses de edad. Cortez sufrió desde los 12 años abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la embarazó.

Durante su confesión, la joven de 20 años ha aceptado el "juicio abreviado" y se declaró culpable del delito de abandono y desamparo de persona.

El aborto en El Salvador, prohibido en cualquier circunstancia

Esta es la segunda ocasión en que Cortez asista a dicha corte, ya que el pasado 12 de noviembre la diligencia fue aplazada por la ausencia del Ministerio Público, quien el día previsto para la instalación del juicio mandó un escrito en el que señaló que la fiscal asignada al caso tenía incapacidad médica que le "imposibilitaba su presencia".

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía

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