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Nicaragua

Amnistía acusa a Ortega de uso "deliberado e indiscriminado" de la fuerza letal contra manifestantes

  • Documenta en un informe ejecuciones extrajudiciales, torturas y uso de armamento de guerra para reprimir las protestas

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La situación en Nicaragua: protestas ilegales si no son de los seguidores de Ortega

El Gobierno de Nicaragua, que dirige Daniel Ortega, ha llevado a cabo una estrategia represiva "deliberadamente letal e indiscriminada" contra las manifestaciones en su contra de los últimos seis meses con el fin de acabar con las protestas y de castigar a quienes participan en ellas que ha incluido, además de torturas y ejecuciones extrajudiciales, el uso de armamento de guerra.

Amnistía Internacional ha presentado en Madrid un informe titulado "Sembrando el terror" sobre la situación en Nicaragua en el que se denuncia la situación de los derechos humanos en el país y la persecución que están sufriendo los que protestan en la calle desde que el pasado 18 de abril comenzaron las primeras manifestaciones contra las reformas en la Seguridad Social -que el Gobierno hubo de retirar- y que condujeron a protestas generalizadas en Managua y el resto del país centroamericano.

Actualmente, los manifestantes piden la dimisión de Ortega, que se niega a retirarse de su cargo hasta 2021, cuando se cumplirían 14 años ininterrumpidos de mandato.

El informe, que abarca el período entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre, documenta al menos 322 muertos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y los grupos de apoyo a Ortega, y más de 2.000 heridos. Entre los fallecidos también figuran 22 policías. Además, hasta el 18 de agosto, al menos 300 personas habían sido procesadas por su participación en las protestas, que ante la respuesta represiva del Gobierno degeneraron en la petición de la dimisión del presidente.

Según la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, las protestas "no fueron una sorpresa" puesto que "en los últimos cinco años se había venido constatando un deterioro en el ejercicio de los Derechos Humanos" en el país. "Lamentablemente, en lugar de escuchar las demandas de justicia y de rendición de cuentas" de los ciudadanos tras las primeras muertes en las protestas iniciales, Ortega "decidió seguir con su estrategia de represión", subraya.

Vilma Núñez, abogada y activista por los derechos humanos en Nicaragua, afirma en declaraciones al canal 24 horas que con esta represión policial, "Ortega quiere perpetuarse en el poder al coste que sea", rechazando además cualquier forma de solución que se le han presentado. El mandatario nicaragüense no acepta ninguna recomendación de organismos defensores de los derechos humanos y expulsó de Nicaragua al representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recuerda Núñez.

Vilma Núñez, activista de Nicaragua: "Ortega quiere llevar la lucha cívica a una guerra civil"

Amnistía denuncia que tanto Ortega como su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, han empleado durante estos meses "una oratoria criminalizante" que ha incluido el uso del término "terrorista" y "golpista" para referirse a los manifestantes antigubernamentales, y las autoridades han negado reiteradamente que se hayan producido violaciones de los derechos humanos.

Fuerzas parapoliciales con armamento militar

Para reprimir las protestas, el Gobierno nicaragüense ha recurrido no solo a la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, sino que también ha empleado a las llamadas "turbas sandinistas", grupos de partidarios del partido gobernante que se terminaron transformando, según Amnistía, en "auténticos grupos parapoliciales armados".

Tanto las fuerzas regulares como estos grupos parapoliciales han hecho "un uso excesivo de la fuerza" que a partir de mayo pasó a ser "generalizado, desproporcionado y, en muchas ocasiones indiscriminado", de la fuerza letal, ha explicado Pilar Sanmartin, investigadora de crisis de la ONG.

La activista Vilma Núñez detalla que estos grupos de tipo paramilitar “circulan impunemente por las calles sembrando el terror, encapuchados y apresando a jóvenes, hostigando a sus familiares en sus hogares sin respetar la edad –muchos ancianos han sido encarcelados-“.

Para ello, emplean armamento de disparo indiscriminado, como ametralladoras ligeras RPK o AK en modo automático, capaces de "disparar 650 balas por minuto", así como armamento de tipo militar de potencia desproporcionada a la fuerza que se intentaba repeler, obviando que "el uso de armas por el Estado debe ser legítimo, necesario y proporcionado", señala Sanmartin.

Ejecuciones extrajudiciales y torturas

Por otra parte, Amnistía ha documentado seis casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que habrían sido "una forma de castigo" así como al menos once casos de posibles actos de tortura contra manifestantes, a quienes entre otras cosas se amenazó de muerte, se quemó con cigarrillos, se sometió a electroshocks y a "desnudez forzada", según Sanmartin, como "método de castigo" y obtención de pruebas e información sobre la organización de las protestas", actos que constituyen “una grave violación de los Derechos Humanos y un crimen de Derecho Internacional".

Entre los casos incluidos en el informe figura el de Faber López, un policía antidisturbios, cuya muerte la Policía atribuyó a disparos de "terroristas" pero que según su familia no presentaba heridas de bala y sí "múltiples signos de tortura". López había llamado un día antes de su muerte a su familia para decir que iba a renunciar y advertirle de sus compañeros podrían matarle.

Asimismo, se practicaron detenciones arbitrarias y no se respetaron las garantías judiciales básicas en los procesos contra los líderes estudiantiles y comunitarios y los manifestantes en general en el marco de la "estrategia represiva que buscaba desarticular" el movimiento de protesta. También se ha documentado la falta de acceso a defensa legal para los detenidos y otras trabas al trabajo de los letrados.

Amnistía denuncia una persistente impunidad y la falta de condiciones para que las víctimas puedan denunciar lo ocurrido sin miedo a represalias. En este sentido, la organización ha constatado la reticencia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a denunciar ante la Fiscalía y, en los casos de muertes, muchas familias ni siquiera registraron oficialmente el deceso ni lo denunciaron "por miedo, desconfianza o falta de credibilidad hacia la autoridad".

El resultado de este "escenario de persecución generalizado" fue el desplazamiento de miles de nicaragüenses, algunos de los cuales huyeron fuera del país para proteger sus vidas, especialmente a la vecina Costa Rica, donde a 31 de julio se habían registrado casi 8.000 solicitudes de asilo y otros 15.000 nicaragüenses estaban a la espera de cita para registrarse.

“Ortega quiere llevar la lucha a una guerra civil”

"Amnistía considera que muchas de estas acciones no solo se habrían llevado a cabo con el conocimiento y la tolerancia de las más altas autoridades del país sino en ocasiones bajo su orden y control", subraya Sanmartín.

Asimismo, la ONG sostiene que "las violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por la Policía Nacional son responsabilidad directa del jefe supremo de la misma que de acuerdo a la Constitución es el presidente de la República", añade, recordando que "las graves violaciones de derechos humanos no prescriben y pueden ser juzgadas en tribunales que no sean los nacionales".

Para la activista Vilma Núñez, el presidente Ortega está buscando convertir las protestas en una “confrontación militar”. “Ortega quiere llevar la lucha cívica a una guerra civil porque es el terreno en el que él se sabe manejar”, sentencia al canal 24 horas.

Por su parte, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha aprovechado para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que no se venda armamamento antidisturbios a Nicaragua como se hizo en los últimos años y que promueva una sesión especial sobre este país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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