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Sánchez anuncia que el Gobierno aprobará una ley contra la explotación sexual

  • Asegura que en esa ley se recogerán ideas sobre las que el PSOE lleva tiempo trabajando
  • Insiste en que su Ejecutivo no identifica la prostitución con un trabajo

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Un cliente habla con dos prostitutas en la calle. THINKSTOCK
Un cliente habla con dos prostitutas en la calle. THINKSTOCK THINKSTOCK

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo presentará un anteproyecto para promover una "Ley de trata y contra la explotación sexual", una iniciativa en la que se recogerán ideas sobre las que el PSOE estaba trabajando desde hace tiempo, cuando estaba en la oposición.

Sánchez ha anticipado esta nueva ley a propósito del debate suscitado en torno a la legalización de la prostitución a raíz del reconocimiento de un sindicato de trabajadoras sexuales por parte de Trabajo, decisión que la ministra Magdalena Valerio ha reconocido ser "un gol por la escuadra" en su propio Departamento.

"La posición del Gobierno es clara, no hay que confundir un incidente administrativo con lo que ha supuesto la reacción por parte del Ministerio de Trabajo en relación con este asunto", ha apuntado el presidente en una entrevista en la cadena SER.

Pedro Sánchez asegura que su Gobierno tiene una posición "bastante clara y bastante definida" en lo referente a la prostitución y "no su identificación con un trabajo" y que lo hace "con todas las consecuencias".

La nueva ley, uno de sus "compromisos"

Ha recordado además que ya desde la oposición, con la actual vicepresidenta del Gobierno y titular de Igualdad, Carmen Calvo, el PSOE ya venía trabajando en la propuesta de la ley de trata que el Ejecutivo quiere sacar adelante porque es uno de sus "compromisos".

Por otro lado, el presidente ha puntualizado que aunque la actual secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, firmó hace tres años un documento que defendía la regulación mercantil de la prostitución ello no supone que estuviera de acuerdo con su contenido.

Ha aclarado que se trataba de un trabajo académico de la Universidad Autónoma de Madrid en la que ella participaba como decana de la Facultad de Derecho, no era la ponente y el hecho de la firma "no significa que uno pueda de estar de acuerdo o no" con el ponente.

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