Más de la mitad de jueces y fiscales hacen huelga para exigir una justicia despolitizada y mejores condiciones

• Es la primera vez que convocan las siete asociaciones profesionales a la vez
• Más del 65% de los jueces y el 42% de fiscales la secundan, según sus datos
• Reclaman más independencia y mejor reparto de las cargas de trabajo
• El ministro Catalá afirma que no discute el "fondo" de sus reivindicaciones

Primera huelga convocada por las siete asociaciones de jueces y fiscales

Más del 65% de los jueces y el 52% de los fiscales del país han colgado este martes la toga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y la despolitización definitiva de la justicia en una huelga "histórica", a juicio de las asociaciones convocantes. El paro, el primero convocado conjuntamente por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales que hay en España, ha obligado a suspender miles de diligencias y vistas.

Después de más de un mes de movilizaciones, las siete asociaciones han ido de la mano en sus reivindicaciones en un paro secundado por 3.537 jueces y 1.297 fiscales, según los datos facilitados por las organizaciones y recogidos por Efe pasadas las seis de la tarde.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 2.916 jueces y magistrados han comunicado a las presidencias de sus respectivos Tribunales Superiores de justicia su decisión de sumarse a la huelga, el 55,6% del total (a falta de los datos de Asturias).

Un seguimiento que las asociaciones no dudan en calificar de "éxito" y que ha contado con el apoyo de todos los presidentes de los Tribunales Superiores de justicia que, pese a no haber secundado el paro por su "posición institucional", se han solidarizado con el sector y con sus "justas y legitimas reivindicaciones".

En la Audiencia Nacional han sido 8 jueces los que han participado en el paro de los 87 que hay en activo; y en el Tribunal Supremo aunque no ha hecho huelga ninguno de sus 79 miembros, una treintena de ellos han suscrito un comunicado de apoyo.

El CGPJ ha explicado en una nota que no le es posible ofrecer una cifra global del número de diligencias, vistas o señalamientos suspendidos al haber recibido "información parcial" sobre el asunto.

"Dejación y abandono" del servicio público

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han suscrito un comunicado conjunto en el que han justificado la huelga ante su "profundo malestar" con todos los responsables del sector, de los grupos parlamentarios al Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la "dejación y abandono" en el que se encuentra este servicio público.

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha resumido el sentir de las organizaciones profesionales al asegurar que lo que persiguen es "un cambio real para la mejora de la justicia, que sea la que los ciudadanos del siglo XXI requieren" y con los medios y recursos necesarios para garantizar la calidad.

Jueces y fiscales reclaman, entre otras cosas, unas cargas de trabajo saludables, más autonomía de la Fiscalía o independencia del Consejo General del Poder Judicial, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

Los magistrados también exigen el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte los fiscales piden la derogación del sistema de plazos de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

Adhesión de 30 magistrados del Supremo

Treinta magistrados del Tribunal Supremo -casi el 40% de sus 79 miembros- se han adherido a esas reivindicaciones a través de un comunicado hecho público con motivo de la huelga.

En esa nota, difundida por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, los magistrados manifiestan su "total apoyo" a la defensa de unas "justas peticiones" que reclaman "las imprescindibles reformas que necesita la Administración de justicia para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde".

"La garantía de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia para mejorar su calidad y eficacia, el incremento de las inversiones con el aumento de las plantillas de jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial resultan absolutamente imprescindibles", agregan.

A juicio de estos magistrados del Supremo, a esas medidas "debe sumarse la protección de los derechos profesionales de jueces y fiscales con la instauración de un sistema de cargas de trabajo razonable, así como la actualización y revisión de las retribuciones en cumplimiento del mandato previsto en la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal".

Catalá desmiente el boicot a la huelga

El titular de Justicia, Rafael Catalá, cuya dimisión han pedido en bloque las asociaciones, se ha dirigido a los medios al inicio de la jornada de huelga para dejar claro que el Gobierno no discute "el fondo" de las reivindicaciones de ambas carreras, sino que se trata de "una cuestión de tiempos" para sacarlas adelante.

El ministro ha recalcado que la mayoría de las demandas se han incluido ya en diversos proyectos de ley que se encuentran en tramitación parlamentaria y ha anunciado la convocatoria formal de la mesa de retribuciones que estudie el régimen salarial tras años sin cambios -una de sus principales reclamaciones-, previsiblemente para principios de junio, informa Efe.

Catalá ha desmentido además que exista un boicot contra la huelga ya que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio sino que compete al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de los datos recabados desde los tribunales superiores de justicia.

Responde así a las acusaciones planteadas por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria acerca de que el Ministerio de justicia estuvo la tarde del lunes llamando a los secretarios de gobierno para prohibirles verbalmente que faciliten a los Tribunales Superiores de justicia los datos de las actuaciones suspendidas para este martes, con el fin de "aminorar" los efectos de las mismas.