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La Guardia Civil registra la sede del Diplocat en Barcelona por los pagos a observadores internacionales del 1-O

  • El registro fue ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona
  • Buscaban documentación relacionada con la contratación de estos observadores
  • En el marco de la operación para saber si se malversó dinero público en el 1-O
  • Este viernes se cierra el Diplocat por la aplicación del artículo 155

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Registran el Diplocat en Barcelona por los pagos a observadores internacionales del 1-O

Agentes de la Guardia Civil han registrado este jueves la sede de Diplocat por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según informa L'Informatiu de TVE. Un registro que ha durado más de cinco horas para investivgar los preparativos del referéndum del 1-O en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los agentes de la Guardia Civil, que iban de paisano, han finalizado hacia las 14.30 horas el registro en la sede del Diplocat, situado en la Casa de les Punxes de la Diagonal de Barcelona, adonde habían llegado a primera hora de la mañana en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que en un informe de la Guardia Civil se estima que costó 119.700 euros.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene imputados a varios ex altos cargos del Govern por el 1-O, ha ordenado el registro de este jueves en el Diplocat, donde los agentes de la Guardia Civil tenían la autorización judicial para acceder a los ordenadores, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos para volcar su contenido, según las fuentes.

Tras efectuar el registro, los agentes han abandonado la sede del Diplocat, donde por la mañana había una quincena de trabajadores, con varias cajas.

Investigación para esclarecer si la Generalitat malversó fondos públicos

La operación policial se enmarca en la línea de investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referéndum.

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de esos observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los "estándares internacionales".

Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".

El viernes se clausura el Diplocat

El organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente este viernes, tal y como acordó el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una decisión que el Tribunal Supremo (TS) mantuvo después, pese a que había sido recurrida por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona.

El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende económicamente del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.

La aplicación del artículo 155 en Cataluña liquidó la estructura del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, una entidad público-privada al servicio de Generalitat de Cataluña para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional dirigida por el exconseller Raül Romeva, en prisión preventiva procesado por rebelión y malversación.

El Gobierno ordenó el cierre de las "embajadas" catalanas en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, excepto la oficina abierta ante la UE. Este organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente este viernes, según informa Efe.

Imputan a la jefa de los Mossos en la zona norte de Barcelona por el 1-O

Un juez de Sabadell (Barcelona) que investiga el papel de los Mossos d'Esquadra el 1-O ha acordado citar como investigada a la jefa de la Región Metropolitana Norte y ha requerido a la policía catalana que identifique los móviles que se facilitaron a algunos agentes para el día del referéndum.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona) requiere a los Mossos que identifiquen a la comisaria Cristina Manresa, jefa de la región policial Metropolitana Norte de Barcelona, y a su número dos, el intendente Xavier Creus, para poderles citar como investigados por un delito de desobediencia, a raíz de las declaraciones de varios testigos e imputados en la causa.

Además, el magistrado ha ordenado a los Mossos que acrediten la "preexistencia" de los móviles que, según declararon otros investigados en el procedimiento, fueron entregados a agentes de la policía catalana desplegados durante el 1-O, así como que acrediten su titularidad y qué teléfonos se entregaron a cada patrulla.

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