El Estado y Bankia asumirán unos 600 millones en indemnizaciones por la OPV de la entidad

• El Estado, que tiene el 100% de BFA, afrontaría unos 372 millones
• Los 228 millones de euros restantes deberán ser sufragados por Bankia

La sede de Bankia en Madrid.

El Estado, a través del holding BFA, y Bankia asumirán un coste de unos 600 millones de euros para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones de la entidad financiera en la oferta pública de venta (OPV) de 2011, han indicado a Europa Press fuentes al tanto de las negociaciones.

De esta cantidad, el Estado afrontaría unos 372 millones derivados de su participación del 100% en BFA, que controla actualmente el 62,5% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri.

El 37,5% restante -alrededor de 228 millones de euros- deberá ser sufragado por Bankia, cantidad que lleva implícita una contribución indirecta del Estado al ser accionista mayoritario de la entidad.

En total, se baraja una cifra tope de unos 600 millones para afrontar posibles litigios, que pueden multiplicarse después de que el informe de los peritos detectara irregularidades contables en la salida a Bolsa de la entidad.

En el pago de indemnizaciones se aplicará el concepto de primera pérdida, de modo que el que primero tenga que responder a los costes derivados del proceso deberá asumir hasta el porcentaje que le corresponda, mientras que el segundo responderá hasta alcanzar la cifra fijada como tope, han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía.

Bankia retrasó la publicación de los resultados de 2014

Frente a la tesis de algunos expertos de que Bankia es la que debería correr con el grueso del coste de las indemnizaciones, en las conversaciones entre el Gobierno, el FROB y Bankia ha pesado el hecho de tratarse de una entidad cotizada cuya acción podría acusar el golpe si se ve penalizada con nuevos cargos.

Este argumento cobra especial relevancia cuando el objetivo del FROB es seguir privatizando la entidad y maximizar los ingresos que obtenga de la venta de nuevos paquetes accionariales al objeto de devolver la mayor parte de las ayudas recibidas cuando se rescató la entidad para minimizar en lo posible el coste para el contribuyente.

El Gobierno, a través del FROB, estudia el mejor encaje jurídico a la hora de asignar el reparto de costes, con el fin de evitar que pueda ser fuente de problemas posteriores con otros organismos fiscalizadores.

Bankia aplazó el pasado viernes la publicación de sus cuentas anuales de 2014, prevista para el 2 de febrero, a la espera de la decisión del FROB sobre quién asumirá la compensación a los accionistas por las contingencias derivadas de su salida a Bolsa.