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613 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en los últimos diez años. Getty Images/iStockphoto THINKSTOCK

Ley integral contra la violencia de género: 10 años como norma "determinante" pero "insuficiente"

  • Gobierno, víctimas y profesionales consideran esta ley "un punto de inflexión"

  • Más de un millón de mujeres ha denunciado maltrato en estos diez años

  • El 80% no denuncia y un 40% de ellas ni siquiera se considera maltratada

  • Teléfono de atención a las víctimas de violencia de género: 016

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DATOS VIOLENCIA DE GÉNERO 2005-2014: 

-Mujeres fallecidas: 613

-Órdenes de protección adoptadas: 227.101

-Sentencias condenatorias: 264.080

-Contratos bonificados: 4.886

DENUNCIAS DESDE 2007 (primer año en el que se recogió el dato):

-Denuncias presentadas: 987.545

-Denuncias retiradas: 115.774

OTROS DATOS: 

-El 80% de las víctimas no denuncia

-El 40% ni siquiera es consciente de que es maltratada

-Existen en la actualidad 5.520 presos por violencia de género

-Llamadas al 016: 461.806 (desde 2006)

-El 70% de denuncias las presenta la propia víctima

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple el próximo mes de diciembre 10 años. Una ley que nació con el consenso de todo el arco parlamentario y con el principal objetivo de proteger a las víctimas de malos tratos, perseguir a los maltratadores, prevenir y erradicar este tipo de violencia y convertirla en un problema social.

El artículo I de la ley fue toda una declaración de intenciones: "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión".

En este décimo aniversario toca hacer balance de una ley que, según el Gobierno, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (CGPJ), las propias víctimas y los profesionales que las atienden marcó “un antes y un después”.

Una década en la que 613 mujeres han muerto a mano de sus parejas o exparejas (44 en lo que va de año) y en la que se han interpuesto más de un millón de denuncias (987.545 denuncias desde 2007, primer año en el que se refleja este dato en los boletines estadísticos judiciales), según datos del CGPJ y del Gobierno.

Desde 2005 hasta el primer semestre de este mismo año, se han dictado 227.101 órdenes de protección y 264.080 sentencias condenatorias.

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"Esta ley fue la toma de compromiso más seria de nuestro país con este problema. Por primera vez se consideró un problema de Estado y absolutamente todas las fuerzas políticas apostaron por su solución", asegura a RTVE.es la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández.

“Con la ley integral, este tipo de violencia se convierte en un problema social que se aborda de una forma multidisciplinar desde el punto de vista sanitario, educativo, judicial y policial. Pero no solo eso, se define en ese momento qué es violencia de género y se le da una visibilización”, afirma la presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género, Mª Ángeles Carmona.

Coinciden con este diagnóstico las asociaciones Pro Derechos de la Mujer MaltratadaMujeres Unidas por el MaltratoFundación Ana Bella. Red de Mujeres Supervivientes y Amnistía Internacional, que consideran la ley un “paso de gigante” y un “gran avance” en la protección a la mujer maltratada, además de las asociaciones Jueces para la DemocraciaMagistrados y Jueces Francisco de Vitoria y la Asociación de Fiscales, que destacan que se creó la "herramienta global" para afrontar el problema.

"La especialización de los juzgados fue esencial"

Al amparo de esta ley se crearon en 2005 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, una Delegación de Gobierno específica, un Observatorio Nacional y las unidades especializadas policiales. También se creó la figura del fiscal contra la violencia de género.

Además, se endurecieron las penas a los maltratadores, se estableció un programa de reinserción laboral y se incidió en la necesidad de educar a los niños en la igualdad para evitar estas conductas. La ley también posibilitó que las víctimas recibieran siempre apoyo legal y psicológico y que se establecieran protocolos de actuación sanitarios, jurídicos y policiales, antes inexistentes.

El magistrado del Juzgado de la Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, Francisco Javier Pérez-Olleros, destaca que la ley marcó la diferencia porque "estructuró la protección" y no solo supuso la creación de estos juzgados específicos, sino que conllevó la especialización de los Juzgados Penales y las Audiencias Provinciales que a partir de ese momento "fueron conocedores de las medidas de asistencia social, laboral y de apoyo económico en favor de las víctimas de violencia de género".

El juez pone de manifiesto la importancia de las modificaciones que se hicieron en el Código Penal, tipificando como delito las amenazas o coacciones leves sobre la pareja o expareja y agravando las penas en los delitos de lesiones y maltrato.

La fiscal Laura Pellón, de la Asociación de Fiscales, destaca la creación del fiscal contra la violencia de género. "Los que están adscritos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se dedican de forma específica a ello. Esta exclusividad hace que conozcan lo que rodea a este tipo de violencia de forma muy especializada", explica a RTVE.es.

¿Cómo mejorar la ley diez años después?

La opinión de todos los implicados es, por tanto, unánime: la ley fue un punto de inflexión en la lucha contra esta lacra social. Pero también coinciden en que diez años después no se han conseguido todos los objetivos iniciales y debe mejorarse, sobre todo, la protección a la víctimas y la prevención.

"Ahora debemos sentarnos y ver qué ha funcionado peor y mejor y debemos alcanzar el mismo consenso político que hace diez años", asegura la delegada del Gobierno.

Las asociaciones de víctimas insisten en las "deficiencias" en la protección a las mujeres que denuncian, en la “incorrecta aplicación” de las órdenes de alejamiento, en la falta de medios por parte de las administraciones y en la necesidad de "invertir en prevención".

También se quejan de que desde el inicio de la crisis "han mermado los recursos, lo que se traduce en una peor protección y atención global" y de una reducción "importante" de las órdenes de protección.

En el segundo trimestre de 2014 los jueces acordaron un total de 4.675 órdenes de protección, lo que supone el 55% de las solicitadas, según el Observatorio del CGPJ.

También se han reducido las sentencias condenatorias: si en 2006 lo eran el 73,6%, en este primer semestre se ha reducido al 66,2%.

Amnistía Internacional España denuncia la persistencia de obstáculos para denunciar, las deficiencias en las investigaciones de oficio, la falta de protección a la víctima y los todavía "prejuicios discriminatorios" en el sistema de justicia.

Modificaciones de la ley

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Mª Ángeles Carmona, asegura que es necesario modificar la ley para ampliar las medidas penales y civiles, establecer nuevos tipos penales como el acoso en el marco de la violencia de género, darle encaje legal a los dispositivos electrónicos (las pulseras GPS para los maltratadores), incluir el ciberacoso en la ley y mejorar las evaluaciones de riesgo policial, la primera medida que se toma nada más denunciar un caso de maltrato.

Por su parte, el juez Pérez-Olleros considera que hay que mejorar la gestión de los recursos existentes en el sistema de protección y aboga también por la reforma legislativa que mejore la ejecución de las penas y que clarifique el concepto de violencia de género sobre el que, explica, existen conflictos interpretativos entre las diversas Audiencias Provinciales, causando "inseguridad jurídica".

Este magistrado defiende además incluir en la legislación la Directiva de la Unión Europea de 2012, que puntualiza que la violencia por motivos de género en las relaciones personales también puede darse entre parejas homosexuales.

La delegada del Gobierno asegura que ya se están acometiendo modificaciones legales para mejorar la norma. Así, los Juzgados de Violencia de Género ya tienen competencias para proteger el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de la víctima y castigar el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento.

Explica, además, que se está trabajando ya para considerar a los hijos menores víctimas de violencia de género y para que la mujer que va a denunciar tenga asesoramiento legal previo a la denuncia, algo que consideran "imprescindible" para que el proceso termine con sentencia justa.

El 80% de las maltratadas no denuncia

Uno de los aspectos en los que coinciden todos los sectores implicados es en la necesidad de denunciar ante los primeros síntomas de maltrato, físico o psicológico.

“Hay que romper el silencio y entender que hay una alternativa a la muerte, que es la vida”, asegura a RTVE.es Ana Bella Estévez, presidenta de la Red de Mujeres Supervivientes y víctima de violencia de género, que dice, tajante: “No hay nada peor, absolutamente nada peor, que dormir cada día con quien te puede matar”.

“Es muy duro denunciar al hombre con el que te has casado, al padre de tus hijos, a alguien a quien has querido, pero hay que hacerlo. Es el primer paso para la salida del túnel. No hay otro”, explica Sagrario Mateo, presidenta de la asociación Pro Derechos de la Mujer Maltratada.

Desde Mujeres Unidas por el Maltrato lamentan que “el miedo, la dependencia económica y emocional o los hijos” sean motivo para no poner la denuncia.

Ir a la policía y denunciar es un acto heroico”, señala la presidenta del Observatorio Nacional contra la Violencia de Género, que apunta a que el 80% de las mujeres que sufren maltrato psicológico o físico no denuncia nunca. Según la Delegación de Gobierno un 40% de esas mujeres ni siquiera se considera maltratada. "Normalizan la situación, de ahí la importancia del asesoramiento", explica la delegada.

Y lo peor es que el número de denuncias baja año tras año y eso no significa una merma del problema. Así, el número se ha ido reduciendo desde 2008 de forma consecutiva todos los años hasta llegar a las 124.894 recogidas en 2013 (342 denuncias diarias). Durante el primer semestre de este año habían denunciado malos tratos 62.110 mujeres.

Desde el Observatorio ponen de manifiesto la importancia de la labor de los medios de comunicación para fomentar la denuncia. Su presidenta pone un ejemplo: "Desde que los medios decidieran citar siempre en sus noticias el teléfono de atención a las mujeres maltratadas (016) las llamadas aumentaron. Las últimas encuestas apuntan que el 86% de las mujeres identifica ese número con la violencia de género, lo que es todo un éxito".

El abogado de la Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato, Alberto Barquín, apunta a que el Gobierno debería incrementar las campañas de sensibilización social.

“De la misma manera que cada determinado tiempo vemos diferentes y efectivas campañas de tráfico de la DGT, este problema debería ser tratado con la misma intensidad. Hay que remover la conciencia no solo de la víctima maltratada, también del familiar, del vecino, de los que saben pero callan y miran para otro lado”, añade.

Desde el Gobierno, el Observatorio y las asociaciones muestran una gran preocupación por el repunte de las mujeres que se echan para atrás en el proceso penal, una vez que han decidido interponer la denuncia.

Más educación y prevención

Las asociaciones de mujeres maltratadas destacan por otro lado que es "imprescindible" poner el acento en la educación en valores de igualdad en la infancia y juventud, sobre todo, cuando numerosos estudios muestran la permisividad en las relaciones de adolescentes de conductas de riesgo relacionadas con el control, los celos y los estereotipos machistas.

El 62% de las jóvenes participantes en una encuesta recibe insultos de sus parejas por el móvil

La jueza Victoria Rosell, perteneciente a la Asociación Jueces para la Democracia, se queja de que el acento se ponga en la "represión penal", que considera "básica", y no en tratar de evitar en los más jóvenes comportamientos que pueden ser el inicio de una situación de violencia de género.

"Educando al niño evitamos castigar al adulto", coincide el juez Pérez-Olleros, que insiste en la educación en valores y en el aprendizaje de habilidades que impidan "dependencias emocionales" y mejoren la gestión de "conflictos interpersonales y afectivos".

En este sentido, la presidenta del Observatoria contra la Violencia de Género alerta de que las parejas muy jóvenes "en muchos casos, no tienen una percepción adecuada sobre lo que es violencia de género y eso hay que solucionarlo de forma urgente".

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