El Gobierno controlará más a los detectives y permitirá la vigilancia privada en prisiones

• El Consejo de Ministros aprueba la nueva ley de seguridad privada
• Pretende adaptar la norma anterior, de 1992, a los nuevos tiempos
• Quieren que la seguridad privada sea subordinada de la pública
• Objetivos: acabar con el intrusismo y garantizar derechos fundamentales

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de la nueva Ley de seguridad privada

El Gobierno aumentará el control de los detectives y permitirá la vigilancia privada del perímetro de las cárceles, según se contempla en el anteproyecto de nueva ley de seguridad privada, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.

La nueva norma será más estricta y rigurosa con las compañías de ese sector, especialmente con las de detectives, que estarán obligados a dar cuenta al Ministerio del Interior de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos.

Según el borrador del anteproyecto de ley, la nueva normativa actualizará la vigente, que data de 1992, con el fin de adaptarla a los nuevos tiempos de un sector de 1.500 empresas y que factura más de 3.600 millones de euros al año, tal y como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Objetivos

La nueva norma pretende regular el sector de manera integral para que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública.

Acabar con el intrusismo -que se sancionará hasta con el cierre de las empresas que infrinjan la normativa- y garantizar que la actividad de los detectives no vulneren los derechos fundamentales son otros de los objetivos de la futura ley, explicada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Además, el ministro ha destacado que la reforma regulará nuevos servicios surgidos en los últimos años, como la videovigilancia en inmuebles, en urbanizaciones o la vigilancia perimetral de las prisiones. Respecto a este último punto, Fernández Díaz ha explicado que Cataluña había pedido autorizar este servicio en las prisiones, algo que hará el Ejecutivo y permitirá que pueda extenderse al resto del país "si es necesario".

Más control en el sector

Las compañías que se dediquen a este sector tendrán también que estar inscritas en el Registro Nacional del Sector Privado y tendrán que presentar una memoria anual de actividades.

El anteproyecto también establece que las agencias de detectives privados tendrán la obligación de destruir las imágenes captadas en sus trabajos después de un año salvo en los casos que estén inmersas en investigaciones judiciales.

Además se les obligará a documentar por escrito los encargos que realicen en sus investigaciones detallando la identidad y los medios utilizados. El ministro ha dicho que esos datos serán de carácter reservado, pero que se podrán poner a disposición de los órganos judiciales y policiales "cuando haya razón para ello".

Asimismo, estas empresas tendrán que presentar una memoria ante el Ministerio del Interior una vez al año y se incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones.

"Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un años después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", ha explicado Fernández Díaz.