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Hollande presenta su reforma laboral, la primera planteada en Francia en 30 años

  • El proyecto de ley se basa en un acuerdo entre tres sindicatos y la patronal
  • Dos sindicatos mayoritarios la rechazan y avisan que precarizará el empleo
  • El texto pasará por el Parlamento y entrará en vigor, previsiblemente, en mayo
  • Penaliza los contratos temporales y concede más flexibilidad a las empresas

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Hollande presenta su reforma laboral, la primera planteada en Francia en 30 años

Después de 21 meses consecutivos de subida del desempleo en Francia y a punto de alcanzar los 3,2 millones de parados, el presidente Hollande quiere demostrar su determinación en la lucha por el empleo. El Consejo de Ministros galo ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la primera reforma laboral en el país desde el intento frustrado de 1984.

El texto que presenta el Gobierno se basa en el acuerdo firmado el pasado 11 de enero por la patronal y tres de los cinco sindicatos franceses (los cristianodemócratas CFDT y CFTC, y la confederación de directivos CFE-CGC).

La CGT y Force Ouvrière – primera y tercera central sindical, respectivamente- rechazaron el pacto y han promovido numerosas protestas contra unas medidas que –advierten- precarizarán el empleo.

Mientras, el apoyo al acuerdo de los tres sindicatos firmantes ha derivado en fuertes divisiones internas. Lo mismo ocurre dentro del Partido Socialista gobernante, donde el ala más izquierdista considera que el proyecto de ley es demasiado favorable a la patronal y quiere corregirlo mediante enmiendas. Según las previsiones, el trámite parlamentario concluirá con la aprobación en la Asamblea Francesa a principios de abril, con lo que la ley podría entrar en vigor en mayo.

A continuación, se resumen algunas de las novedades de la reforma.

Generalización de la cobertura sanitaria

Todos los asalariados tendrán que tener desde el 1 de enero de 2016 una cobertura sanitaria complementaria a la de la Seguridad Social y pagada por su patrón.

Esto permitirá que cuatro millones de empleados se acojan a pólizas colectivas, cuatro veces más baratas que las individuales que pagaban hasta ahora sin ayuda de la empresa, según destaca el diputado socialista encargado de redactar el texto de la ley definitiva, Jean-Marc Germain.

Los trabajadores que abandonen una empresa y se conviertan en parados se beneficiarán de esa cobertura complementaria durante el año posterior a su salida.

Cuenta personal de formación

Cada asalariado tendrá una especie de cuenta en la que se apuntarán las horas de formación a las que tiene derecho en caso de que se quede en paro. Cada año, se añadirán 20 horas a esa cuenta hasta alcanzar el tope de 120 horas.

Este punto se desarrollará de forma más amplia en una nueva ley específica sobre formación de los parados, que debe negociarse con las regiones y que pretende aprobarse antes del verano.

Acumulación de los derechos a prestaciones por desempleo

Es lo que se ha bautizado en Francia como “derechos recargables”: se permitirá que los parados que encuentren empleo conserven la parte de la prestación que le correspondía por sus empleos anteriores y que no haya consumido.

Ese derecho a la prestación que no se ha cobrado podrá sumarse –en su totalidad o en parte- a los que se generen en el nuevo puesto de trabajo.

Concreción del contrato a tiempo parcial

El proyecto de ley concreta que no se podrán establecer contratos a tiempo parcial por menos de 24 horas semanales, salvo para estudiantes menores de 26 años. Las horas extra en estos contratos se tendrán que pagar con un 10% de recargo.

Penalización de los contratos temporales

A partir del 1 de julio de este año, los empresarios pagarán más por los contratos temporales para favorecer así la contratación indefinida.

Según figura en el proyecto de ley, esa cotización extra será del 3% para los contratos de menos de un mes de duración, 1,5% para los que duren entre uno y tres meses y 0,5% para los que superen los tres meses de duración.

Mayor flexibilidad de horarios y salarios

“En caso de graves problemas económicos coyunturales”, las empresas podrán negociar acuerdos para el mantenimiento del empleo que incluyan bajadas de salarios y modificaciones de jornada. Estos planes tendrán que ser aprobados por más del 50% de la plantilla y, como máximo, podrán aplicarse durante dos años.

Las bajadas de sueldo no podrán afectar a los asalariados que cobren menos de 1,2 veces el salario mínimo.

Si un trabajador rechaza esos acuerdos podrá ser despedido por motivos económicos.

Se modifica el proceso de puesta en marcha de planes sociales, los denominados “planes de conservación del empleo”, que modifican las condiciones laborales de sus empleados a cambio de mantener el grueso de los puestos de trabajo. A partir de la nueva ley, se necesitará el apoyo mayoritario de la plantilla (si se ha negociado con sus sindicatos) o la autorización de la administración (si se trata de un plan unilateral). Hasta ahora, la empresa los imponía de forma unilateral.

Más movilidad interna en las empresas

Se facilitará la movilidad interna en las empresas. Aunque el texto no concreta aún límites geográficos a esa movilidad, Germain ya ha adelantado que se fijarán limitaciones, porque “no es lo mismo trasladar a alguien dentro de la Región de París que pedir a un empleado de Dunkerque que vaya a trabajar a Perpiñán”.

Si el trabajador rechaza los traslados negociados de forma colectiva, podrá ser “reclasificado”. Esto modifica el acuerdo entre sindicatos y patronal, según recuerda el diputado socialista, ya que preveía algo contrario a las normas internacionales: que quien rechazara un traslado previsto en un acuerdo colectivo pudiera ser despedido.

Además, las empresas estarán obligadas a negociar un nuevo convenio colectivo cada tres años.

Nuevo período de excedencia

Se crea el denominado “período de movilidad externa asegurada”, una especie de excedencia que permitirá a cualquier empleado -con un mínimo de dos años de antigüedad en una empresa con más de 300 trabajadores- poder abandonarla temporalmente para trabajar fuera.

Si regresa, el trabajador tendrá derecho a que se le asigne un puesto similar al que tenía cuando se marchó.

Representación de los trabajadores en los consejos de administración

Los asalariados tendrán representantes en los consejos de administración de las grandes empresas, a las que se da dos años para que apliquen esta medida.

Todas las compañías con más de 5.000 trabajadores en Francia –o más de 10.000 empleados en todo el mundo- tendrán que incluir en su órgano de dirección a uno o dos empleados, que dispondrán de voz, pero no de derecho a voto.

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