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La normativa legal hace agua con las redes sociales

  • Denunciar una difamación en twitter es más un acto simbólico que efectivo
  • Alistair McAlpine fue relacionado con abusos por una información falsa
  • "La responsabilidad de los tuits no se encuentra ni por asomo en la ley"

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Tuiteros que se hacen eco de noticias que luego resultan ser falsas, blogueros que se apropian de la cabecera de un medio de comunicación o internautas que suplantan la personalidad de un personaje público en un perfil de una red social. Son situaciones cada vez más frecuentes en el mundo 'online', a las que no es fácil responder con la actual legislación.

Los expertos consultados por Efe coinciden en que la responsabilidad se tiene que determinar de acuerdo a una normativa pensada para el nuevo medio.
"Con la actual regulación, lo que hace agua no son las redes sociales, sino la regulación", asegura a Efe Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en internet y redes sociales.

Precisamente la responsabilidad de los titueros está esta semana en el punto de mira. Por primera vez, alguien ha decidido presentar batalla a miles de autores de esos mensajes de 140 caracteres para que paguen una compensación por haberle difamado.

La víctima, el británico Alistair McAlpine, ex asesor de Margaret Thatcher, quien vio circular su nombre por internet después de que por error un programa de la BBC sobre abusos de menores en un hogar de acogida en Gales apuntara hacia él.

Miles de tuiters le identificaron erróneamente como el responsable de esos abusos y ahora este lord pretende que los titulares de esas cuentas de Twitter lo paguen.

Una acción más simbólica que efectiva

Los expertos consultados por Efe coinciden en afirmar que una acción de ese tipo es más simbólica que realmente efectiva. Desde luego en España sería difícil que prosperase.

Y es que "la responsabilidad de los tuits no se encuentra ni por asomo en la legislación, ni siquiera de manera tangencial", señala el también abogado Alejandro Touriño.

No existe ninguna resolución en España que haga referencia a la responsabilidad del tuitero. Este responsable del área de tecnologías de la información de ÉCIJA Abogados recuerda que derecho y tecnología muchas veces van por caminos separados.

Para Sánchez Almeida, pretender una demanda masiva contra los tuiteros es un planteamiento "absolutamente erróneo, porque hay que diferenciar entre quién genera una información de quién la cita".

Una persecución "imposible"

Insiste en que "no se puede perseguir a todo aquél que se limita a retuitear lo que dice otro, a menos que se regule expresamente". En todo caso, "habría que hacerlo con muchísima prudencia porque podríamos criminalizar a toda la sociedad".

Este jurista insiste en que con la actual legislación española, una persecución masiva a tuiteros es imposible.

En nuestro ordenamiento jurídico para que se considere que un comentario es injuria o calumnia tiene que existir lo que se denomina el ánimo de injuriar, es decir, la intención de faltar a la verdad.

Este es otro de los problemas que existen a la hora de determinar si ha habido infracción o no en el mundo virtual. Muchas veces, la intencionalidad no está clara, porque los autores del tuit o del blog se protegen bajo el paraguas de la broma o la ironía.

Y mientras las nuevas tecnologías avanzan, el legislador sigue anclado en una normativa que no es útil ni aplicable a la nueva realidad social.

La única solución, según Sánchez Almeida, es "adaptar la legislación y que quede meridianamente claro qué es lícito y qué no lo es".

El legislador que piensa en formas de control de la información o de control social basadas en estructuras jerárquicas "se va a dar de bofetadas con el mundo globalizado", asegura este abogado. Por ello, "hay que ir a una regulación internacional en todo esto".

En este sentido, Touriño precisa que "el problema que nos encontramos es que las legislaciones son locales, mientras que internet tiene un carácter global".

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