Zarrías asegura que "nunca nadie" le alertó de ilegalidades en las ayudas de los ERE

• El exconsejero ha negado conocer el procedimiento de las ayudas
• La consejera de Hacienda apunta a Empleo como responsable
• Este jueves comparecen los exministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana
• En el caso hay 60 imputados, de los que seis son ex altos cargos de la Junta

La consejera de Hacienda y el exconsejero de la Presidencia andaluza niegan cualquier responsabilidad en el caso de los ERE

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar  Zarrías ha afirmado este miércoles que "nunca nadie" ni de manera  individual ni colectiva le hizo saber que el procedimiento por el que  se gestionaba el fondo 31L tuviera visos de ilegalidad, al tiempo que  ha señalado que de haberlo sabido "hubiera puesto en marcha los  mecanismos existentes para reconducir la situación".

En la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz  sobre las expedientes de regulación de empleo  (ERE) irregulares tramitados por la Administración andaluza, el que fuera  consejero de Presidencia entre 1996 y 2009 ha destacado que "nunca  nadie cuestionó lo que se hizo, es más, se pedía más y nadie en ningún  momento comentó en esta Cámara, donde hubo centenares de debates, lo  que se estaba haciendo".

De esta manera, ha asegurado que la decisión política del Gobierno  en una situación de crisis económica fue "correcta" para poner en  marcha estas ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas, pero,  si bien, "alguien ha podido hacer un uso ilegal del procedimiento" y  si eso era así que "caiga sobre él todo el peso de la Ley".

Asimismo, Zarrías ha señalado que desconocía el convenio marco que  regulaba este procedimiento,  aunque "sí sabía que había una partida  presupuestaria y que la Consejería de Empleo era la encargada de  abordar estas cuestiones". "No sabía si era un convenio o cualquier  fórmula jurídica", ha subrayado.

De igual manera, el que fuera alto cargo andaluz ha apuntado que  este convenio "no se vio ni se aprobó en la comisión general de  viceconsejeros --'consejillos'-- ni por el Consejo de Gobierno".

Responde a las preguntas de los tres grupos

Tras realizar un recorrido sobre su acción política durante el  periodo 2001 y 2010, en su primera intervención de algo más de diez  minutos, Zarrías ha respondido las preguntas de los tres grupos.

Así, a preguntas de la portavoz de IULV-CA Alba Doblas, ha  apuntado que en el periodo que se analiza surgieron una serie de  problemas que afectaban a sectores estratégicos, territorios amplios  y centenares de trabajadores, por lo que la "decisión política fue  correcta".

"Se decide no mirar hacia otro lado, los gobiernos en los que yo  he formado parte no han sido sordos ni ciegos,  han escuchado al  Parlamento y a los diferentes interlocutores y pusieron en marcha el  mecanismo para un objetivo, ayudar a trabajadores y empresas", ha  subrayado. En este sentido, ha apuntado que la Consejería de Empleo y  Desarrollo Tecnológico era la competente en la materialización de  estas medidas.

Al hilo de esto, Doblas le ha cuestionado sobre en qué momento se  decidió cambiar el criterio y "pasar de ayudar a empresas con  centenares de trabajadores a empresas que, en algunos casos, no se  llegaron a materializar". En este punto, Zarrías ha dicho no tener  "ni la más remota idea" y ha recordado que el procedimiento dependía  de la Consejería de Empleo.

Preguntado sobre si no llamaron la atención en los llamados  'consejillos' las continuas modificaciones presupuestarias del fondo  31L, Zarrías se ha mostrado "convencido" de que cualquier  modificación tenía los informes correspondientes con la Ley de  Hacienda, además de asegurar que esos incrementos se "planteaban en  el Parlamento".

Además, más adelante ha señalado, en respuesta al PP-A, que nunca  lo comentó con el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el  entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán porque  "las modificaciones de crédito que llegaban al Consejo de Gobierno  llevaban informes vinculantes, preceptivos, que no tenían tacha de  ilegalidad".

Sobre este asunto, Zarrías también ha defendido que "conociendo la  integridad de Chaves y Griñán no le cabe la menor duda de que esta  situación se trata de un comportamiento individual deleznable de  confirmarse en el proceso judicial abierto". 

Zarrías también ha señalado que era interlocutor para que la  Consejería correspondiente pudiera abordar la solución del problema,  pero ha negado que estuviera en ninguna reunión de carácter técnico  para analizar las situaciones de las empresas.

Asimismo, ha negado que haya despachado asuntos con la Dirección  General de otra Consejería porque "cuando había alguna reunión de  coordinación era con los consejeros o viceconsejeros". En este punto  ha insistido, además, en que su relación personal con el exdirector  de Trabajo Francisco Javier Guerrero era "inexistente".

Preguntado sobre su relación con el exsindicalista y conseguidor   Juan Lanzas, el exconsejero ha señalado que lo conocía por ser  secretario general de la Federación de Alimentación de UGT-A, si bien  ha asegurado que "aparte de esto, se acaba mi relación y hace cuatro  o cinco años que no he tenido ninguna con él". No obstante, ha  indicado que de confirmarse lo publicado sobre Lanzas se trata de un  comportamiento "deleznable".  

Conoció el convenio por los medios

Por su parte, el portavoz del PSOE-A Enrique Javier Benítez ha  profundizado sobre la información que tenía Zarrías sobre el convenio  marco que sustentaba el fondo de ayudas sociolaborales a trabajadores  y empresas. El exconsejero tras explicar qué asuntos se elevan al  Consejo de Gobierno ha asegurado que "los convenios no se aprobaban  en el 'consejillo' y que ni el consejo ni el 'consejillo' vieron ni  aprobaron ese convenio". Es más, ha afirmado que ha tenido  conocimiento del mismo "cuando se ha conocido la situación en los  medios".

A preguntas del portavoz del PP-A Carlos Rojas sobre el sustento  normativo del procedimiento para otorgar estas ayudas, Zarrías ha  dicho desconocerlo. "Desconocía el convenio, aunque sí sabía  perfectamente que había partidas con esta finalidad. No era un tema  de mi competencia y desconocía la articulación del procedimiento", ha  subrayado.

Cuestionado sobre por qué no preguntó sobre este procedimiento, el  exconsejero ha aludido a que existen "unos cien procedimientos en la  Junta y, hasta que esto no surgió, éste era uno más". Asimismo, ha  dicho que desconocía que estas ayudas no se publicaran en el Boletín  Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y "en ningún momento nadie,  ni empresa ni grupo parlamentario, lo puso de manifiesto".

Por último, ya en el último turno, Zarrías ha defendido la  legalidad del programa de ayudas sociolaborales a trabajadores y  empresas y ha señalado que "si ha habido un uso ilegal del mismo, que  la Justicia caiga sobre él".

La exconsejera de Economía apunta a Empleo

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta,  Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado este miércoles ante la comisión que era la  Consejería de Empleo y no la de Economía y Hacienda, --de la que ella  fue viceconsejera entre 2004 y 2009--, la que tenía que actuar ante  los informes emitidos por la Intervención General de la Junta, en  relación a posibles irregularidades en el procedimiento de concesión  de ayudas a trabajadores y empresas en crisis.

Martínez Aguayo ha reconocido sin embargo que la gestión de las ayudas fue "controvertida". Durante su intervención, Martínez Aguayo ha recordado que el  exinterventor de la Junta Manuel Gómez aseguraba este martes en esta  misma comisión que Hacienda "no tenía obligación de nada".

"Ni de los informes se deriva acción concreta, ni se requirió  acción específica, ni la ley le atribuye esta competencia a la  Consejería de Hacienda, ya que es la consejería competente,  (refiriéndose a la de Empleo), la que tenía que desarrollar  acciones", ha apuntado Martínez Aguayo, quien ha insistido en que "el  órgano destinatario de los informes de Intervención era Empleo".

Asimismo, la consejera ha dicho comprender la "insatisfacción"  existente sobre el sistema de controles, si bien ha querido dejar  claro que si la Intervención hubiera detectado fraude o menoscabo de  fondos públicos "se hubiera instado a una actuación más contundente,  con la misma contundencia que ha actuado la Junta cuando se han  conocido los hechos fraudulentos".

Juan Ignacio Zoido, actual presidente del PP-A y alcalde de Sevilla, que fue delegado del gobierno   en Andalucía entre 2002 y 2004, cerrará las comparecencias de este  miércoles para explicar las ayudas en  el ERE iniciado en 2002 para los  mineros de la faja pirítica de Huelva.

Comparecencias de exministros y máximos responsables de la Junta

El actual presidente de los populares andaluces será el primer dirigente del PP que comparezca ante la comisión, cuya ronda de comparecencias finaliza el viernes con las del expresidente andaluz Manuel Chaves y la del actual titular de la Junta, José Antonio Griñan. Antes, el jueves están previstas las de los exministros con gobiernos del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana.

Tras casi dos semanas de trabajos, los diputados que integran la comisión, pertenecientes a las tres fuerzas políticas representadas en el parlamento andaluz (PP, PSOE e IU) han podido plantear sus preguntas a una veintena de comparecientes en su mayoría ex altos cargos de la administración autonómica.

Entre los que ya han acudido a la cita de la comisión se encuentran dos de los principales imputados por la juez que instruye diligencias por este caso: el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que quedó en libertad bajo fianza hace dos semanas.