Hollande mantiene las expulsiones de gitanos pero suaviza la presión sobre ellos

• El Gobierno francés insiste en que sólo se llevarán a cabo con orden judicial
• Se ha comprometido a dar una "respuesta global" a las familias afectadas

El Gobierno galo ha informado este miércoles de que no va a renunciar a las expulsiones de gitanos y a los desmantelamientos de sus campamentos cuando vayan acompañados de una orden judicial, pero ha decidido suavizar la presión que pesa sobre ese colectivo.

El gabinete del primer ministro, Jean-Marc Ayrault, ha indicado en un comunicado que en la reunión interministerial mantenida al respecto se ha dejado claro que esas operaciones son "legítimas" cuando responden a una decisión de la Justicia o ponen fin a una situación "de peligro o riesgo sanitario inmediato".

El Ejecutivo, no obstante, se ha comprometido a aportar en colaboración con las colectividades locales y las asociaciones de derechos humanos una "respuesta global" y adaptada a la situación de las personas y familias afectadas.

Tras el encuentro, precedido por una reunión con el colectivo Romeurope, se ha anunciado que se busca además la movilización de los dispositivos existentes para atender a las personas más vulnerables y eventualmente aplicar estructuras de acogida provisionales.

Las organizaciones humanitarias esperaban principalmente de esta cita el levantamiento de las medidas transitorias que según ellas limitan el acceso de ese colectivo al mercado laboral, al obligar a la empresa a pagar una tasa de 700 euros y limitar la lista de trabajos a los que pueden acceder.

El Gobierno no ha tomado esa decisión, pero sí ha anunciado que para favorecer la inserción de los ciudadanos procedentes de Bulgaria y Rumanía, de donde son la mayoría de los gitanos de Francia, ampliará el actual listado de 150 empleos y suprimirá la citada tasa.

Una estancia máxima de tres meses si no tienen documentos

Durante la vigencia de esas medidas transitorias que se aplican a los nuevos miembros de la UE, fijadas en este caso hasta finales de 2013, rumanos y búlgaros pueden entrar sin requisitos y permanecer tres meses, pero a partir de entonces se les puede expulsar si carecen de una tarjeta de residencia que solo se logra con un contrato de trabajo.

El Ejecutivo ha señalado que, tras discutirlo con los Estados implicados, examinará la posibilidad de eliminar esas medidas de manera anticipada, y ha añadido que desea entablar negociaciones con esos países para abordar las iniciativas que favorezcan "proyectos de vida e inserción" de esas poblaciones en sus respectivos países.

En esa línea, según el comunicado, pedirá a la presidencia chipriota que en el próximo Consejo de la Unión Europea esa cuestión se inscriba en el orden del día.