El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que no ha habido "ninguna cesión" a la banda terrorista ETA en la concesión del tercer grado al preso etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, y ha subrayado que esta decisión se ha tomado "siempre de acuerdo con la ley".
En declaraciones a EFE, Floriano ha defendido así la decisión tomada esta tarde por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el caso de este terrorista enfermo de cáncer, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara.
Lo que ha hecho el Gobierno, ha dicho Floriano, es "cumplir la ley", y no ha habido "cesión a nadie", sino "el estricto cumplimiento del Estado de derecho, que prevé y deja abierta esta posibilidad".
El dirigente popular ha respondido así a las críticas que han hecho tras conocer la noticia las asociaciones de víctimas, que han visto en este tercer grado penitenciario una cesión a ETA y una victoria de la banda terrorista.
Tras recordar que el PP también ha sido víctima del terrorismo, Floriano ha subrayado que su partido "siempre ha defendido la estricta aplicación de la ley en todos los casos y en todo lo que es la lucha antiterrorista".
Además ha insistido en que los populares mantienen el mismo planteamiento hacia ETA: exigiendo la disolución de la banda, que pida perdón a las víctimas y que entregue las armas.
Sin olvidar la "gravedad" de los delitos cometidos por Uribetxebarria Bolinaga, Floriano ha señalado que también es cierta la gravedad de la enfermedad del preso y su previsible evolución, lo que "anula el riesgo de reincidencia y fuga".
Además ha recordado que en su resolución, Instituciones Penitenciarias advierte de que el preso debe cumplir determinadas reglas de conducta si queda en libertad condicional, como alejarse de las víctimas, no participar en actos de apoyo a ETA y no ausentarse de su lugar de residencia.
Dichas condiciones ponen de manifiesto, según el vicesecretario de Organización del PP, que el Gobierno es consciente de la "crueldad con la que este sujeto se comportó durante su vida" pero al mismo tiempo atiende a las "razones humanitarias" que le permiten legalmente tomar esta decisión.
Entre las críticas, las de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha señalado al respecto que las víctimas también tendrán que ponerse en huelga de hambre para conseguir algo.
"Está claro que aquí para conseguir algo tienes que armar jaleo como ponerte en huelga de hambre", ha dicho Pedraza, quien ha insistido en subrayar que las víctimas del terrorismo se tendrán que plantear si tienen que iniciar una medida de ese tipo.
"Sabemos que hay que aplicar la ley", ha señalado la presidenta de la AVT, pero ha considerado que la concesión del tercer grado a uno de los condenados por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara supone "la cesión del Gobierno al chantaje de ETA".
También el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ha lamentado que el Gobierno haya hecho "una cesión más" a ETA con la concesión del tercer grado a Uribetxebarria que, en su opinión, servirá de base para la excarcelación de otros reclusos.
Según el presidente de Voces contra el Terrorismo, esta decisión no puede valorarse "aisladamente", sino que se enmarca "dentro del proceso de negociación" entre el Ejecutivo y la banda terrorista y la atribuye a la "tremenda presión" que tiene el Gobierno por parte de ETA "y su entorno político".
Asimismo para el presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, Daniel Portero, la concesión del tercer grado penitenciario a Uribetxebarria supone un "error" y ha recordado que existen muchos presos comunes en la misma situación a los que no se trata igual "porque no tienen la suficiente presión para hacer lo que hace la izquierda abertzale".
"Me da igual el tópico de que hay que aplicar la Ley y el Reglamento- afirma Portero-. Muchos presos comunes han tenido situaciones similares y no les han sido concedido el tercer grado y por el hecho de no tener un 'lobby', por ser presos comunes, no tienen la suficiente presión para hacer lo que hace la izquierda abertzale, lo que supone fracaso absoluto de la democracia".
La presidenta del Foro Ermua, Inma Castilla de Cortázar, ha calificado de "extremedamente lamentable" la decisión de Instituciones Penitenciarias. Castilla de Cortázar dijo que "resulta extremadamente lamentable que el PP haya asumido todos los acuerdos con ETA para contentar a la banda terrorista en política penitenciaria".
A su juicio, la concesión del tercer grado a Uribetxeberria constituye "un eslabón más de lo que se acordado con ETA" y supone "que el Estado de Derecho haya accedido al chantaje de ETA".
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha respaldado este viernes la concesión del tercer grado al etarra enfermo de cáncer, y ha reafirmado la lealtad de su partido con la política penitenciaria del Gobierno.
Según ha enfatizado, las políticas antiterrorista y penitenciaria son competencia del Ejecutivo de España y el PSOE siempre ha sido "coherente" en esta materia y ha defendido la unidad de los demócratas frente a ETA, tanto cuando estaba en el Gobierno como en la oposición.
En virtud de esa coherencia, ha garantizado que los socialistas van a estar "siempre" detrás del Gobierno en esta materia: "Apoyamos al Gobierno en las decisiones que tenga que tomar en materia de política penitenciaria en aplicación de la Justicia, claro", ha apostillado.
Y lo hará pese a que, según ha matizado, el PP tuvo periodos en la oposición en los que no fue leal con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su política en materia de lucha antiterrorista.
La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, ha criticado la concesión del tercer grado penitenciario a Iosu Uruibetxebarria Bolinaga, y cree que es una "mala decisión" dado el contexto de "chantaje" de los presos de ETA. A su juicio, el Gobierno ha seguido "el guión marcado por los enemigos del Estado de Derecho".
Rosa Díez ha indicado que la ley penitenciaria, a la que ahora apela el Gobierno del PP, siempre admite varias interpretaciones y cree que se debía haber tenido en cuenta el contexto de "presión" promovido por el entorno de ETA y que se podía haber exigido al recluso que cesara la huelga de hambre.
la líder de la formación magenta considera que al final el Ministerio del Interior ha seguido "el guión" escrito por "los enemigos del Estado de Derecho" y estos presentarán la excarcelación como un triunfo. "Es una mala decisión y me preocupa que se vea de esa manera", se ha lamentado.
El presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar, ha asegurado que la concesión del tercer grado es "de justicia", a la vez que ha lamentado "el circo mediático" creado en torno a un asunto que "debiera ser la pura aplicación de la política penitenciara" y de "un mínimo de ética y de justicia humanizada".
Ortuzar ha manifestado su satisfacción por el cumplimiento de la legalidad, en un asunto que "se estaba politizando y convirtiendo en una polémica estéril". "Nosotros siempre hemos abogado por que se tratara este tema como se aborda en cualquier otro caso, sin ninguna excepcionalidad", ha dicho.
Para el líder nacionalista, "parecía de justicia" la concesión del tercer grado y excarcelación a un recluso "en esa situación médica". Ortuzar se ha referido a la posibilidad de que el caso de este recluso pueda servir de reivindicación para otras situaciones similares en el colectivo de presos de ETA. "Si cumplen los parámetros que indica la ley y si, desgraciadamente, tienen esas situaciones médicas, enfermedades o dolencia, lo lógico es que se les aplique la ley", ha defendido.
En su opinión, "lo mismo que se aplicó la legalidad con todo el rigor cuando se les condenó, se les debe aplicar, si cumplen esos parámetros, también de manea rigurosa y sin ningún tipo de excepcionalidad".
En este mismo sentido se ha mostrado el Ejecutivo vasco. El Gobierno vasco ha manifestado su convicción de que la decisión adoptado por el Ejecutivo central respecto a la situación del preso de ETA Josu Uribetxebarria era una cuestión "reglada, que se ha atenido a lo que marca la ley".", por lo que la izquierda abertzale "podía haberse ahorrado el espectáculo" de los últimos días.
Por esta causa, ha manifestado su convicción de que "Uribetxebarria podía haberse ahorrado la huelga de hambre, y la izquierda abertzale se podía haber ahorrado el espectáculo montado alrededor de este episodio".
Para la Presidencia del Ejecutivo autónomo, la IA "sabía perfectamente que se iba a cumplir lo que dice la ley", como así había garantizado el Gobierno.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha afirmado este viernes que el Gobierno ha generado dudas sobre la situación del preso etarra enfermo grave de cáncer, cuando la ley penitenciaria es "bastante clara" para este tipo de casos.
"Con la legislación penitenciaria en la mano estaba claro que se debía conceder al preso el tercer grado, ya que los informes médicos explican de manera manifiesta que padece una enfermedad terminal y por tanto debe aplicársele la referida legislación", según Bosch.
El portavoz de JpD ha destacado que "no resulta comprensible que el Gobierno, a pesar de que conocía la situación de salud del recluso, haya estado paralizando o generando dudas sobre esta situación" que, a su entender, ha generado "una polémica innecesaria desde el punto de vista político", cuando la situación jurídica establecida en la ley penitenciaria es "bastante clara".
"El Estado de derecho se hace más fuerte cuando, a pesar de la repulsa que merecen los actos cometidos por este preso, se aplica la ley penitenciaria sin ningún tipo de distinción", ha subrayado.
El abogado sudafricado Brian Currin que puso en marcha el Grupo de Contacto Internacional para facilitar un proceso de pacificación en el País Vasco ha instado al Gobierno español a dar "pasos significativos" a favor de los presos de ETA como la liberación de todos los presos enfermos terminales.
"Nuestra posición es que se deben dar pasos significativos en relación con los presos. Hablamos de presos que están enfermos, que en primer lugar deben ser transferidos a País Vasco y si son enfermos terminales deben ser liberados por motivos humanitarios", ha explicado.
Currin ha saludado la decisión de Instituciones Penitenciarias para conceder el tercer grado penitenciario para el secuestrador de Ortega Lara por "razones humanitarias" pese a reconocer "la entidad de los delitos cometidos" tras estudiar la propuesta a favor de su concesión elaborada por unanimidad este mismo viernes por la Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa de Zaballa atendiendo a la salud del etarra.
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