Amnistía Internacional (AI) reclama "una acción internacional que detenga la creciente violencia contra los civiles" en Siria. Así lo ha manifestado la organización en un informe --titulado Deadly Reprisals (Represalias mortales)-- en el que aporta nuevas pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad por parte del régimen de Bachar al Asad.
El informe acusa a las autoridades sirias de orquestar una política dirigida a vengarse de las comunidades que apoyan a la oposición y a intimidar a sus habitantes. "Estas alarmantes pruebas de una secuencia organizada de abusos resaltan la necesidad de una acción internacional decisiva para frenar la creciente oleada de ataques contra la población civil, incluidos crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos por fuerzas gubernamentales y milicias con impunidad total", señala Donatella Rovera, asesora de AI.
Pese a no contar con el permiso gubernamental, la organización visitó entre abril y mayo 23 ciudades y pueblos en las provincias septentrionales de Alepo e Idleb, incluidas zonas que sufrieron los ataques del Ejército sirio mientras se negociaba la imposición de un alto el fuego con el mediador internacional, Kofi Annan.
Según el informe, en todas las localidades visitadas hubo familias que describieron cómo parientes suyos habían sido secuestrados y ejecutados por soldados. De igual forma, militares y "shabiha" (milicianos paramilitares del régimen) incendiaron casas y propiedades, y torturaron de forma sistemática a los detenidos, en ocasiones hasta causarles la muerte.
En la última semana de mayo, AI constató cómo las fuerzas de seguridad y milicianos de paisano disparaban contra manifestantes pacíficos, matando a paseantes y niños, en la ciudad de Alepo, la mayor del norte del país.
La ONG denuncia que estas masivas violaciones son una constante en otras regiones del país, como sucedió en la ciudad de Hula, donde 108 personas --de las cuales 49 eran menores y 34 mujeres-- murieron en una masacre el pasado 25 de mayo.
Por eso, el informe insta al Consejo de Seguridad a que traslade la situación en Siria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y a que imponga un embargo de armas al Gobierno sirio. "El Consejo de Seguridad de la ONU debe romper el bloqueo y tomar acciones concretas para acabar con estas violaciones y pedir cuentas a sus responsables", añade Rovera, en un comunicado. Igualmente, reclama a Rusia y a China que detengan de inmediato las entregas de armas, munición y equipamiento militar al Gobierno sirio.
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