Denuncian a Zapatero, Rajoy y Aznar en el Supremo por permitir el "saqueo" de los bancos

SERVIMEDIA 

El sindicato vasco ELA y el gallego CIG han presentado este viernes ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contra los exresponsables del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar por permitir el "saqueo" de los bancos españoles.

La denuncia también se dirige contra el ministro de Economía, Luis de Guindos, contra sus antecesores Elena Salgado y Pedro Solbes, contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y contra su anterior responsable, Jaime Caruana.

El sindicato gallego CIG y el vasco ELA acusan a todos ellos de delitos societarios y de prevaricación por omisión. "Se dieron graves omisiones arbitrarias de resoluciones a las que estaban obligados por sus respectivos cargos, en aras de preservar los intereses económicos y financieros del conjunto de la población", señala el escrito presentado este viernes por la mañana en el registro del Alto Tribunal.

La denuncia asegura que la actuación de los denunciados ha provocado "consecuencia colectivas desastrosas y alarmantes" y afirma que no adoptaron "medida efectiva alguna tendente a reconducir la situación económica y financiera del Estado".

El escrito también señala que los gestores de entidades bancarias como Bankia, Cajasur, BBK y Novacaixagalicia "abusaron presuntamente en beneficio propio -continuaron recibiendo cantidades escandalosas de dinero- de las funciones propias de sus cargos".

"Dinero público para especular con la deuda pública"

El secretario general de ELA, Adolfo Muñóz, ha acusado a las puertas del Supremo a los responsables políticos de "destinar un montón de dinero público a las entidades financieras privadas que está siento utilizado por el sistema financiero para especular con la deuda pública y para ocasionar muchas más recortes sociales".

El secretario general de la CIG, Suso Seixo, ha criticado por su parte que la Fiscalía "mire para otro lado" y que no se utilice el Código Penal "cuando se trata de delitos económicos y de exigir responsabilidades" a los responsables políticos.

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