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El Supremo de EE.UU. examina la reforma sanitaria de Obama en una sesión histórica

  • Los jueces se inclinan por tratar el tema ahora; no cuando se aplique la ley
  • La reforma sanitaria es el principal logro de la Administración Obama
  • Los denunciantes dicen que el Congreso excedió su mandato constitucional

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El Supremo de EE.UU. examina la reforma sanitaria de Obama en una sesión histórica

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha celebrado la primera de las tres sesiones en las que estudiará la constitucionalidad de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, su principal logro legislativo, en un test histórico que puede poner en peligro su lucha por la reelección en noviembre.

La sala del tribunal, en la que estaban 400 personas, ha estado   llena de congresistas, prominentes abogados, altos cargos de la   Admnistración Obama y aquellos que han pagado a otros o esperan ellos   mismos desde este fin de semana para conseguir un asiento en la sala de   audiencia pública.

En la primera sesión los nueve magistrados han examinado el aspectos más técnico pero desde luego el más esencial a  corto plazo: si se puede denunciar una ley antes de que ésta entre en efecto.

Según una ley de 1867, denominada Anti-injuction Act, el   contribuyente no puede impugnar una ley hasta que ésta le afecte, que en   el caso de la reforma sería en 2015, cuando los que rechacen el  mandato  individual tendrían que empezar a pagar una tasa por ello.

Los magistrados, favorables a tratar ahora el asunto

Sin embargo, los magistrados han mostrado en los 90 minutos de argumentaciones en la vista oral que dudan de que la aplicación de esa ley, que supone que el contribuyente debe pagar primero y litigar después, pueda retrasar la batalla legal contra la reforma sanitaria.

De las cuatro cortes de apelación que han tratado anteriormente el   caso, solo una ha dictaminado que la denuncia contra el mandato   individual no puede seguir adelante debido a que aún no se ha tenido que   pagar ninguna multa.

Tanto la Administración Obama como los impugnantes consideran que esta norma no debe ser un impedimento para que el asunto del mandato individual sea tratado ya,    pero los jueces han considerado que este asunto de procedimiento es   suficientemente importante, y por ello reservaron la primera sesión a   este tema y han nombrado a un abogado especial, Robert Long.

Para Long, el Congreso podría haber introducido una excepción a la   política de "paga ahora, litiga después" para permitir una revisión   judicial inmediata del mandato individual, pero no lo hizo.

Varios jueces han coincidido con el argumento presentado por el abogado del Estado, Donald Verrilli, que ha considerado que la penalización por no suscribir un seguro sanitario antes de 2014 no se puede considerar un impuesto sino una penalización.

"Aquí no usaron la palabra impuesto", ha asegurado el magistrado progresista Stephen Beyer, al referirse a los congresistas y senadores que redactaron la ley.

Otro juez de orientación progresista, Ruth Bader, también ha expresado su escepticismo. "Esto no es una medida de aumento de recaudación", ha añadido.

Mientras, el conservador Antonin Scalia también ha sugerido por sus preguntas que permitir que el caso siga adelante no iría en contra de la ley del siglo XIX.

Mandato individual

Así las cosas, el plato fuerte del examen se producirá el martes, cuando se afrontará el asunto crucial de  si  es constitucional el llamado mandato individual, que obliga al ciudadano a   comprar un seguro sanitario, algo que los denunciantes consideran una extralimitación del mandato del Congreso.

Los denunciantes argumentan que el Gobierno no puede inmiscuirse de    una manera tan profunda en las vidas de los ciudadanos y forzares a    comprar un producto con el que están en contra.

La reforma, que trataba de transformar la cobertura sanitaria para millones de personas en Estados Unidos,  ha generado un tenso debate político en el país, donde los republicanos  del Congreso luchan por dar marcha atrás en la ley, aprobada el 23 de  marzo de 2010, al considerar que supone una losa financiera para estados, empresas y ciudadanos.

La Administración Obama cree que virtualmente cada persona en el   país necesita cuidado médico y aquellos que no contratan un seguro   suponen una carga desproporcional para todo el sistema.

En Estados Unidos, el gasto anual en sanidad supera los 2,6 billones de dólares, alrededor del 18% del PIB nacional, equivalente a 8.402 dólares de cada hombre, mujer o niño que vive en el país.

Un asunto que divide al país

Cientos de partidarios y opositores de la norma se han manifestado a  las puertas del edificio del Tribunal Supremo, en una prueba más de que  el asunto divide profundamente al país.

Lemas como "Proteger nuestra sanidad" o "No me niegues mi cuidado  sanitario" se enfrentaban a otros como "Obamacare" -la forma en la que  los detractores de la norma la conocen popularmente- "Injusta" o  "Obligados a comprar".

El debate en el Supremo durará hasta el miércoles, donde se tratarán las dos últimas cuestiones: si, una vez  considerado inconstitucional el mandato individual, se debe simplemente  eliminar este elemento de la reforma sanitaria o anular todo el proyecto  de ley y si el Congreso ha impuesto de forma inadecuada nuevas cargas  presupuestarias a los estados al aumentar el número de personas que  pueden acceder al servicio Medicaid, la sanidad pública para personas que no pueden permitirse un seguro médico financiada por el gobierno federal y los estados.