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El borrador de la ley de transparencia permite a las administraciones contestar con el silencio

  • La solicitud de información se entenderá desestimada si no hay notificación
  • Las administraciones tienen un mes, ampliable a dos, para contestar
  • Prohíbe a los altos cargos recibir regalos que superen la "cortesía"
  • Será infracción muy grave coartar la huelga o incumplir servicios mínimos
  • Los altos cargos tendrán que devolver el dinero recibido indebidamente
  • Consulta el anteproyecto de la ley de transparencia en pdf

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El Gobierno anunció el pasado viernes, cuando presentó la ley de transparencia, que las administraciones tendrían un mes para contestar a las peticiones de información que realizaran los ciudadanos. Sin embargo, el anteproyecto de la ley que ha colgado el Ministerio de Presidencia en su web este lunes, permite responder con el silencio administrativo. Si no hay respuesta, la solicitud se entenderá desestimada.

"Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada", reza el artículo 17 del texto que aún no es definitivo. Los ciudadanos tienen 15 días para hacer sus aportaciones a la futura ley a través de la página www.leydetransparencia.gob.es.

Si este artículo no se modifica en la tramitación de la ley, un ciudadano podrá hacer una petición sin que la administración esté obligada a contestarle por escrito sobre por qué no le facilita los datos demandados, según han confirmado a RTVE.es fuentes gubernamentales.

En caso de producirse esta situación, el ciudadano podrá reclamar contra el silencio administrativo ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, que tendrá que resolver en el plazo de un mes.

Este es uno de los detalles de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que exigirá a las administraciones a tener disponibles una serie de información en sus webs, que regula cómo puede un ciudadano acceder a ciertos datos y que fija penas de inhabilitación de hasta 10 años para quien malgaste dinero público u oculte o falsee datos contables.

Acceso a la información pública con límites

El ciudadano que quiera pedir una información deberá dirigirse a la administración competente. La solicitud deberá incluir su identificación, la información que quiere, una dirección de contacto, la modalidad en la que prefiere recibir la información y los motivos por los que demanda esos datos.

En principio, las administraciones tendrán un mes para notificar la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información. El plazo se ampliará a dos si el "volumen o la complejidad de la información" lo hagan necesario.

El documento establece también unos límites de acceso a la información pública. No se considerará como tal la que afecte a la "seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios".

El derecho al acceso de la información será restringido cuando suponga un "perjuicio" para "los intereses económicos y comerciales", "la política económica y monetaria" o la "protección del medio ambiente".

Las resoluciones en las que se deniega el acceso a la información ya sea total o parcial tienen que ser motivadas, según el texto. Aunque el mismo documento permite, como se ha contado más arriba, no notificar la resolución.

La ley de transparencia señala que "el acceso a la información será gratuito", pero abre la posibilidad de cobrar una tasa en el caso de la "expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original".

Prohíbe los regalos a altos cargos que "superen la cortesía"

El anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que los altos cargos de las administración "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía", pero no establece la cuantía a partir de la que se entiende rebasado ese límite. Los obsequios "con una mayor relevancia institucional" se incorporarán al patrimonio del Estado, apunta.

Tampoco les permite aceptar "favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollos de sus funciones".

Este es uno de los 17 "principios éticos y de actuación" que recoge el anteproyecto en lo referente al buen gobierno. En este apartado se recoge también que los altos cargos "se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público" y que "no se valdrán de su posición en la administración para obtener ventajas personales o materiales".

Incumplir los servicios mínimos o coartar el derecho de huelga

El el título dedicado al buen gobierno, el borrador contempla como infracciones disciplinarias muy graves que los altos cargos de la administración incumplan la "obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga" o realizar "actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho a la huelga".

Quienes cometan estas faltas pueden ser destituidos e inhabilitados entre 5 y 10 años. Estas referencias aparecen tres días antes de la huelga general que ha convocado UGT y CC.OO. en contra de la reforma laboral el 29 de marzo.

Infracciones en materia económica-presupuestaria

El anteproyecto de la ley de transparencia incluye las infracciones en materia económica-presupuestaria que serán castigadas con entre 5 y 10 años de inhabilitación. Muchas de ellas ya fueron detalladas el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno.

Entre ellas está, la malversación de los fondos públicos, la administración de los recursos sin tener en cuenta la liquidación, recaudación o ingreso del Tesoro, comprometer gastos sin tener crédito suficiente, no justificar la inversión de fondos o inclumplir la ley de estabilidad presupuestaria.

Estas infracciones además de la inhabilitación llevarán aparejadas la obligación de restituir las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente o la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.

Las sanciones graves o muy graves serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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