Una ley de transparencia o cuando el ciudadano se puede convertir en freno de la corrupción

  • El Gobierno aprueba este viernes el anteproyecto de la ley de transparencia
  • España es uno de los pocos países europeos que no cuenta con una
  • Navarra y País Vasco lideran en España el concepto de gobierno abierto
  • Una cincuentena de organizaciones luchan contra la opacidad pública
  • Los expertos aseguran que limitaría las posibilidades de la corrupción
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SANTIAGO SÁNCHEZ 

Las administraciones y empresas públicas en nuestro país son ópacas, a pesar de que su fin es servir a los ciudadanos. Así lo manifiestan las organizaciones que trabajan desde hace años para que nuestro país elabore una ley de transparencia, que nos equipare al menos con todos los países europeos que tiene más de un millón de habitantes.

Se busca que la información de carácter público sea accesible y que las administraciones, sin necesidad de requerimiento, la den a conocer como una obligación.

Este viernes el Consejo de Ministros presenta un anteproyecto de ley que regulará la llamada transparencia y que este jueves el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció como una normativa que permitirá a la gente saber, entre otras cosas, "qué se hace con su dinero".

Las conversaciones con las organizaciones las ha dirigido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Este mismo jueves aún había reuniones para ultimar detalles.

Averiguar si en época de recortes nuestros impuestos son bien empleados, conocer si los gastos son apropiados a una época de austeridad, saber a qué empresas o personas recibe un concejal, consejero o ministro, investigar si al barrio en el queremos vivir es seguro o si una residencia de ancianos tiene denuncias por trato deficiente es fundamental para tomar decisiones y posiciones, y depende de información conocida pero no accesible en este momento.

Y es algo que Estados Unidos con webs como www.data.gov, o www.ethics.gov ya casi se consigue. Es posible saber hasta quién visita a Obama a diario en la Casa Blanca. Las normativas en ciernes vasca y navarra y sus plataformas Irekia y gobabierto son los vanguardistas referentes nacionales en materia de acceso a la información. En el lado contrario, en la opacidad, en el llamado 'silencio administrativo', casi todas las demás.

Lucha contra la corrupción

España no superaba a Sri Lanka y Suráfrica en transparencia presupuestaria, según un informe internacional publicacado por Acces Info Europe, en octubre de 2010. Precisamente su coordinadora de Campaña, Victoria Anderica, considera que regular este derecho "es una cuestión de voluntad política y de determinación".

Desde la URJC, el catedrático de Ciencias Políticas y de Transparencia Internacional Manuel Villoria afirma que nuestro país "necesita mejorar los sistemas de rendición de cuentas" y que la transparencia es una medicina contra la corrupción.

El catedrático de la UCM y miembro de Coalición Pro Acceso Manuel Sánchez de Diego cree también que la ley serviría, entre otras cosas, "para proteger a la democracia de la corrupción" y  que muchos casos de corrupción que hoy conocemos no hubieran 'engordado' con una admnistración transparente.

Las asociaciones implicadas ven que esta vez si saldrá adelante "por fin", tras ser una promesa recogida en los tres últimos programas electorales con los que se ha llegado a Moncloa, dos del PSOE y uno del PP. El Partido Popular se comprometió, además, a presentarla en sus primeros 100 días, plazo que expira el próximo 30 de marzo.

No publicada, farragosa o improcesable

En España no es que no se publique ninguna información, pero se da en muchos casos incompleta, farragosa o improcesable.

El profesor Sánchez de Diego lamenta, por ejemplo, que la iniciativa de publicar los bienes de los diputados y senadores se dé en la web del Congreso de los Diputados en formato foto, lo que hace que no se puedan procesar los datos. Es uno de los últimos avances en materia de transparencia, junto a la publicación de las cuentas de la Casa del Rey, algo que se ha visto como un paso adelante pero al que todavía se le ponen algunos peros.

Unas de las personas más implicadas en la reivindicación de una regulación de la transparencia David Cabo -@dcabo- creó una aplicación para poder ir integrando datos de este tipo en un formato que permitiera cruzar apuntes, seleccionarlos, etc.

Es algo similiar a los Open Data, que se suele confundir con transparencia, y sin embargo es una información improcesable en muchos casos si no se tienen las herramientas informáticas para traducir esos datos. Precisamente Cabo creo una de las páginas web más seguidas en este ámbito de solicitud de información "dondevanmisimpuestos.es".

La iniciativa de la Coalición Pro Acceso, que integra 54 organizaciones, fue abrir un cuestionario sobre preguntas que a los ciudadanos les gustaría que la administración les respondiese, se llamó Campaña de las 100 preguntas.

El resultado se puede dividir en tres inquietudes: la ejecución del gasto público, la implantación de políticas como el plan E y el seguimiento de proyectos que se iniciaron pero qué nadie sabe donde acabaron. La encuesta evidenció que el silencio administrativo roza el 20%. Por eso piden un acceso gratuito, sencillo y rápido.

Este mismo jueves la Coalición Pro Acceso ha arrancado con la web www.tuderechoasaber.es. una ventanilla única virtual a la que se pueden enviar preguntas que la propia organización se encarga de trasladar a las administraciones y reclamar sus respuestas.

En el Reino Unido iniciativas parecidas -whatdotheyknow.com, Save FOI, www.theyworkforyou.com-, promovidas por distintos colectivos, han tenido notable éxito. El periódico británico The Guardian creó también una web que guía a los lectores para acceder a información pública.

Obligaciones concretas y sanciones

La nueva Ley de Transparencia establecerá una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

La novedad respecto a códigos anteriores es que no se trata de recomendaciones sino que su vulneración dará lugar a la comisión de infracciones administrativas, que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones, en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras la presentación en el Consejo de Ministros se abrirá un plazo de consultas públicas y participación como también se ha hecho con la ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto, a punto de aprobarse en el Parlamento de Navarra.

Según ha trascendido de las reuniones, la futura ley, que se presentará en un foro internacional sobre el materia en Brasilia el próximo 14 de abril, impondrá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria; a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación; a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas -facturas no contabilizadas-; y a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización contable.

Sin embargo, en las actuales circunstancias de crisis económica el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere ir un paso más allá tipificando específicamente en el Código Penal infracciones para castigar las conductas más graves en la gestión de los recursos públicos.

Qué no regula y quién administra

Sin embargo, de los detalles conocidos Anderica señala que adolecen de varias medidas en materia de acceso a la información: no reconecen el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, no se sabe si va a ser aplicable a todas las instituciones -en principio el poder legislativo y judicial solo darán información administrativa-, se excluyen informes y estadísticas y no contempla la creacion de un organismo indepediente que sirva de garante y regulador.

En su opinión, este organismo decidiría qué información es susceptible de ser suprimida, sin descartar la vía judicial. Manuel Sánchez de Diego propone que sea la Agencia de Protección de Datos la que amplié sus funciones a este cometido. Considera que nuestro país necesita una aútentica ley de transparencia, porque hay un "grave déficit en este momento", a pesar de que es un derecho consagrado constitucionalmente pero sin desarollar en los artículos 105 y 20, y más detallado, pero para ser más restictivo en la ley 30/92. Como Anderica, cree que es decisivo que se reconozca como un derecho fundamental el acceso a la información pública y no solo como un derecho del ciudadano.

En cualquier caso, valoran desde Info Access Europe el fin último es que los propios funcionarios sepan discernir sobre la información más común. Creen que no todo tiene que estar abierto, pero que las líneas rojas tienen que ver con información sensible para la seguridad nacional y defensa o con casos como investigaciones criminales.

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