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NUEVOS ENFRENTAMIENTO Y MÁS MANIFESTANTES ANTE EL LLUÍS VIVES DE VALENCIA
La policía cargó contra los manifestantes en las protestas de estudiantes en Valencia. EFE

La Fiscalía investigará las cargas policiales en las manifestaciones de estudiantes en Valencia

  • Las denuncias han sido interpuestas por una asociación vecinal y EUPV

  • Consideran que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de lesiones

  • En las protestas se registraron enfrentamientos entre policías y estudiantes

  • El sindicato policial CEP denuncia al portavoz estudiantil, Alberto Ordóñez

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La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal ante las denuncias interpuestas por la asociación vecinal y cultural Cercle Obert y por Esquerra Undida del País Valenciá (EUPV) respecto de las actuaciones policiales durante las protestas estudiantiles ocurridas el pasado mes de febrero en Valencia, según ha informado el ministerio público en una nota de prensa.

Según la Fiscalía, ante la existencia de actuaciones "en uno o varios juzgados de instrucción" de Valencia en relación con estos hechos, se ha procedido a remitir lo actuado al juzgado competente.

La detención el pasado 15 de febrero de un menor de edad, alumno del IES Lluís Vives de Valencia, durante una protesta no comunicada contra los recortes en educación y los retrasos del Consell en el pago de los gastos de funcionamiento de los centros, inició diez días de manifestaciones y un debate a través de internet y las redes sociales, bajo la etiqueta #primaveravalenciana.

En las protestas de los días sucesivos se registraron varios enfrentamientos entre Policía y manifestantes, que se saldaron con más de 40 detenidos, en libertad con cargos por desorden y resistencia a la autoridad. Cercle Obert y EUPV pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

En el caso de la formación política, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Menores donde pedía el inicio de diligencias para esclarecer si hubo delito de lesiones o de detención ilegal. Según el escrito presentado ante este órgano, en las protestas estudiantiles hubo una "desproporcionada actuación policial" a pesar de que "las movilizaciones fueron en todo caso pacíficas".

EUPV consideraba que estos hechos podían ser constitutivos de delitos de lesiones y detención ilegal "que, por si solos, deberían ser perseguidos de oficio por el Ministerio Fiscal pero, además, al ser muchos de los perjudicados menores de edad, el Ministerio Fiscal tiene el mandato para ejercer las acciones judiciales pertinentes en su defensa".

Algunos de los afectados anunciaron en su momento que llegarían a los tribunales y padres de varios alumnos detenidos y heridos anunciaron igualmente que valoraban presentar una demanda conjunta. El Sindicato de Estudiantes también aseguró que habían puesto el caso en sus servicios jurídicos.

El sindicato policial CEP denuncia al portavoz estudiantil

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes (FAAVEM), Alberto Ordóñez, a quien acusan de incitar a la delincuencia durante las protestas que se desarrollaron el mes pasado en Valencia.

Según consta en la denuncia presentada por este sindicato policial, Ordóñez vertió "graves amenazas y calumnias" contra este Cuerpo a través de sus declaraciones en los medios de comunicación, a los que dijo "vamos a continuar quemando las calles" y llamó a actuar a "sangre y fuego".

Ordóñez vertió graves amenazas y calumnias

La CEP Valencia defiende que las detenciones practicadas durante las manifestaciones estuvieron "dentro del marco de la legalidad y del buen proceder policial", y "prueba de ello" es que los arrestados fueron puestos en libertad con cargos por parte de la autoridad judicial.

Cuando Ordóñez advirtió que iban a seguir "quemando las calles", según el sindicato estaba incitando a los estudiantes a "endurecer su protesta mediante actos vandálicos" y promoviendo "el incremento de la violencia".

De hecho, añade, durante los días siguientes se quemaron contenedores y se mantuvo una actitud "radical y violenta" contra los requerimientos de la Policía, que estaba en las concentraciones, con la misión de "proteger el libre ejercicio de los derechos y garantizar la seguridad ciudadana".

En resumen, según la denuncia, el portavoz estudiantil "ha alentado con sus proclamas la realización de actos delictivos" y ha elevado "la radicalidad" de los manifestantes, ante lo cual "la actuación policial era del todo necesaria para restablecer el orden e impedir el caos".

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