El último decreto que regula las sanciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías puede establecer "una tendencia" hacia la impunidad en Perú, según ha alertado el relator de la ONU para el terrorismo y derechos humanos, Martin Scheinin.

"No convendría decir que Perú sea un país de impunidad, pero hay una tendencia en la sociedad peruana. Hay una división muy clara acerca de si se debe seguir adelante con los enjuiciamientos o si sería mejor ponerlos debajo de la alfombra, lo que sería equivalente a la impunidad", ha dicho Scheinin.

El relator de la ONU, se refiere al reciente decreto legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales.

¿En qué consiste el decreto?

El 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si no se dicta sentencia en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

Scheinin ha señalado que las repercusiones de este decreto han sido ampliamente discutidas con altos representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Perú, así como representantes de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.

El relator de la ONU ha considerado que este nuevo decreto podría afectar a "unos cuantos" procesos que están en la etapa oral y de ninguna manera a los procesos en los que ya se dictó sentencia, pero sí tiene "más posibilidades" de afectar a casos que están en la etapa de investigación.

Temor por la situación de Fujimori

En Perú se han generado temores respecto a la situación del ex presidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de 25 personas y dos secuestros cometidos durante su régimen.

Precisamente esta semana una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para combatir el terrorismo, y altos jefes militares del régimen de Fujimori pidieron acogerse a este decreto, en un juicio que ya lleva más de cinco años.

Las organizaciones de derechos humanos han reclamado que los casos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad durante los años del terrorismo (1980-2000) son lentos por su complejidad y las dificultades para juntar las evidencias e identificar a sus autores.

Este mismo asunto ha sido señalado por el relator de la ONU, quien ha dicho que existe "una incapacidad para identificar a los soldados y oficiales que se escondían detrás de seudónimos", tras instar al Estado peruano a brindar las facilidades para esclarecer la verdad.