El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, ha dado por cerrado el conflicto con Marruecos dado que el Gobierno no cuenta con elementos que "avalen" la versión de los activistas españoles que denuncian haber sido agredidos por miembros de la policía marroquí.
Según ha defendido, "todo parece indicar" que las lesiones se las produjeron grupos que no estaban de acuerdo con sus protestas.
En declaraciones a Radio Nacional, De la Iglesia ha recordado que Marruecos ya ofreció este lunes las explicaciones reclamadas por el Ejecutivo español. "Creemos que con ello se ha superado esta situación", ha revelado tras asegurar que la llamada a consultas del embajador en el país alauí "no es una medida que se contemple".
Para el secretario de Estado, "lo que está fuera de toda duda" en la polémica es que los activistas españoles participaron en una manifestación ilegal "en la que se produjeron altercados" en los que algunos de ellos resultaron heridos. Por ello, el Ministerio de Exteriores ha instado a los ciudadanos españoles a "respetar la legislación vigente" en el extranjero.
"Lo que sí sabemos es que lo primero que hizo la policía marroquí fue acompañar a los dos más afectados a un hospital a tener atención de urgencia antes de que prestaran declaración en comisaría. Todo parece indicar que en la manifestación hubo una reacción por parte de grupos que no eran partidarios de lo que los activistas estaban defendiendo".
Por ello, preguntado si no cree que fueran policías de Marruecos quienes les causaron las lesiones, ha sostenido que el Gobierno no posee "ningún elemento que permita avalar esas opiniones de los activistas".
El secretario de Estado también ha rechazado las críticas de falta de contundencia esgrimidas por el PP y las ha enmarcado en el "continuo hostigamiento" de los 'populares' a todas las políticas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según ha sostenido, España mantiene con Marruecos una relación "estratégica" que debe continuar. Para mantener estas buenas relaciones, el Ejecutivo descarta aplicar "el puñetazo encima de la mesa" y apuesta por "el diálogo".
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