Asociaciones de Memoria Histórica han recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión de la Sala del 61 de este órgano de inadmitir a trámite las querellas contra el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Juan Saavedra, y contra el magistrado Luciano Varela por presunta prevaricación en las resoluciones que sentarán en el banquillo al juez Baltasar Garzón.

De las dos querellas presentadas, una se dirigía únicamente contra Saavedra, al que acusan de prevaricar por haber seguido interviniendo en la causa contra Garzón pese a haber sido recusado y la segunda contra Saavedra y contra el instructor de la causa penal abierta a Garzón por el asunto de la memoria, Luciano Varela.

En su recurso de reforma, las asociaciones mantienen que en ambos magistrados, "que juraron lealtad al caudillo Franco y a los principios fundamentales del Movimiento" cuando tomaron posesión de su condición de jueces concurre un conflicto objetivo "que despierta justificado temor de  parcialidad y de interés en mantener cerrados los tribunales de justicia a la investigación de los crímenes de lesa humanidad que les afectan".

Consideran, además, que debe tenerse en cuenta la "denegación de justicia" que ambos magistrados han producido a las asociaciones por no permitirles personarse como parte en el procedimiento que se tramita contra el juez Garzón, "mientras sí oyen al respecto a los terceros partidarios del Movimiento Nacional, que persiguen al juez que aceptó a trámite las denuncias" por las desapariciones tras la Guerra Civil.

Vía abierta a los partidarios del Movimiento

Consideran que, con sus resoluciones, los magistrados del Supremo abren la vía "para que aquellos terceros partidarios del Movimiento Nacional puedan perseguir" a las asociaciones que denunciaron los crímenes del franquismo ante Garzón en la Audiencia Nacional, "por su responsabilidad al haber aportado las pruebas de los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos".

Respecto a Varela, las asociaciones consideran que prevaricó al mantener la imputación a Garzón a sabiendas de que los argumentos empleados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para investigar el franquismo son defendibles jurídicamente, suponen la aplicación de pactos y convenciones internacionales y estaban dirigidos a perseguir delitos contra los derechos humanos.

Por lo que se refiere al presidente de la Sala de lo Penal, los querellantes consideran que también ha dictado resoluciones injustas al desestimar todos los recursos interpuestos por Garzón en su defensa, denegar la personación de las asociaciones de memoria en esta causa y no haber resuelto todavía sobre quien tiene la competencia para investigar las fosas, tal y como le han planteado juzgados como el de Granada y El Escorial (Madrid).