Los abogados que interpusieron la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York han vuelto a pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le suspenda cautelarmente "a la mayor urgencia posible".

En la solicitud remitida este lunes al órgano de gobierno de los jueces, los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón reiteran que el Tribunal Supremo (TS) ya tramita dos querellas contra Garzón (la otra es por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo).

Según explican, el auto dictado la semana pasada por el magistrado del Supremo Luciano Varela en el que rechaza archivar la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional por prevaricación por investigar las citadas desapariciones "no deja otra posibilidad al CGPJ que acordar de inmediato la suspensión so pena de poder a su vez incurrir en actuaciones manifiestamente contrarias a Derecho".

Panea y Mazón ya pidieron al CGPJ que suspendiera cautelarmente a Garzón el pasado 28 de enero cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite su querella por prevaricación y cohecho contra el magistrado, en relación con el dinero que percibió del Banco Santander durante su estancia en Nueva York en los años 2005 y 2006.

"Temeridad" que Garzón siga ejerciendo

En la nueva solicitud los querellantes aseguran que "es una temeridad o actividad de alto riesgo" que los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo permitan a Garzón que siga desempeñando su cargo cuando el Alto Tribunal ha admitido dos querellas por delitos dolosos relativos al ejercicio de sus funciones.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo el pasado 28 de enero al ser preguntada sobre si Garzón será suspendido, que el Consejo "adoptará una decisión siempre ajustada a Derecho".

El criterio seguido hasta ahora por el Consejo es el de acordar la suspensión de un juez contra el que se siga una causa penal sólo si la Fiscalía ejerce la acusación contra él, y el Ministerio Público no lo hace en ninguno de los dos casos.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, en cualquier caso la Comisión Permanente antes de resolver siempre acuerda preguntar al fiscal si debe suspender provisionalmente de sus funciones a un determinado juez, informe que no es vinculante.

Panea y Mazón aseguran que "carece del más mínimo fundamento legal" la interpretación que está haciendo el Consejo, que sí suspendió cautelarmente el juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita cuando fue admitida a trámite la querella presentada contra él, por retrasos, por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su compañera sentimental.

En su escrito añaden que "se está produciendo por el Consejo un manifiesto quebranto al marco de legalidad con la permisión al juez Garzón de seguir desempeñando sus funciones pese a que ya tiene admitidas dos querellas".