La Corte Suprema de Justicia de Honduras considera que el derrocado presidente Manuel Zelaya no debe ser restituido en el poder ya que le atribuye diversos delitos y estima que debe ser llevado ante los tribunales.

La Corte ha entregado al Congreso Nacional un dictamen cuyo contenido no se ha hecho público pero fuentes del alto tribunal señalan que en el documento se deja clara esa postura.

Se confirma así lo que muchos esperaban, ya que los magistrados de la Corte Suprema participaron activamente y avalaron el Golpe de Estado contra Zelaya. No deja de ser significativo que entre las acusaciones que la Corte hace al presidente derrocado haya una de traición a la patria.

El pleno del Congreso Nacional ha sido convocado el día 2 de diciembre para decidir si se restituye o no a Zelaya.

Dudas sobre la legitimidad de los comicios

El acuerdo Tegucigalpa-San José, alcanzado el 30 de octubre y que el derrocado presidente considera que ya no es válido, está redactado con ambigüedad calculada, dejando suficiente margen de interpretaciones. Los golpistas consideran que el dictamen de la Corte Suprema es vinculante mientras los zelayistas creen que es sólo consultivo.

La filtración sobre el informe de la Corte Suprema se produce a tan sólo tres días de las elecciones con las que el régimen golpista pretende dar por superada la crisis política. Por el contrario, los partidarios de Zelaya y opositores al golpe mantienen que los comicios carecen de legitimidad y se celebran sin suficientes garantías democráticas.

También la mayoría de la comunidad internacional es de esa opinión, si bien se ha roto la unanimidad después de que Estados Unidos haya cambiado de postura y vaya a reconocer el proceso electoral aunque Zelaya no haya sido restituido. En América Latina, Panamá y Perú han seguido los pasos de Washington.