Los padres del niño de nueve años con obesidad mórbida, Luis Montoya y Margarita Gabarres han anunciado este martes que no van a entregar "voluntariamente" al menor a la Xunta.EFE
Los padres del niño ourensano que padece obesidad han presentado en el juzgado un informe psicológico con el que quieren demostrar que el ingreso del menor en un centro será "perjudicial".
Han presentado este documento este lunes, cuando se cumplen los cinco días de plazo dados por el juez para que desvelen el paradero del niño.
Los padres persisten en su actitud de no informar a las autoridades sobre el lugar en el que está el menor, que permanece oculto desde que la Xunta de Galicia pidiese su ingreso en el centro de menor de A Carballeira. La Xunta tiene la custodia del menor.
Luis Montoya y Margarita Gabarres han presentado en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense varias pruebas, entre ellas una pericial psicológica elaborada por la psicóloga Clara Isabel Fernández, que recomienda que el niño "no ingrese" en un centro.
"El niño está nervioso y quiere estar con su familia"
Preguntada sobre el estado del niño, la psicóloga ha señalado que se encuentra "muy nervioso" y "con ganas" de estar de nuevo con su familia.
Por su parte, el abogado de los progenitores, José Manuel Rodríguez, ha afirmado que los padres "pagaron" este examen psicológico después de que el Ministerio Fiscal "no atendiese" la petición de que el niño fuese visto por dos psicólogos especialistas independientes para que dictaminaran si su ingreso en el centro de protección de menores podría representar algún tipo de "trauma o perjuicio" para el menor.
Los padres del niño aseguraron en su momento que si confirmaban que el ingreso en el centro "era más seguro y conveniente" que un "tratamiento dietético y de modificación de la conducta alimenticia en el ambiente familiar y entorno comunitario" serían favorables al ingreso.
Con las pruebas presentadas en el juzgado por la procuradora, el abogado señaló que se demuestra que "no hay voluntad rebelde al cumplimiento del mandato de entrega", sino "el ejercicio responsable que tienen como padres de proteger los intereses del niño" porque su postura se basa en una "causa justa".
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