Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han firmado el acuerdo que facilitará el acceso a los militares estadounidenses a por lo menos siete bases colombianas, según han informado fuentes de la Cancillería en Bogotá.

El documento fue suscrito por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador norteamericano en Bogotá, William, Brownfield.

La negociación del acuerdo finalizó en agosto pasado y desde entonces ha sido cuestionado por varios gobiernos latinoamericanos, en especial por Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Posible conflicto

En concreto, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha vaticinado que soplarán "vientos de guerra" por la presencia de tropas americanas en Colombia, temiendo una posible invasión de su país por EE.UU., algo que tanto el gobierno colombiano como el estadounidense han negado.

Sin embargo, no solo el frente bolivariano está en contra. En una reunión extraordinaria, los países de Unasur rechazaron en bloque -excepto Colombia- la presencia de tropas extranjeras en la región.

En este sentido, Brownfield ha subrayado que las acciones o misiones que las tropas estadounidenses puedan realizar en virtud de este documento militar no suponen una amenaza a la soberanía de otros países, por cuanto se trata "exclusivamente de colaboración bilateral entre Colombia y Estados Unidos".

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, lo garantizó así en la carta que envió a cada uno de sus doce colegas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con motivo de la reciente reunión que mantuvieron en Bariloche (Argentina), recuerda Brownfield.

Bases contra el narcotráfico

Con este acuerdo, que Bogotá ha presentado como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el Gobierno del presidente de este país, Rafael Correa.

La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, será el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrán acceso, según detalles del acuerdo anticipados por ambos gobiernos en semanas pasadas.

Sin embargo, el documento establece que los norteamericanos podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo previstas en este acuerdo.

"Para nosotros es muy positivo, para nosotros es además una necesidad, y la región tiene beneficios también", ha declarado el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, a las afueras del salón en el que se firmó el acuerdo.

A diferencia del Gobierno de presidente colombiano, Álvaro Uribe, que ha considerado que este documento no debe ser sometido a la discusión y aprobación del Congreso, el embajador Brownfield advirtió la víspera que, en su caso, es obligación legal dejarlo en consideración de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Representantes.