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La Asamblea tramitará el jueves la figura de diputado no adscrito para los imputados en Gürtel

  • Los tres diputados implicados no se podrán constituir en grupo mixto
  • De esta forma no tendrán derecho a los beneficios que da ser de un grupo
  • El Pleno iniciará la tramitación del cambio del reglamento a partir del jueves
  • El cambio estará en un mes, pero la oposición duda de que pueda ser retroactivo
  • Aguirre forzó la salida del grupo popular de López-Viejo, Martín Vasco y Bosch

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Los tres diputados de la Asamblea de Madrid imputados en el caso Gürtel, a los que Aguirre echó del grupo parlamentario popular, no se constituirán en el grupo mixto, sino que serán "diputados no adscritos".

Esta figura no existe en el reglamento del Parlamento madrileño, pero su creación empezará a tramitarse en el pleno del próximo jueves a instancias del PP.

De esta forma Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch no tendrán derecho a los beneficios que reporta pertenecer a un grupo parlamentario y cobrarán únicamente su sueldo. No tendrán ni ayudas, ni subvenciones ni coche oficial, por ejemplo.

Los tres ya habían renunciado a todas estas ventajas cuando registraron ante la Asamblea de Madrid su salida del grupo parlamentario popular.

La Junta de Portavoces ha acordado este martes por unanimidad incluir en el orden del día del pleno del jueves la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PP para reformar por vía de "urgencia el Reglamento de la Asamblea y crear el estatus de "diputado no adscrito".

Dudas sobre su aplicación

Según la portavoz de IU, Inés Sabanés, la tramitación de la reforma reglamentaria podría prolongarse "un mes como mínimo y acelerando mucho", mientras que el portavoz del PP, David Pérez, ha asegurado que "puede tardar menos de un mes, si se hace lo más rápido posible".

No obstante, Pérez ha dicho que "desde hoy es aplicable" a estos diputados la consideración de "no adscritos", ya que la proposición de ley del PP establece que tal consideración entraría en vigor en el momento en que la propuesta fuera calificada por la Mesa, lo que ha ocurrido hoy.

Sin embargo, el PSOE e IU dudan de que sea legal aplicar una norma que no está aprobada, por lo que han exigido a la Mesa un informe jurídico al respecto.