Aborto libre hasta la semana 14 del embarazo y sin necesidad de consentimiento paterno desde los 16 años. Son los puntos básicos de la nueva Ley del aborto que el Gobierno finalmente ha aprobado en Consejo Extraordinario de Ministros sin plantear ningún cambio en la normativa.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirma que los objetivos de la nueva Ley son: "Ofrecer seguridad jurídica a la mujer, que lo hagan con garantías de equidad y confidencialidad así como garantizar juridicamente el trabajo de los profesionales que lo realicen".
 
Desde que el Consejo de Estado plantease la constitucionalidad del proyecto de ley y recomendase la revisión del punto que plantea que las menores desde los 16 años puedan abortar libremente, el Gobierno ya había apuntado que la idea era llevar al Congreso de los Diputados la ley, tal y como ya se había presentado en mayo y así ha sido.

"El resultado es una ley sensata y ajustada al derecho,  que más de dos décadas después, quiere dar respuestas sin a las carencias de la primera ley del aborto", asegura de la Vega.

Ahora al Parlamento

La nueva ley, que tendrá que pasar ahora el trámite parlamentario, permite además el aborto hasta la semana 22 si corre peligro la salud de la madre o el feto y presenta graves anomalías. A partir de aquí, sólo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable, se podrá abortar.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que "derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley", que establece algunos cambios respecto al anteproyecto, siguiendo recomendaciones de los informes preceptivos, como el del Consejo de Estado, para "ajustar el texto lo más posible a la realidad social".

La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1984 y se incluye en el marco de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. El Gobierno velará por el cumplimiento efectivo de este derecho en la Sanidad Pública a través de la Alta Inspección Sanitaria.

La reforma de esta ley ha suscitado una gran polémica y cuenta con la oposición frontal del PP, la Iglesia Católica y los grupos pro vida, que ya han anunciado movilizaciones contra la nueva normativa. 

El Gobierno quiere que la interrupción del embarazo se garantice dentro de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Nacional y, además,  intensificará sus esfuerzos en prevenir los embarazos no deseados aumentando las acciones informativas y formativas.

Los poderes públicos quedan obligados a promover el acceso universal a la información y educación sexual, a programas de salud reproductiva y a métodos anticonceptivos.

Los centros tendrán que informar a la embarazada sobre las posibles ayudas a las madres, centros de información sobre anticoncepción y derechos laborales vinculados a la maternidad, entre otros asuntos. Una vez recibida esta información, la mujer tendrá un plazo de tres días para madurar la decisión del aborto. No se practicará el aborto antes de este plazo.