Solo tres de cada cien abortos se practican en centros públicos de España, una atención que se restringe a malformaciones severas del feto y que en mayor número se efectúa en Valencia, Cantabria, País Vasco y Galicia.

Esta una de las principales conclusiones del informe sobre el acceso al aborto en España elaborado y presentado este jueves por las clínicas acreditadas para realizar abortos asociadas en ACAI y el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE).

Sin embargo, según las cifras oficiales, el dato es incluso menor, el 2,51%. Los últimos datos al respecto del Ministerio de Sanidad y Consumo son los de abortos en 2006 ofrecidos el pasado enero.

Este estudio revela que en las comunidades autónomas de Navarra, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no existe ningún servicio público que efectúe abortos.

La portavoz de ACAI, Francisca García, ha afirmado que el 43% de las mujeres es informada sobre una posible interrupción del embarazo en un servicio público, un porcentaje que alcanza el 75% en Andalucía frente a Canarias y Asturias, comunidades donde según menos se informa a las mujeres sobre el aborto.

El informe, que analiza datos públicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas relativos a 2005, concluye que la mayoría de regiones, salvo Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla, cuentan con centros privados para atender a las mujeres que decidan abortar antes de las 12 semanas de gestación (el 90% de abortos, según estas organizaciones).

Por el contrario, existe una menor oferta cuando el tiempo de gestación supera esas 12 semanas, lo que obliga a las mujeres a viajar a las comunidades que cuentan con estos centros -Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia-.

En lo relativo a la financiación, García ha dicho que "el ejemplo a seguir" es el modelo del sistema público de salud andaluz de conciertos con centros privados para la prestación del aborto.