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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han revelado este viernes la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, Juan Carlos I, que se encuentra en estado "embrionario" y de la que se ocupará la Fiscalía del Tribunal Supremo en colaboración con Anticorrupción. Las pesquisas partirían de una información procedente de "inteligencia financiera" se han limitado a señalar. Por otra parte, la Fiscalía del Supremo no ha encontrado indicios de delito en la investigación por presuntas comisiones del Ave a La Meca.

La Fiscalía del Supremo ha abierto una tercera investigación al rey emérito, Juan Carlos I, por presuntas irregularidades fiscales, porblanqueo de dinero. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el fiscal jefe de Anticorrupción han dado cuenta de esta nueva línea de investigación que se abre a Juan Carlos I tras recibir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. La investigación se centra en infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales y se encuentra en fase embrionaria. Esta tercera investigación se suma a la que ya conocíamos recientemente sobre posibles pagos con una tarjeta opaca de la que se podrían haber beneficiado el rey emérito y otros miembros de su familia, y de las supuestas comisiones del AVE aLa Meca. Las dos comisiones las lleva la Fiscalía del Tribunal Supremo. Informa Araceli Sánchez.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido este martes una segunda investigación de Anticorrupción sobre el rey emérito, que se suma a la que ya tiene abierta sobre una presunta cuenta en Suiza atribuida a Juan Carlos I y un posible cobro de comisiones por la obra del Ave a La Meca. ~~La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido este martes una segunda investigación de Anticorrupción sobre el rey emérito, que se suma a la que ya tiene abierta sobre una presunta cuenta en Suiza atribuida a Juan Carlos I y un posible cobro de comisiones por la obra del Ave a La Meca.

El Tribunal Supremo ha reconocido que el Banco Santander, Caixabank y Bankia tienen derecho a que el Estado les devuelva los más de 1.350 millones de euros que adelantaron para facilitar el cierre del proyecto Castor, el fallido almacén submarino de gas frente a las costas de Castellón.

María Luisa Segoviano, presidenta de laSala de lo Social del Tribunal Supremo, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que se está estudiando modificar las normas procesales para tratar de dar mayor agilidad a los procesos judiciales que va a traer consigo la pandemia. Segoviano ha pronosticado que la COVID-19 va a desencadenar una crisis económica, social que terminará afectando en la “inmensa litigiosidad que llegará a los tribunales”. “Me preocupa mucho el rastro de la pandemia en materia de desigualdad y hay algo que nos atañe directamente: la premura que requieren estas situaciones. Tal y como están configurados los tribunales quizá no se puede dar esta respuesta con la rapidez que sería deseable”.

Segoviano es la primera mujer que accede a la presidencia de una Sala del alto tribunal en los más de 200 años de historia de este órgano y para la magistrada este hecho puede deberse a que “quizá la justicia sea algo más remisa a la recepción de mujeres que el resto de la sociedad”. A la presidenta de la Sala de los Social del Tribunal Supremo le gustaría que “hubiera un efecto llamada” para que más mujeres accedieran a puestos de responsabilidad. “La clave es que la sociedad asuma que somos iguales y que hay una igualdad efectiva y real. Creo que a medida que se va viendo que [las mujeres] desempeñamos los puestos con eficacia igual que podría hacerlo un hombre crece la confianza en la sociedad”.

La Fiscalía descarta que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, incurriera en un delito de prevaricación cuando el pasado mes de enero mantuvo un encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que no admita las querellas presentadas por Vox y el partido Laócrata contra Ábalos en las que denuncian que autorizó a atravesar el espacio aéreo español y aterrizar en el aeropuerto a Rodríguez pese a que tenía prohibido el paso por el espacio europeo. La Fiscalía afirma que esas denuncias se basan únicamente en artículos de prensa y en declaración notarial de un trabajador del aeropuerto y no concretan si Ábalos adoptó una resolución injusta y arbitraria.

El Tribunal Supremo considera que el índice IRPH, del que dependen un millón de hipotecas en España, fue comercializado por los bancos de forma poco transparente porque no informaron de su evolución en los dos años anteriores. Sin embargo, concluye que no es abusivo. Una sentencia que ha desconcertado a los consumidores, que tendrán que esperar a los detalles para saber si es una buena o una mala noticia.

En el informativo '14 horas' de Radio Nacional, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha expresado su indignación por lo que considera una sentencia “salomónica” del Supremo que no zanja la cuestión. “Es difícil de entender que algo que el banco ha vendido sin transparencia no es algo abusivo”, ha dicho Suárez, que cree que la sentencia deja la puerta abierta a que los afectados sigan litigando.