El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales una extensión del periodo de cálculo de la pensión, que supondrá elevarlo a 30 años, pudiendo elegir los mejores 28 años. Según fuentes del Ministerio, el cambio "se realizaría de manera progresiva" e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado la propuesta que considera que supone "recortar derechos".
Foto: Un pensionista revisa documentos. Getty.
Este lunes 28 de noviembre se ha retomado la negociación para la reforma de las pensiones. El Gobierno ha entregado a los agentes sociales un documento de trabajo con el que empezar a dialogar y en que se recoge una propuesta: aumentar de 25 a 30 los años la base de cálculo de la pensión y descartar los dos peores de la cotización.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha visitado tras la reunión los estudios de RNE. Sordo afirma que no hay consenso político en la ampliación de la base de cálculo y que no es una medida necesaria. Además, echa en falta "medidas un poco más ambicisoas en materia de protección de las pensiones más bajas y de cubir las lagunas de cotización". Con todo, se muestra satisfecho con el perímetro planteado y cree que hay margen para la negociación. Pone el foco en la necesidad de restructurar los ingresos de la Seguridad Social de cara a mitad de siglo, cuando la generación del baby boom llegará a la edad de jubilación. Aunque ve complicado un acuerdo "tripartito" que incluya a la CEOE, cree que el consenso entre los sindicatos y el Gobierno tendría "suficiente legitimidad social y política".
Los sindicatos de funcionarios de la Seguridad Social se concentran ante la sede del Ministerio por la situación tan caótica que sufren por la falta de efectivos y retrasos en la gestión de las prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones. Ricardo Aguirre, coordinador Nacional de la Seguridad Social del Sindicato de funcionarios CSIF, ha explicado, en Las Mañanas de RNE, que con la contratación de 1.600 interinos con la que la Seguridad Social pretende paliar el problema no soluciona la falta de efectivos ni el retraso que acumulan los expedientes ni el cierre de oficinas. Recalca que no piden dinero sino manos. Y asegura que no pueden permitir que “se retrase tres meses ese periodo y que no pueda tener unos haberes para poder sobrevivir, y menos en los tiempos actuales, con rentas pequeñas."
El ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado "optimista" con la negociación con los agentes sociales de la segunda parte de la reforma laboral, que tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre para recibir una nueva partida de los fondos europeos. "Está casi completada", ha confirmado en una entrevista en Hablando Claro de TVE.
Entre otros aspectos, negocian una posible subida de las cotizaciones y pensiones máximas, si bien ha dicho que le parece "prematuro" hablar de cifras concretas. "Estamos buscando un punto de convergencia, espero que unamos posiciones", ha reiterado. En este sentido, ha señalado que el objetivo es acercarse a los países de Europa, donde ambas partidas son más elevadas: "Se trata de ir de una forma muy gradual modificando la cotización, pero también las pensiones. Tiene todo el sentido. El impacto sobre los costes laborales es absolutamente marginal", ha sentenciado.
Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo. EFE/ J.J. GUILLÉN
El paro ha registrado en España su mejor octubre de la historia, con 27.027 personas menos engrosando las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en un mes en el que tradicionalmente aumentan los demandantes de empleo por el final del verano. El buen tiempo ha permitido prorrogar la temporada turística y esto, sumado a los contratos ligados al inicio del curso escolar, se ha traducido en un repunte del número de afiliados de 103.499 personas, aunque es una cifra ligeramente inferior a la de los cinco años anteriores. Así, el total de parados sigue por debajo de los 3 millones y el de ocupados rozando los 20,3 millones, a pesar de la incertidumbre que envuelve el contexto económico.
Tras su puesta en marcha hace 2 años, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue concedido de oficio a alrededor de 74.000 familias españolas. Es le caso de Daniel, que vive con su mujer y su hija. Como previamente eran beneficiarios de la ayuda por hijo a cargo, en octubre de 2020 se les concedió el IMV sin necesidad de solicitarlo. Empezaron a percibir 725€ al mes, que se redujeron a 90 cuando su esposa encontró un empleo a tiempo parcial. Tras esta reducción, reclamaron a la Seguridad Social y, como respuesta, recibieron una carta en la que se les exigen los 14.000 € que han cobrado en total del IMV. El motivo, según les informan, es un cambio en el padrón, por lo que no cumplirían los requisitos. La familia de Daniel ha pedido asesoramiento a la asociación Apoyo, que atiende 15 casos similares. Para ellos, el problema radica en las concesiones de oficio. Preguntado por este asunto, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dice que no tiene registros de cuántas solicitudes de devolución se han enviado.
Informa Guillermo Hernández.
El Gobierno calcula que la subida de pensiones en 2023 rondará el 8,5%, una cifra que se concretará según la inflación de noviembre. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado el proyecto presupuestario para 2023, la ministra de Hacienda ha subrayado que las pensiones subirán conforme al IPC, tal y como se acordó en el Pacto de Toledo, lo que elevará esta partida presupuestaria en un 11,4%.
En el informativo 24 horas de RNE, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que este incremento del gasto en pensiones no supondrá un aumento del déficit, ya que "los ingresos de la Seguridad Social están creciendo incluso a tasas superiores". Antes de final de año, la cartera de Escrivá debe acordar con los agentes sociales algunas cuestiones pendientes en materia de pensiones: el destope en la cotización, la posibilidad de excluir determinados años del cómputo y el tratamiento de los años en los que no se ha cotizado. "Conjugando estos tres elementos, vemos como el sistema es más equitativo", expresa el ministro.
Los datos del empleo de septiembre dejan dos cifras reseñables: los parados crecen hasta los 2,94 millones y la Seguridad Social suma de media 29.286 nuevos afiliados. Para Escrivá, ambos son datos positivos. A pesar del aumento del desempleo con el fin del verano, el ministro pone el foco en la comparativa con un período de bonanza: "Este dato de paro es mejor que la media de 2017-2019". Por otro lado, se muestra satisfecho por la subida en la afiliación: "En medio de un contexto tan complejo, llevamos teniendo buenos datso de creación de empleo mes tras mes".
El impuesto de patrimonio en España lo pagan 200.000 contribuyentes, aquellos que tienen más de 700.000 euros en inmuebles, acciones, arte o depósitos. Exenta queda la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Sin embargo, algunas comunidades lo han modificado. Aragón lo aplica desde los 400.000 euros, Cataluña y Comunidad Valenciana lo cobran a partir del medio millón de euros. En el lado contrario, Madrid y ahora en Andalucía, donde no se paga. Los impuestos quedaron en manos de las comunidades autónomas a partir de 1997. No todos, pero si tienen capacidad de decisión normativa sobre más de la mitad. Algunos expertos creen que volver a la centralización apuntada por el ministro Escrivá es un asunto controvertido.
