La vicepresidenta de la CEOE, Pilar González de Frutos, ha explicado que los empresarios están en contra de la subida de las cotizaciones, pactada por los sindicatos y el Gobierno, porque puede influir en la creación de puestos de trabajo: "Es el peor momento para crear nueva presión fiscal a la creación de empleo". Entrevistada en La Hora de la 1 de TVE, ha apuntado que la recuperación económica aún no es completa, a lo que se suman los problemas en la cadena de suministros, la subida de la luz y de la inflación. Por otra parte, ha explicado que siguen trabajando en las propuestas de la reforma laboral y que sería deseable un acuerdo dentro del diálogo social.
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha criticado el acuerdo sobre pensiones al que ha llegado el Gobierno con los sindicatos y del que se han descolgado los empresarios. Un acuerdo que subida un incremento del 0,6% de las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social. “Es un impuesto al empleo, todos los trabajadores van a tener menos renta disponible en sus nóminas. Es un impuesto por trabajar y una mala noticia para la estabilidad económica del país”, ha asegurado Maroto, que cree que Sánchez debería copiar el modelo de todos los países de Europa “que están bajando los impuestos”.
La patronal CEOE ha rechazado la última propuesta del Gobierno sobre pensiones que contemplaba una subida de seis décimas de las cotizaciones durante los próximos diez años para llenar la hucha y hacer frente a las jubilaciones del 'baby boom'.
La Seguridad Social propone aumentar del 0,5 al 0,6 por ciento la subida en las cotizaciones para asegurar así la hucha de las pensiones. Esta propuesta recoge que el incremento se asuma de forma compartida entre empresas y trabajadores: los primeros aportarían un 0,4% más, mientras que serían los segundos quienes aportarían el 0,2% restante. Como decimos, se trata de una idea que todavía tienen que estudiar sindicatos y patronal, aunque fuentes de la negociación aseguran que no les ha convencido, por lo que las negociaciones continuarán. El Gobierno se ha dado de plazo hasta el lunes 15 para tener un acuerdo en la mesa de diálogo social.
El paro registrado bajó en un mes de octubre por primera vez desde 1975, con un descenso de 734 personas que deja la cifra total de desempleados en 3.257.000. La Seguridad Social registró 159.479 afiliados más de media hasta superar los 19,6 millones, la cifra más alta de la seria histórica. Hay 190.718 trabajadores en ERTE, 48.515 menos que en septiembre.
El paro habajado en 127.100 personas. Es el dato que nos deja la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del 2021. Pero hay otras maneras de medir el desempleo, con los datos de paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal y los de afiliación de la Seguridad Social. Te explicamos sus diferencias.
En este abanico de cifras, cada una tiene su importancia. Y todas son imprescindibles para dibujar el mapa del empleo en nuestro país. ¿Diferencias? Pues en ello estamos. Porque entre EPA, SEPE y afiliación Seguridad Social, haberlas, haylas.
La EPA: La Encuesta de Población Activa obtiene el número de parados a través de una encuesta trimestral. Los técnicos del Instituto Nacional de Estadística preguntan a 65.000 familias cuántos de sus miembros en edad de trabajar están sin empleo y buscan trabajo. Para la EPA, un parado es aquella persona mayor de 16 años que la semana anterior a la encuesta estaba sin trabajo, pero dispuesto y buscando empleo. Bien, pues los resultados sobre parados y ocupados se cocinan y trasladan al resto de la población.
Vamos ahora con los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social o cifras SEPE. Nada que ver. Estos son mensuales. Y ofrecen el número de parados registrados en las oficinas de empleo a final de cada mes. Tantos registrado, tantos parados. Por eso es casi imposible que el resultado coincida con el que da la EPA, porque la EPA cuenta también los parados que NO están registrados. Se entiende, ¿verdad?
Pues datos nº tres para medir el empleo: cada mes también conocemos de la mano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación a la Seguridad Social. Aquí nos dan dos cifras importantes: la del número de personas que estaban cotizando el último día del mes. Y una media mensual de afiliación, que según los expertos es la más fiable. La Seguridad Social también nos dice cuántos cotizantes hay por regímenes, sectores y comunidades autónomas, y desde abril de 2020, cuántas personas están en ERTE.
Ya lo ven, son tres métodos diferentes y todos toman el pulso al empleo.
Las jubilaciones anticipadas voluntarias se han disparado más de un 30 por ciento en los primeros seis meses del año, a pesar de las penalizaciones que reciben los que se acogen a ellas. 37.000 personas dejaron de trabajar antes de tiempo por decisión propia entre enero y junio, 7.500 más que en el mismo período de 2019, el último año sin pandemia. Son los datos extraídos por RNE de una consulta al Portal de Transparencia.
Elena Costas, economista y socia fundadora de KSNET (Knowledge Sharing Network) y Florentino Felgueroso, investigador asociado de FEDEA, coinciden en que hay que hacer una lectura positiva de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido esta mañana. “Son datos mejores que en el mes de septiembre previo a la pandemia”, dice Felgueroso. “Es una recuperación mucho más rápida de la que vimos en crisis anteriores. Los ERTE nos han permitido una recuperación del empleo y confiamos que los datos sigan siendo positivos”, añade Costas. Ambos creen que el contrato único podría ser un buen mecanismo en el medio plazo para intentar poner coto al problema del paro juvenil. “Es un colectivo que tenemos que mirar que tiene una tasa de paro altísima. Los grandes problemas se nos acentúan. El contrato único puede tener opciones interesantes”, opina la socia de KNSET. Florentino Felgueroso considera que es una opción necesaria, pero va más allá y argumenta que no es la única: “Nos acordamos de los jóvenes en momentos de crisis. Es un problema estructural importante, el más importante”.
El número de ERTE por la pandemia continúa reduciéndose. El mes de agosto termina con 272.190 personas en ERTE. La cifra no ha dejado de bajar desde febrero, cuando era tres veces mayor. Las inspecciones de trabajo han destapado que en una de cada seis empresas investigadas se cometieron irregularidades. Lo que se traduce en casi 26 millones de euros defraudados, 5.400 infracciones y casi 40.000 inspecciones. Las multas oscilan entre los 626 y los 188.000 euros.
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