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El director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha asegurado que, tras el ciberataque del martes que paralizó el servicio que "en los próximos días se recuperará la normalidad". En una entrevista en el canal 24 horas de TVE, apunta que la página web ya se puede consultar aunque aún no es posible realizar trámites on line. Los plazos se han congelado desde el ataque informático por lo que los parados no deben temer por su prestación.

El paro ha superado en nuestro país la barrera de las 4 millones de personas por primera vez desde 2016. En el mes de febrero se han apuntado a las listas del paro casi 44.500 personas. Los datos reflejan, además, un incremento de 20.632 afiliados a la Seguridad Social, lo que la sitúa cerca de los 19 millones de cotizantes. Hay casi 900.000 trabajadores bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Informa Esperanza Martín

A pocos minutos de conocer el dato de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social en el mes de febrero, Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, ha adelantado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que, probablemente, "vamos a estar en torno a los 4 millones de parados. Una cifra de un mes tradicionalmente irregular en el mercado laboral y en el que, además, cierres y restricciones han estado a la orden del día en la mayoría de las comunidades autónomas. Blasco ha añadido, además, que "hay que tener en cuenta que aún tenemos a 900.000 personas en ERTE" que, aunque no trabajan, no computan como parados. Preguntado por las previsiones, el experto ha apuntado a que "el verano podría ser el inicio de la recuperación, pero aún hay muchos deberes por hacer", como reformas que generen "inversión, emprendimiento y empleo" con especial atención a "políticas activas de ampleo, potencias la formación y la colaboración público-privada". La llegada de los fondos europeos prevista, en principio, para el mes de agosto, también puede ayudar a mejorar el empleo en nuestro país, pero según el director del Adecco Group Institute, deberían ir asociados a la "digitalización y la apuesta por las economías sostenibles". En cualquier caso, el experto considera que no podríamos hablar de recuperación hasta, por lo menos, 2022.

El centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social va a trasladarse desde Madrid a Soria. Una deslocalización que, entre otras cosas, permitirá ahorrar costes en la factura de electricidad para refrigerar los sistemas informáticos, y fomentar la cohesión territorial del país. Carlos Vallejo Muñoz, uno de los portavoces de la plataforma "Soria ¡Ya!", se ha mostrado en la entrevista en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso satisfecho por la noticia aunque asegura que solo es "un pequeño paso" para solucionar el problema de la despoblación, "de enorme complejidad". "Para una provincia tan pequeña es una esperanza que haya 50 puestos de trabajo", ha dicho también sobre las previsiones de creación de empleo una vez se ponga en marcha la instalación.

Los trabajadores públicos temporales en fraude de ley han vuelto a movilizarse este lunes, 15 de febrero, en 40 ciudades españolas para mostrar su rechazo a la precariedad laboral en el sector público. Quieren denunciar así el "incumplimiento" de la normativa laboral por parte de las administraciones públicas al mantenerles en "abuso de temporalidad" por permanecer más de tres años como trabajadores interinos. Estas movilizaciones coinciden con el primer aniversario de la creación de la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley-Movimiento Independiente #15F.

Casi un año después del inicio de la pandemia, las oficinas de la Seguridad Social siguen sin dar cita previa de manera presencial, tiene que ser a través de Internet. En esas oficinas se gestionan las pensiones de jubilación y de viudedad, atienden a personas mayores que no siempre tiene acceso a Internet para conseguir esa cita. Varias asociaciones advierten a la administración que convierte en dependientes a personas que no lo son.

La crisis sanitaria y económica ha golpeado de lleno al sector de lasempleadas del hogar. Muchas han perdido su trabajo y se han quedado sin ingresos en medio de esta pandemia. Estas llegaron a ser más de medio millón, con alta o no en la Seguridad Social, pero se han quedado en mínimos: unas 380.000 según el dato más reciente de enero.

Que el centro de trabajo sea un domicilio particular pone muy cuesta arriba el trabajo de inspección, así que muchas, la mayoría mujeres (el 95%), trabajan en negro. Se calcula que 1 de cada 3 lo hacen. Es el caso de Laura, una empleada del hogar que trabajó en régimen de interna, y con la que hemos hablado en Las Mañanas de RNELas Mañanas de RNE. Ella trabajaba en una casa por un sueldo inferior al SMI sin estar dada de alta en la SS. "Nosotras tenemos un dicho", ha señalado Carolina Elías, presidenta de la Asociación para la Defensa de los y las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, "trabajo de interna, esclavitud moderna". Ha denunciado que el régimen de trabajo español permite esta práctica donde la empleada trabaja y vive en el mismo lugar de trabajo, dando lugar a jornadas en muchos casos de 24 horas.

El Gobierno ha puesto el foco en sacar a la luz la economia sumergida que hay en este sector. La Inspección de Trabajo ha iniciado esta semana un Plan de Actuación para reguralizar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social en esta actividad. "No descubro nada si digo que la condición de género comporta una grave discriminación laboral en España, y por lo tanto, el objetivo de la inspección con esta campaña intenta tener un impacto sobre esta circunstancia y tratar de contribuir a dignificar las condiciones de trabajo en el sector", ha dicho Héctor llueca, director de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. El salario se encuentra por debajo del SMI actual, por lo que desde trabajo han remitido unas cartas informativas a los empleadores para solventar este problema que precariza aún más el sector. "Estamos convencidos de que (las cartas informativas) van a tener un impacto y van a lograr un elevado nivel de cumplimiento. Si persistieran las irregularidades, la Inspección de Trabajo tiene la obligación de actuar reglamentariamente", ha concluído.

Durante el confinamiento, más de 20.000 empleadas del hogar fueron despedidas y para ellas se habilitó un pago extraordinario. Elías ha recordado que más de 56.000 lo solicitaron, pero a más de 8.000 se lo denegaron, y otras tantas siguen a la espera de resolución. Estas trabajadoras pertenecen a un régimen especial de la Seguridad Social y pelean por una equiparación en derechos que el gobierno estudia. Elías ha señalado que es necesario que se tomen medidas rompedoras para garantizar unos cuidados de calidad a la vez que se garantizan unas condicioness dignas y justas para estas mujeres. Ha denunciado la desprotección que han sentido las trabajadoras del hogar durante esta pandemia, frente a sus condiciones laborales y sanitarias, debido a la falta de medios adecuados para realizar su trabajo sin riesgo de contagio.

Desde la Asociación piden que se les escuche para tomar las medidas pertinentes. Ayer el ministro Escrivá se reunía con ellas, aunque ha señalado que segirán sus reuniones con la Secretaria de Estado de Migraciones, de Seguridad Social y el Director Adjunto de Inclusión.

Enero vuelve a ser un mes malo para el empleo. El paro ha aumentado en algo más de 76.000 personas.  Esa subida es algo menor a la de los dos últimos años, pero el total de desempleados vuelve a rozar los cuatro millones, la cifra más alta desde abril de 2016. Además, el mes pasado se destruyó empleo. La afiliación cayó en casi 219.000 cotizantes. Es menos malo que el del año pasado, pero es el segundo peor dato para este mes desde el año 2013. El número de afiliados vuelve a bajar de los 19 millones.

Foto: Un operario descarga la mercancía de un camión junto una oficina de empleo este martes en Madrid. EFE/Mariscal

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que reconoce el coronavirus como enfermedad profesional para el personal sanitario y sociosanitario. De esta forma, el Gobierno atiende una de las principales reivindicaciones del colectivo desde el inicio de la pandemia. Una medida llamada a reforzar la seguridad laboral de los profesionales y que tendrá carácter retroactivo, tal y como ha anunciado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que el nuevo complemento de maternidad para pensiones aprobado este martes sumará casi 400 euros anuales por hijo y desde el primero. Escrivá ha recordado que hasta ahora era a partir del segundo hijo y se establecía con un porcentaje sobre la pensión y ha apuntado que el cambio de que sea a partir del primer hijo da acceso a casi 30.000 mujeres más.

La medida, que ha sido consensuada con los agentes sociales, tiene como objetivo la reducción de la brecha de género que existe en las pensiones. Foto: ISTOCK.