- Su objetivo será ampliar derechos y reducir burocracia, y tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados
- El Ejecutivo ha expresado su compromiso de alcanzar el 50% de la financiación
- El Ministerio de Derechos Sociales apela a la solidaridad intergeneracional para reforzar el turismo social
- El Imserso ofrece una tarifa plana para que los pensionistas con menos recursos también puedan viajar
- El anteproyecto de ley de Consumo Sostenible tendrá que aprobarse en el Congreso
- Restringe también la reduflación, el ecopostureo y la publicidad de combustibles fósiles y vuelos cortos
- La sociedad envejece con una previsión de que en 2050 el 30,4% de la población en España tenga más de 65 años
- La figura del geriatra de referencia, más horas de atención a domicilio y la tecnología: claves de los cuidados en casa
- Según datos de Consumo, en Madrid hay más de 16.000 pisos turísticos y solo 1.100 son legales
- El Ayuntamiento informa que tiene su propio plan en colaboración con los administradores de fincas
- La mayoría se ubican en Canarias, seguido de otras comunidades como Asturias, Cantabria y Castilla y León
- Esta acción busca frenar la "proliferación indiscriminada" de estos alojamientos, según Consumo
- La sanción a Ryanair ascendía a más de 107 millones de euros y en el caso de Norwegian hasta los 1,6 millones
- El Tribunal condiciona la suspensión a la aportación de un aval bancario que recoge el importe de la sanción y los intereses
- Algunas prácticas son el cobro de comisiones por gestionar el alquiler y forzar a contratar servicios adicionales
- El ministerio ya inició un procedimiento similar contra otra agencia el pasado mes de marzo
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria que opera en el ámbito nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler. Entre esas prácticas detectadas por Consumo están el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios adicionales.
Pablo Bustinduy, que encabeza este ministerio, ha explicado en declaraciones a los medios que quiere "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de practicas, especialmente en materia de vivienda". Señala a los fondos de inversión que se están lucrando a costa de "cercenar el derecho a la vivienda de los españoles y de las españolas" y las inmobiliarias que se están saltando las obligaciones legales e "intentan exprimir a las personas que están buscando una casa donde vivir".
Asegura que las empresas están infringiendo las leyes españolas y el modelo de democracia del país para "anteponer su modelo de negocio" sin tener en cuenta la ley que rige en nuestro país". Afirma tajante que todas estas empresas pagaran por ello y que los ministros de su formación política, Sumar, "se van a encargar de que así sea". "En este país se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras en este país", sentencia Bustinduy.
Foto: EUROPA PRESS / IÑAKI BERASALUCE.
- Podrán beneficiarse aquellos que requieren de ventilación mecánica y, por tanto, cuidados las 24 horas del día
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- La nueva regulación garantizará una alimentación saludable, sostenible y de calidad
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Varias organizaciones de consumidores de la Unión Europea han denunciado ante la Comisión Europea que siete aerolíneas siguen cobrando ilegalmente el equipaje de mano.
El Ministerio de Consumo impuso sanciones por 179 millones de euros y también la imposibilidad de continuar con estas prácticas. Como ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, esa sanción ahora está recurrida y ahora un tribunal tiene que decidir si, mientras se resuelve el recurso, la sanción es efectiva o no.
Según las organizaciones de consumidores que han promovido la denuncia ante la Comisión Europea, las prácticas abusivas de EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair se basan en aplicar un sobrecoste por el equipaje de mano como por seleccionar los asientos. "Hay que ser pacientes, yo estoy convencido de que lo vamos a ganar y que dejarán de hacerlo porque son prácticas ilegales conforme a la normativa española y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", ha defendido en una entrevista en La hora de la 1.
- Señalan a EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair
- Piden a las autoridades europeas que declaren ilegales estas tarifas y que se fije un estándar claro para todo el sector
El Ministerio de Derechos Sociales ha denunciado ante la Fiscalía las palabras del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, en las que relacionaba "la discapacidad física, intelectual o psíquica" con una "herencia del pecado" y de las que ha pedido ya disculpas.
La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada dentro del Ministerio, ha enviado un escrito a la Fiscalía, firmado por su director general Jesús Martín, en el que ha solicitado que se "abran las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia" que podría "incurrir en el delito regulado en artículo 510.2 del Código Penal".
- El Ministerio solicita que se "abran las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia"
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado un cambio normativo para impedir el 'spam' telefónico. De este modo, las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas comerciales no consentidas y que no estén identificadas como tal.
El grupo parlamentario de Sumar ha registrado varias enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, todavía en trámite para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Por un lado, se establece que las empresas estén obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un prefijo telefónico específico. Y si las empresas no utilizan ese código, el operador de telecomunicaciones deberá bloquear la llamada. Por otro, se busca declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas, y obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas, entre otras medidas que se han dado a conocer en semanas anteriores.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que se trata de "impedir que haya modelos de negocio que se basen en menoscabar el derecho al tiempo, el bienestar o la privacidad de los consumidores".
- Propone declarar nulos los contratos suscritos a través de comunicaciones no consentidas para "desincentivarlas"
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