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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, asegura en 'Las Mañanas de RNE' que a ellos no les importa quien sea el nuevo presidente en la Generalitat Valenciana sino las políticas que se lleven a cabo: "Nos preocupan las políticas. Acabar con el pacto verde, con las políticas migratorias del PSOE" y advierte que "no tienen miedo a las elecciones". Garriga no ha querido dar detalles sobre las negociaciones en Valencia que califica de "discreta" pero sí reconoce que están a la espera de que el PP "decida al candidato". Sobre volver a formar parte del Consell, Garriga mantiene que "no están pensando en sillones". Una de las líneas rojas del partido de extrema derecha son revertir las políticas contra el cambio climático. En este sentido y coincidiendo con la COP 30 que se celebra en Brasil, Garriga acusa a los gobiernos mundiales de aplicar políticas que perjudican a las familias mientras sus líderes: "Se pasean y viajan con sus jets privados que contaminan mucho más que los ciudadanos".

En Alemania el gobierno está negociando un acuerdo muy polémico con los talibanes. El canciller Merz quiere enviar a Afganistán a los ciudadanos afganos condenados por delitos graves en su país. El hecho de negociar con los fundamentalistas preocupa a las organizaciones humanitarias y a los militares que estuvieron dos décadas en aquel país, combatiendo en zona hostil.

En el último año, con la mediación de Catar, Alemania ha expulsado a Kabul a un centenar de afganos con delitos. Ahora el Gobierno negocia directamente con los talibanes, un régimen que solo Rusia reconoce. Durante 20 años, Alemania envió a 150.000 soldados a combatirlos bajo el paraguas de la OTAN, donde murieron 59.

Colaboradores afganos del ejército alemán que huyeron a Pakistán han recibido una propuesta desde Berlín, recibir hasta 12.500 euros si renuncian al asilo en Alemania. Las organizaciones humanitarias piden cautela a los países que planean devoluciones.

Según la representante de Acnur en Alemania, Katharina Thote, "la situación sigue muy complicada y retornos masivos pueden desestabilizar aún más el país". El canciller Merz quiere mostrar su eficacia para reducir las peticiones de asilo por un lado y expulsar también a delincuentes extranjeros. El precio ahora es ofrecer diálogo directo a los talibanes, que ya han obtenido permiso para enviar a dos diplomáticos a Alemania.

Imagen: EFE / ANDRE COELHO

En la ciudad estadounidense de Chicago continúan las redadas con decenas de vecinos arrestados, muchos de forma violenta, arrancados de sus coches en medio de la calle y en ocasiones por agentes en coches sin identificar.

A veces van con la cara tapada, a veces fuertemente armados, topándose con la indignación y los móviles de activistas como Cristobal. Ellos se hacen llamar la patrulla popular. Van con silbatos para alertar si ven una redada. Este activista comenta a TVE que los agentes "son 100% racistas".

También reparten pegatinas a los agentes que les recuerdan que no pueden irrumpir en viviendas sin una orden judicial. "Ahora hay mucha gente que vive con terror", afirma el activista, que sale a patrullar cada día. "Últimamente buscan agarrar a más personas, a toda la gente posible". Se percibe que en barrios con mucha población mexicana las calles se encuentran vacías. "Muchas familias ya no salen".

La situación hace que los negocios pierdan clientes. Sus propietarios no quieren hablar delante de las cámaras. Algunos llevan muchos años aquí, pagando sus impuestos, pero no tienen los papeles en regla y nunca habían vivido tan atemorizados. Trump prometió expulsar de Chicago a los peores criminales. El único delito de muchos es haber cruzado la frontera sin papeles.

Imagen: REUTERS / JIM VONDRUSKA

Trump lanzó su operación sobre Chicago el 8 de septiembre. Desde entonces hemos visto arrestos de migrantes en la calle, gases lacrimógenos, concejales esposados y las redadas más agresivas que se recuerdan. El Gobierno las publicita con este mensaje: "Chicago, estamos contigo". El efecto en los barrios hispanos es el miedo.

Foto: Jacek Boczarski / Getty Images

Un centro de detención de migrantes a las afueras de la ciudad estadounidense de Chicago es un ir y venir de personas que buscan a sus seres queridos. Algunas vienen preguntando por amigos desaparecidos al creer que han sido arrestados. Otros, como Bulmara, de 18 años, estadounidense, nacida en el país norteamericano, es hija de mexicanos. Trae medicamentos para su padre.

Bulmara afirma a TVE que los guardias del centro "no permiten que lo veamos, solo vine a dejar su medicamento, él tiene cáncer y más problemas de salud, es diabético". Su padre es jardinero y lo arrestaron mientras trabajaba junto a dos compañeros. Fueron avistados por un dron y los agentes los rodearon con camionetas. Su hija explica que "el jefe tuvo que llamar a mi mamá para avisarle de que no iba a regresar mi papá". Su madre no se atreve a salir de casa.

La chica afirma que su padre dijo que mejor su madre no se arriesgara, "ya me tienen a mí, la única cosa que tienen ustedes es a su mamá ahora, así que cuidadla". El matrimonio mexicano cruzó la frontera, sin papeles, hace 20 años.

Una abogada de inmigración estadounidense explica a TVE que la mayoría de sus clientes no tienen antecedentes penales y que sus hijos se han criado en EE.UU. De pronto se encuentran en una situación en la que no tienen a nadie que les cuide. Afirma que las detenciones parecen aleatorias, arrestan a quien pueden, en público, como al padre de Bulmara. Esta confiesa que su padre "es el único proveedor de la casa así que ahorita va a ser difícil y como mi hermana de 15 esta discapacitada es un golpe fuerte para la familia".

Imagen: GETTY

El pasado 30 de septiembre, en un rincón del sur de Chicago, 300 agentes y un helicóptero militar participaron en una redada de madrugada dentro de un edificio de apartamentos. Derribaron las puertas a punta de fusil, sacando a decenas de personas de la cama, esposando a todos los vecinos, también a los niños. Según testimonios, los bebés lloraban cuando los separaron de sus padres. Los agentes publicitaron su redada a través de un vídeo, como si fuera una película.

A los estadounidenses los soltaron en unas horas, pero las familias migrantes nunca volvieron. Un mes después, muchas puertas siguen tapiadas. Ahora solo quedan apartamentos vacíos y saqueados. Según la Administración Trump, las autoridades buscaban a criminales del Tren de Aragua, pero de los 37 migrantes detenidos solo dos han sido acusados de ser de esa banda.

La mayoría de los migrantes eran venezolanos jóvenes, pero también madres con bebés. La historia de buena parte de los migrantes detenidos se remonta a 2022, cuando cruzaron la frontera estadounidense y el gobernador de Texas, del Partido Republicano, los enviaba en autobuses rumbo a ciudades gobernadas por rivales demócratas. Muchos, sin recursos, terminaron en edificios destartalados como el asaltado el pasado 30 de septiembre.

Imagen: GETTY

Rusia aumenta la presión sobre los migrantes. En Moscú les obligan a estar permanentemente localizados a través de una aplicación y en San Petersburgo han instalado cámaras de reconocimiento facial.

La aplicación geolocaliza a los migrantes en tiempo real y es obligatoria para los que no necesitan visado para entrar a Rusia. La mayoría son de Asia Central.

Las autoridades rusas tienen una actitud ambivalente hacia los inmigrantes. Por un lado quieren que vengan porque en el país hace falta mucha mano de obra, pero al mismo tiempo les persiguen y les hacen la vida muy difícil.

Foto: MAXIM SHIPENKOV/EFE — Un repartidor en Moscú

En Manhattan, una redada policial contra vendedores ambulantes se ha encontrado con la oposición de los ciudadanos y vecinos que se encontraban paseando en ese momento. La detención de varios vendedores de origen africano ha desencadenado en protestas espontáneas, que se saldaron con al menos nueve detenciones.

Nueva York está considerada como ciudad santuario para los migrantes, por eso, líderes regionales y activistas han expresado su rechazo ante esta operación contra la venta ilegal, y aseguran que son los propios agentes federales los responsables de la escalada de violencia.

Imagen: GETTY

El sociólogo Douglas Massey recibirá el viernes el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias sociales, por ser una de las más personas que mejor conoce el fenómeno de la migración. Lleva 40 años estudiando los desplazamientos humanos, algo que considera natural y que no se puede detener: "Todos somos migrantes. Mis abuelos eran emigrantes de Finlandia, salieron allí a principios del siglo XX, venían de familias agrarias".

Massey es uno de los grandes teóricos de la migración. Lleva más de cuatro décadas de trabajo estudiando, por ejemplo, la segregación urbanística a la que se enfrentan estas personas: "Los migrantes no buscan causar problemas, buscan mejorar sus vidas. No son amenazas, no son ladrones".

El sociólogo condena los discursos que les criminalizan y asegura que hay que buscar el beneficio común junto a ellos: "Dale a un inmigrante la oportunidad y va a construir y planificar y a beneficiar a la sociedad".

imagen: EFE/Paco Paredes

La dirección nacional del Partido Popular no ve inconvenientes en que se diferencien en las estadísticas a españoles de inmigrantes y respaldan la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de apoyar la propuesta de Vox para medir los datos y extraer las diferencias de cada segmento poblacional.

Entre otras cosas, el objetivo del Consell valenciano es medir lo que contribuye cada grupo al Estado, las ayudas que reciben, cuánto tiempo faltan al trabajo o qué uso hacen de las urgencias médicas. Desde Génova, han argumentado que muchas encuestadoras separan por género y sexo, diferenciación que no supone ningún tipo de polémica. Por tanto, comparten con Vox y con el PP de Valencia que también se puedan hacer distinciones en función de la nacionalidad.

El diputado popular de las Cortes de Valencia Juan Francisco Pérez Llorca ha sostenido que "recoger la información no es malo ni racista". Además, ha subrayado que puede tener aspectos positivos: "Incluso nos puede ayudar a ser mejores en la integración de los inmigrantes".

Por su parte, el Gobierno ha puesto el foco sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusan de ir de la mano del líder de Vox, Santiago Abascal, para tomar medidas "racistas": "Estas listas se hacen con un objetivo claro y concreto que es señalar, estigmatizar y criminalizar a los migrantes. Yo lo llamaría las listas del odio", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

Imagen: EFE/Wifredo García