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El PP acusa al Gobierno de querer enfrentar a las comunidades entre sí con sus planes sobre armonización fiscal. La presidenta madrileña sigue oponiéndose de plano. Aunque Galicia y Castilla y León no rechazan que se ponga algún tope en los tributos autonómicos. El Ejecutivo dice que se trata de evitar desigualdades

En el punto de mira, la Comunidad de Madrid por su baja presión tributaria sobre la renta y la riqueza. En 2017, la Comunidad de Madrid dejó de ingresar por las rebajas fiscales 4.100 millones de euros, 636 euros por habitante, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La mitad corresponde al impuesto de patrimonio y una cuarta parte, al de sucesiones.

Varios 'barones' territoriales del PP han arremetido este jueves contra la armonización fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con ERC en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y han defendido la autonomía que tienen con los impuestos cedidos o propios y, por lo tanto, para bajarlos en sus comunidades. Además, consideran que cualquier armonización tiene que hacerse a la baja.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos recuerda que hace tiempo que trabajaba en esta reforma, la cual considera necesaria para acabar con la desigualdad entre territorios y la competencia desleal entre autonomías en impuestos como el de Sucesiones y Donaciones o Patrimonio.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado que "todavía estamos llegando tarde" en la actuación contra la violencia machista y ha garantizado que su departamento trabaja para acabar con la lacra. "Tenemos un compromiso firme para que ninguna se sienta sola", ha expresado.

Este miércoles se le habían saltado las lagrimas durante su discurso en un acto Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El mismo 25N, en una entrevista en el Telediario, Montero ha explicado que "era muy difícil no emocionarse" en una jornada en la que se honraba "a las mujeres que han sido asesinadas y a las víctimas de todas las violencias machistas" y ha subrayado su responsabilidad y la del Gobierno hacia todas las mujeres, sean madres, migrantes, jóvenes, prostitutas... "Es la obligación que tenemos para que, como estado, creamos a todas las mujeres", ha afirmado.

Finalmente, ha deplorado el aumento de los asesinatos tras finalizar el confinamiento domiciliario y el primer estado de alarma, cuando ya son 41 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Ha reconocido que estaba previsto un "repunte posterior" de la violencia que "desgraciadamente se ha cumplido". "Iban a convivir 24 horas con el maltratador", ha explicado. Además, ha alertado de la crisis económica que acecha tras la pandemia, porque "la dependencia económica de las mujeres es una de las bases que perpetúa las situaciones de violencia".

Mejoran los datos en España sobre la evolución de la pandemia. Bajan los contagios, las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos. Desciende también la incidencia acumulada en España hasta los 340 positivos por cada 100 habitantes. Sin embargo, el número de contagios en el resto del mundo no deja de subir. Este lunes se han superado los 60 millones de casos en esta pandemia.

Para analizar la evolución en España, las medidas previstas para Navidad y el plan de vacunación, el Gobierno se ha reunido este lunes con las comunidades.  El Ministerio de Sanidad espera tener un plan para las fiestas, consensuado con las autonomías la próxima semana.  Algunas, como Madrid, piden ser más flexibles. Otras, como País Vasco, más restrictivas. "Se trata de alcanzar un conjunto de recomendaciones, que tengan el mayor consenso posible, sí que hay una línea que hemos trasladado que la de preocupación y la de pedir sensatez y prudencia", ha expresado el ministro Illa.

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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado un reparto de 15 millones de mascarillas a las entidades locales, "en los próximos días", a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y organizaciones no gubernamentales. Según la ministra, con este nuevo lote, ya se les ha hecho llegar más de 38 millones de mascarillas desde que comenzó la pandemia.

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ERC ha confirmado este miércoles que dará su 'sí' al proyecto de Presupuestos Generales del Estado gracias a la consolidación de un acuerdo con el Gobierno. El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha detallado que Cataluña recibirá "más de 2.300 millones de euros" en inversiones y transferencias de capital con los nuevos Presupuestos y que la Generalitat será quien gestione el Ingreso Mínimo Vital en esta autonomía.

Gabriel Rufián ha indicado que uno de los puntos clave para alcanzar ese preacuerdo con el PSOE es que avanza la negociación para suspender los desahucios sin alternativa ocupacional. Es una medida que reclamaban Esquerra, Bildu y Unidas Podemos a través de una enmienda al proyecto de presupuestos que previsiblemente no saldrá delante. La suspensión se articulará con otra fórmula. Informa David Fernández.

Pedro Sánchez está un paso más cerca de conseguir aprobar sus primeros Presupuestos Generales. El PNV ya ha anunciado el voto a favor del proyecto y el sí de Esquerra Republicana está muy cerca tras anunciar un preacuerdo. El bloque de la investidura se despliega y aleja a Ciudadanos de la ecuación, aunque los naranjas no se levantan de la mesa de negociación. La oposición acusa al Gobierno de haber vetado unas 300 enmiendas. Informa Rosa Carreño.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que la vacunación se hará en tres fases, en función del número de vacunas disponibles contra el coronavirus y que las primeras dosis irán para las residencias de ancianos, tanto para el personal sanitario, sociosanitario, como para los residentes, luego se vacunarán el resto del personal sanitario de los hospitales y centros de salud. Illa ha detallado que se tendrán en cuenta 18 criterios para determinar los grupos prioritarios.

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de enjuiciamiento Criminal, la norma que regula los procedimientos penales. La nueva ley trae novedades relevantes. Por un lado, las investigaciones de los casos correrán a cargo de los fiscales y no de los jueces. Además, el procedimiento penal se dividirá en tres partes: primero investigación, luego juicio de acusación y por último el juicio en sí. El anteproyecto limita la acción de la acusación popular ya que excluye a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas. El ministro de Justicia Juan Carlos Campo prevé que la ley se pondrá en marcha en seis años después de que sea aprobada por el Congreso. 

Informa Araceli Sánchez

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclara que el presidente Pedro Sánchez ha dado "instrucciones expresas para que quienes velen por la ejecución de los fondos europeos sea el Consejo de Ministros en pleno". Ese encargo que antes se delegaba en una comisión interministerial, según un borrador filtrado a la prensa, ahora se ha decidido que "esa comisión interministerial fuera el propio consejo de ministros".