El TSJ de Madrid mantiene la acampada de Sol al no quedar acreditada la inactividad de la Delegación de Gobierno
- Los servicios jurídicos del Gobierno de Ayuso están estudiando el posible recurso de reposición sobre la decisión
- La Delegación ha rechazado este miércoles ante el TSJM la petición de la Comunidad de Madrid de disolverla
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido mantener la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, tras rechazar la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid. Considera que no concurre, en esta fase del procedimiento, el presupuesto legal necesario para que se aprecie inacción: que hayan transcurrido tres meses de inactividad administrativa por parte de la Delegación del Gobierno desde el momento del requerimiento.
La resolución responde al recurso presentado por el Gobierno regional contra la que considera inactividad de la Delegación del Gobierno. En su escrito de alegaciones, la Delegación argumentaba que la normativa de seguridad ciudadana exige medidas de intervención "proporcionadas" y reserva la disolución de reuniones como "último recurso".
Fuentes del Gobierno de Ayuso aseguran a RTVE que sus servicios jurídicos están estudiando un posible recurso de reposición sobre la decisión del TSJM, al mismo tiempo que siguen exigiendo a la Delegación del Gobierno "que ejerza sus competencias y ponga fin a una acampada ilegal". "La acampada permanente en la Puerta del Sol está causando un grave perjuicio a vecinos y comerciantes de la zona y está atentando, con actos vandálicos acreditados, contra el patrimonio que es de todos y contra los derechos del resto de los madrileños", expresan las mismas fuentes.
La Comunidad solicitó inicialmente, con carácter urgente a través de una medida cautelarísima y sin audiencia de la parte contraria, que se adoptaran las medidas necesarias para disolver la acampada de la Puerta del Sol. Subsidiariamente, pidió que la solicitud se tramitara como medida cautelar. La petición de la Comunidad de Madrid fue ya rechazada en esa primera fase, mediante auto de 5 de octubre. Simultáneamente, la Sala dio audiencia a la representación de la Delegación del Gobierno y, tras escuchar sus alegaciones, este miércoles ha deliberado y ha resuelto la solicitud cautelar.
Tras once noches de acampada por la vivienda, los manifestantes en la Puerta del Sol de Madrid están pendientes ahora de la decisión de sus miembros sobre si continuar la protesta.
Rechazo de disolución de la Delegación de Gobierno
La Delegación de Gobierno, representada ante el tribunal por la Abogacía de Gobierno, ha rechazado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada. En sus alegaciones, ha defendido que ordenar su levantamiento puede acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana y que no supone un peligro para las personas ni el mobiliario.
Lo ha hecho en el plazo determinado por el Tribunal para las alegaciones, que ha finalizado esta mañana. A partir de ese momento, es el tribunal el que debe tomar una decisión, por lo que ya se encuentra deliberando, según ha podido saber RTVE. De momento, se desconoce cuanto tiempo podría llevarles el proceso.
El TSJM rechazó el lunes, después de que el Tribunal de Instancia les elevara el caso por "falta de competencia", las cautelarísimas pedidas por el Gobierno madrileño, es decir, que se tomara una decisión judicial urgente sin escuchar a la parte contraria (en este caso, la Delegación de Gobierno) debido a una situación de extrema urgencia.
El Tribunal aseguró que un desalojo puede afectar al derecho de reunión de los acampados y que sus efectos serían en buena medida irreversibles, por lo que exige especial cautela y proporcionalidad. Recordó, asimismo, que la disolución de reuniones o manifestaciones debe ser el último recurso y que un desalojo podría incluso implicar el uso de compulsión física.
Retrasos en las asambleas de decisión de la acampada por las lluvias
Las fuertes lluvias de la tarde del lunes, que dañaron toldos y tiendas, retrasaron las asambleas previstas por los acampados para definir si se retiraban de Sol, como pedían algunas partes, y su papel en la huelga general de 24 horas, que apoyarán finalmente los sindicatos de UGT y CCOO. Otros miembros de la acampada aseguran que se quedarán pese a la convocatoria de elecciones anticipadas al próximo 29 de noviembre, mientras siguen de cerca la posible aprobación, ya por la Diputación Permanente, de los decretos de vivienda.
La protesta está formada por diversos grupos y organizaciones sociales, por lo que su impulsor —el Sindicato de Inquilinas—, ha dicho que la acampada ya "tiene vida propia" y no puede pronunciarse por todos ellos. "Saben que se intenta desalojar Sol, pero vamos a resistir y que si se produce además ese desalojo, las acampadas venideras y las movilizaciones venideras van a ser mucho mayores", ha dicho el Sindicato de Estudiantes, el portavoz de Izquierda Revolucionaria en Madrid, Juan Díaz, que ha calificado como un triunfo de la acampada que sea "inminente" la fecha de la huelga general.
El conflicto entre Delegación y Comunidad por la acampada
El recurso fue adelantado el jueves por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante lo que consideraba una "inacción" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "La Puerta del Sol ocupada a hechos consumados; vandalizada; los comercios, asfixiados y sus ventas cayendo hasta en un 60%. Pedro Sánchez convierte el corazón de Madrid en un campamento político mientras los madrileños pagan la factura", ha escrito este miércoles en sus redes sociales.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, por su parte, ha mostrado su deseo de que el tribunal estime "cuánto antes" el recurso. "Lo que pedimos desde el Gobierno es que cuanto antes se actúe y se desaloje", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha defendido "proteger" el derecho del resto de madrileños a disfrutar de la Puerta del Sol.
En cuanto a la Delegación del Gobierno, se ha comprometido con "la seguridad ciudadana y el respeto al derecho fundamental de reunión", han indicado fuentes de la institución a RTVE. Consideran, asimismo, que la ley es "clara" y que las medidas de intervención deber ser "graduales y proporcionadas" a las circunstancias.
El criterio que guía a la Delegación, han continuado las mismas fuentes, es "prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos, especialmente el de reunión", por lo que la disolución en estos casos "constituye el último recurso". "Al Gobierno de Ayuso le pedimos respeto a estas garantías y que asuma sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna", han agregado.
