EE.UU. sanciona a Tomoko Akane, la presidenta de la Corte Penal Internacional, en su campaña por desmantelar el tribunal
- La Administración Trump considera la CPI un tribunal "supranacional corrupto y profundamente politizado"
- La corte alerta que la medida "socava el Estado de derecho" y pone en riesgo el orden jurídico internacional
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Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar el tribunal.
La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro ha informado en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, y permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
Como es habitual, la OFAC indica que EE.UU. también sancionará transacciones con "cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50% o más".
¿Por qué sancionar a Akane y Seye?
Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.
"La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal", ha explicado por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras.
Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder en enero de 2025, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una "amenaza" para la seguridad nacional.
En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el Ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el Estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
La CPI alerta que las sanciones "socavan" el Estado de derecho
La Corte Penal Internacional ha reaccionado advirtiendo que las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
"Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señala la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya.
"La corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", ha reiterado el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.
La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
