Del control de las urnas al fin de la ficción electoral en Nicaragua: "Es la consolidación de la dictadura"
- El Gobierno de Nicaragua anunció el final de las elecciones, aunque después matizó que se celebrarán sin oposición
- En la práctica, el país lleva años sin celebrar unos comicios libres y con garantías
"Aquí no volverá a haber elecciones", dijo el pasado lunes, sin tapujos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. Después, el líder de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó esas palabras ante el rechazo de parte de la comunidad internacional: los nicaragüenses votarán, aseguró el líder sandinista, pero "sin traidores a la patria". El resultado, coinciden los analistas consultados por RTVE, es el mismo, porque no serán comicios si no hay oposición. En la práctica, el anuncio no es más que un salto discursivo, que pondrá sobre el papel una realidad ya instalada en el país.
Nicaragua mantenía hasta hace poco una débil arquitectura democrática, al menos sobre el papel, y los ciudadanos han acudido a las urnas, aunque en elecciones celebradas sin garantías, ni competencia. El presidente modificó las reglas para asegurarse su reelección indefinida y, en los últimos comicios generales, los de 2021, el régimen persiguió y encarceló a la disidencia, frustrando sus candidaturas. Mientras tanto, él y su mujer, la "copresidenta" Rosario Murillo, lideran un proceso gradual de concentración del poder desde el regreso de Ortega a la Presidencia en 2007.
El país tenía previsto celebrar elecciones en noviembre de este año, pero en 2025, el régimen impulsó profundas reformas de la Constitución con las que amplió el periodo presidencial de cinco a seis años. Además, cambió la Carta Magna para otorgar el poder absoluto al matrimonio de Ortega y Murillo, estableció que fuera el Ejecutivo quien coordinara el resto de poderes del Estado, legalizó la privación de la nacionalidad y eliminó un artículo que prohibía las torturas, entre otras cuestiones. Ahora, el horizonte electoral de 2027 también está en el aire.
La consolidación de una dictadura
Las declaraciones de Ortega "no suponen una ruptura con la trayectoria del régimen. Es la formalización de una realidad", explica a este medio la periodista nicaragüense Maryorit Guevara. "Responde al intento de la oposición en el exilio por lograr la unidad y ser una fuerza política que llame la atención de la ciudadanía. Con esto, consolidan la dictadura y cercenan un derecho básico de la ciudadanía", añade. "En este momento, los Ortega-Murillo se quitaron la careta completamente", dice.
"Es la confirmación oficial de algo ya consumado. Nicaragua no celebra elecciones competitivas desde hace una década; en 2021 el régimen ilegalizó tres partidos y detuvo a siete aspirantes presidenciales antes de votar", coincide el profesor especializado en Latinoamérica de la Universidad del Norte de Texas en Dallas Orlando J. Pérez. Ahora, añade, la exclusión pasa al texto constitucional y "el matiz de Porras da la fórmula: habrá urnas, sin quienes el gobierno defina como traidores a la patria".
Esa fue, recuerda Pérez, "la categoría bajo la cual ya se despojó de la nacionalidad a 452 nicaragüenses". Entre ellos, a la abogada y activista Ana Margarita Vijil, que en 2021 fue detenida y condenada a diez años de prisión por violar la controvertida Ley 1055, impulsada por el régimen para poder arrestar a cualquier persona que consideraran traidora. En 2023 fue liberada y expatriada a Estados Unidos y, como respuesta a la maniobra del Gobierno sandinista, obtuvo la nacionalidad española tras el ofrecimiento del Ejecutivo español.
"El primer fraude electoral constatado fueron precisamente las elecciones del 2008, las primeras después de que Daniel Ortega llegara al poder, y a partir de ahí lo ha cometido siempre", denuncia Vijil a RTVE Noticias. Al inicio de su mandato, explica, contaban con una estructura en las calles capaz de cometer esos fraudes, pero ahora "saben que no cuentan con ese ejército y la técnica ha sido distinta. En vez de robarse la votación, expulsan a la oposición".
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Transcripción completa
centroamericano. Nicaragua no celebrará más elecciones
Nicaragua no celebrará
porque pone en riesgo el control del país, ha advertido el dictador
país
nicaragüense Daniel Ortega de 80 años en el 47 aniversario de la revolución
sandinista.
Él y su
esposa, la copresidenta Rosario Murillo, dirigen con puño de hierro
Nicaragua desde las protestas
de 2018, donde murieron 300 personas y hubo miles de detenidos, según la
ONU aquí no volverán a haber elecciones
Ortega ha mostrado su verdadera naturaleza...
...hay que demostrar a la dictadura sandinista..
que no puede mantener relaciones normales con otras naciones, pide Marco
Rubio en un comunicado
a la comunidad internacional en enero.
Estados Unidos acusa a Murillo, vicepresidenta, desde el 2017
de crearse el cargo de copresidenta en 2025 sin elecciones, sin mandato
y sin legitimidad
Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis,
puestos por los somocistas, volverán a llegar
al gobierno, jamás.
Tendría que haber elecciones este noviembre...
...pero una enmienda constitucional amplió..
la presidencia de Ortega hasta el 2027.
Los opositores en el exilio esperan que la presión internacional
hallan el camino para una transición o para la celebración de comicios.
ONGS denuncian detenciones
arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución a los opositores.
Costa Rica rechazó los resultados
de los comicios de 2021 por la total ausencia de condiciones y de garantías
Un país sin elecciones reales
Vijil recuerda que en 2016 ya no participó "ningún partido de oposición real" en los comicios y subraya que en 2021 "no bastó con eso". "Tuvo que encarcelarnos. Cualquiera que dijera que quería participar en las elecciones acabó preso y el liderazgo político, social y económico de Nicaragua terminó en la cárcel. Yo fui parte de ese grupo", recuerda. Ahora, la oposición se teje desde el exilio y lo que ven, dice la abogada, es "a Daniel Ortega diciendo la verdad: que no quiere elecciones y que hará lo posible para que no haya respuesta internacional frente a eso".
Juan Sebastián Chamorro fue precandidato en 2021 y también fue encarcelado y despojado después de su nacionalidad. "La Constitución del 2025 —la reforma fue prácticamente íntegra— fue el último zarpazo institucional para consolidar el poder absoluto, porque la anterior todavía tenía elementos de democracia liberal", afirma el disidente, que subraya la fuerte represión ejercida por el régimen para acallar las voces disidentes. "No hay expresiones de protesta en Nicaragua, porque cualquier pronunciamiento, incluso en redes sociales, puede llevarte a la cárcel", denuncia.
"Aunque después hayan tratado de reparar las palabras de Ortega, la realidad es la misma. Cuando hablan de elecciones sin traidores a la patria, significa una elección entre miembros de su propio partido, convirtiendo a Nicaragua en lo que siempre han querido tener: un sistema de partido único", expone Chamorro. ¿Y por qué oficializarlo ahora? El opositor lo tiene claro. "Por el temor a una transición democrática. Es la única explicación de poner en papel algo que ya están haciendo en la práctica. Refleja que nuestro trabajo en el exilio les incomoda", afirma.
Ortega anunció que elaboraría las leyes pertinentes para poner "un muro" a los "golpistas" y "vendepatrias", como denominó a la oposición. "Por mucha plata que les den los yanquis, no podrán", añadió Ortega, en alusión a su gran enemigo, Estados Unidos. Por ahora, Washington no ha tenido al país centroamericano entre sus prioridades, como sí ha tenido a Venezuela o a Cuba. Su respuesta ha sido más laxa, aunque sí condenó el anuncio del mandatario y pidió a la comunidad internacional aislar al régimen sandinista.
Un proyecto autoritario sin frenos
Durante años, Ortega ha avanzado casi sin obstáculos en su proyecto autoritario. Aunque el régimen niega la existencia de presos políticos, distintas organizaciones han documentado miles de estas detenciones desde 2018 y la ONU ha pedido la liberación de al menos 46 personas que continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, el espacio cívico en Nicaragua está ahora "prácticamente cerrado".
Además, Nicaragua vive el mayor éxodo de su historia. El Colectivo Nicaragua Nunca Más calcula que cerca del 12% de la población se ha visto obligada a abandonar el país desde el 2018. "Andamos errantes en el mundo. Algunos tuvimos la posibilidad de que otro gobierno, en mi caso el de España, nos protegiera. Pero la mayoría no tiene esa posibilidad", sostiene Ana Margarita Vijil, que lamenta que el Gobierno español aún no haya condenado las palabras del presidente nicaragüense.
"Daniel Ortega está poniendo en bandeja sus verdaderas intenciones y es el momento para que se puedan aplicar los convenios de derechos humanos y los acuerdos internacionales de los que la propia Nicaragua es firmante", sostiene la abogada.
En los últimos años, organismos internacionales como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU han documentado que en el país caribeño se han cometido crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas o detenciones arbitrarias. Pero el Gobierno de Ortega y Murillo ha hecho caso omiso. Por ejemplo, en 2023 Nicaragua abandonó la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que fue país fundador, después de que el organismo denunciara la ausencia de legitimidad democrática de las elecciones de 2021.
El Parlamento Europeo también ha emitido resoluciones contra acciones del Ejecutivo nicaragüense en materia de derechos humanos, pero no tienen carácter vinculante. "A veces las mismas herramientas internacionales son camisas de fuerza para poder ejercer presión efectiva más allá de lo declarativo", dice Guevara.
La respuesta estadounidense
La comunidad internacional, recuerda Orlando J. Pérez, ha respondido a las acciones del régimen sandinista "con declaraciones y sanciones individuales que no afectan la estructura de poder". "Donde Washington sí llega al núcleo del régimen es en el oro, que financia el patronazgo con el que se compra la lealtad del alto mando de las Fuerzas Armadas", expone Orlando J. Pérez. Hace mención a las sanciones impulsadas en abril, cuando el Departamento del Tesoro apuntó a Murillo, a dos de sus hijos y a otros miembros del Ejecutivo por sus presuntos vínculos con la extracción y comercialización de este metal precioso.
Sin embargo, el analista ve "muy improbable" una intervención militar como la que realizó en Venezuela con la captura del expresidente Nicolás Maduro. "Washington no tiene ancho de banda para un tercer frente mientras gestiona Venezuela y Cuba; Managua coopera en materia migratoria y acepta vuelos de deportación, y resulta difícil sostener que Nicaragua constituya una amenaza para la seguridad nacional estadounidense", explica. Además, añade que el Ejército nicaragüense "no está fracturado" y que no hay oposición organizada capaz de ocupa un eventual vacío de poder. La guerra con Irán también hace "muy difícil pensar en una intervención", señala.
Sobre esto, Maryorit Guevara cree que "lo que sucede en Nicaragua es una situación que deben resolver las y los nicaragüenses". "No quisiera que mi país sea intervenido por ningún otro gobierno", sostiene la periodista, que asegura que no es un territorio que le importe a la Administración Trump. "Quizás esto cambiaría si tuviera petróleo", dice. Nicaragua, sostiene Chamorro, "ha sido la tercera dictadura, muy lejos de las demás, en la atención de la Administración estadounidense". Sin embargo, el opositor subraya que Washington tiene "mucha capacidad" y apela a los intereses del país norteamericano. "Las declaraciones de Ortega pueden servir para que ese relativo olvido o priorización de segundo orden se convierte en una de primer orden", afirma.
