Los ceros en euskera de la PAU llegan a los tribunales por las dudas sobre la actuación de la EHU
- Las familias piden como medida cautelar que no se tengan en cuenta para las matriculaciones
- Denuncian que no se ha garantizado el anonimato de los estudiantes y de los centros
La polémica sobre los 168 ceros en los exámenes de euskera de la PAU sube un escalón. Agotada la vía administrativa, varias familias han presentado una demanda en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y han solicitado una medida cautelarísima: que esas calificaciones no se tengan en cuenta para la matriculación de los chicos y chicas en los grados que desean cursar. Un proceso que termina en el plazo de una semana.
El padre de un estudiante afectado relataba en declaraciones a Radio Nacional que se ha intentado llegar a una solución, pero la administración no ha actuado. Y por eso, ha añadido, se ven abocados a recurrir al Contencioso-Administrativo. "Hay que ir a los jueces para que aborten los abusos de la administración", concluye este padre. El plazo del que dispone el juez para adoptar la medida cautelar es corto, en torno a las 48 horas.
Procedimiento viciado de origen
La mayoría de los ceros corresponden a alumnos de colegios concertados de modelo A, es decir, que imparten la enseñanza en castellano con el euskera como asignatura. Uno de ellos es el Colegio Vizcaya. Iñaki Picaza es el abogado que representa a varias familias de este centro. En una entrevista concedida a Televisión Española, asegura que la EHU no ha seguido el procedimiento previsto legalmente, que es garantizar el anonimato del alumno y del centro para evitar sesgos y garantizar la imparcialidad del tribunal. Si el procedimiento está viciado de origen, subraya Picaza, eso no se puede subsanar. Porque si se sabe de qué colegio procedes, argumenta, la sospecha de una evaluación sesgada está ahí.
Según el abogado, el propio rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, reconoció en su intervención del pasado lunes que conocían cuales eran los centros en los que estudian los alumnos, con lo cual "está reconociendo ya el pecado, está reconociendo la infracción procedimental". Lo más importante de acudir al Contencioso-Administrativo, explica Picaza, es conseguir la medida cautelarísima para poder realizar las matrículas. De otra forma, aclara, el procedimiento se dilataría mucho en el tiempo lo cual supondría frustrar muchas expectativas. "Si el juez accede a esa medida, las espadas siguen en alto" dice el letrado.
No se descarta la vía penal
Algunas familias barajan la posibilidad de acudir a la vía penal. Consideran que, al conocer el tribunal los centros de los estudiantes a los que evaluaban, se está conculcando el principio de igualdad. Así que quieren pedir responsabilidades concretas, señala Picaza, si se demuestra que ha habido un dolo, una mala fe en estas evaluaciones a este conjunto de alumnos.
El abogado se ha referido también a la revisión de los exámenes, tras la cual no hubo variaciones significativas en la mayoría de las notas. "A pesar de la revisión, el vicio de la actuación ya está hecho porque siguen sabiendo de qué colegio es. Lo han podido corregir una, dos o 22 veces", asegura.
Otro de los motivos que, según Picaza, apoya la petición de la medida cautelar es que "estas notas, a nadie se le escapa, desde una perspectiva estadística son una absoluta anomalía. Habéis leído las diferentes notas de una misma clase, de haber caído en un tribunal o en otro. Hay unas desviaciones de notas que no las soporta ninguna explicación razonable". El propio rector de la EHU también reconoció en su intervención que tantos ceros suponían una anomalía estadística.
