El ministro israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, afirma que el fiscal de la CPI ha solicitado su arresto
- Además de él, el primer ministro y el exministro de Defensa también tienen órdenes de detención
- En represalia, Smotrich ha anunciado el desalojo de una comunidad beduina en Cisjordania
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El ultraderechista ministro de Hacienda israelí, Bezalel Smotrich, ha indicado este martes que ha sido informado de que la Corte Penal Internacional de La Haya ha solicitado una orden de arresto "secreta" contra él. "Anoche me informaron de que el fiscal del tribunal antisemita de La Haya había presentado una solicitud de orden de arresto internacional en mi contra", ha señalado el líder del Partido Sionista Religioso, conocido por abogar por la anexión de Cisjordania a Israel y por sus comentarios racistas contra los árabes.
En sus declaraciones, realizadas durante una rueda de prensa en la que recordó las órdenes de detención también dictadas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, no ha especificado quién le informó de dicha orden, dado que el procedimiento de arresto es confidencial. Tampoco ha revelado los motivos alegados por el tribunal. "Lamentablemente, gran parte de los países europeos nunca se han caracterizado por su amor al sionismo. La hipocresía y la doble moral se han convertido en un sello distintivo de muchos de ellos", ha señalado.
El ministro de Hacienda israelí, Bezalel Smotrich
Smotrich ha continuado diciendo que Israel no aceptará "dictados hipócritas de organismos parciales que, una y otra vez, se oponen al Estado de Israel, a nuestros derechos bíblicos, históricos y legales en nuestra patria (...) Este es nuestro país y lo trataremos como propio. Durante los últimos tres años y medio, finalmente lo hemos logrado. Me enorgullece liderar este cambio trascendental" ha añadido, según informa la agencia de noticias Efe.
Tras la información adelantada ya el domingo por el diario israelí Haaretz, que citaba una fuente diplomática, la CPI negó haber emitido nuevas órdenes de arresto contra funcionarios israelíes como parte de su investigación de los presuntos crímenes cometidos en Palestina. En el caso de Netanyahu y el exministro Gallant, la emisión de la orden de arresto se produjo meses después de su solicitud por parte de la Fiscalía.
Minutos después de conocer la noticia, y en represalia por la medida, el dirigente ha declarado que firmaría una orden de evacuación - a la que ha tenido acceso RTVE Noticias - para Khan al-Ahmar, una pequeña comunidad beduina palestina situada en la Cisjordania ocupada, al este de Jerusalén, en una zona estratégica conocida como corredor E1. La aldea se ha convertido en un símbolo del conflicto israelí-palestino por las reiteradas amenazas de demolición y desalojo por parte de Israel, que considera sus construcciones ilegales por carecer de permisos urbanísticos, algo que los palestinos denuncian como prácticamente imposible de obtener.
La comunidad ha suscitado fuerte atención internacional porque organismos como la ONU y la UE han advertido de que un desplazamiento forzoso de sus habitantes podría vulnerar el derecho internacional humanitario, y porque la expansión de asentamientos en esa área podría fragmentar territorialmente Cisjordania y dificultar la viabilidad de un futuro Estado palestino. Khan al-Ahmar también es conocida por su escuela construida con neumáticos y barro, convertida en símbolo de resistencia frente al desplazamiento de decenas de pueblos y aldeas de Cisjordania.
Vista de la aldea beduina de Khan al-Ahmar, en Cisjordania, al este de Jerusalén, bajo constantes órdenes de demolición por parte de Israel Getty Images
Netanyahu y Gallant, también en el punto de mira
La posible orden de arresto contra Bezalel Smotrich se sumaría a las ya emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó las órdenes solicitadas meses antes por el fiscal Karim Khan, al considerar que existían "motivos razonables" para creer que ambos podrían ser responsables de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta mayo de 2024.
El exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Getty Images
Entre las acusaciones figuran el supuesto uso del hambre como método de guerra, restricciones deliberadas a la entrada de ayuda humanitaria y ataques contra población civil, además de cargos por asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Israel rechaza tajantemente las acusaciones, niega la jurisdicción de la CPI —al no ser Estado parte del Estatuto de Roma— y sostiene que sus operaciones militares se ajustan al derecho internacional.
Aunque la Corte no dispone de una fuerza policial propia, las órdenes obligan en teoría a los 125 Estados miembros de la CPI a detener y entregar a Netanyahu y Gallant si pisan su territorio, lo que ha complicado sus desplazamientos internacionales y elevado la presión diplomática sobre el Gobierno israelí.
Pero, si bien sobre el papel, el cerco judicial limita de forma significativa los movimientos de los dirigentes israelíes, en la práctica, sin embargo, la capacidad de la Corte para hacer cumplir sus decisiones depende por completo de la voluntad política de los Estados. Los precedentes recientes han evidenciado hasta qué punto esa cooperación puede ser desigual.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunciando un discurso en Jerusalén EFE/EPA/ABIR SULTAN/ARCHIVO
Respeto desigual
Desde la emisión de las órdenes, Netanyahu ha reducido sus viajes a países adscritos al Estatuto de Roma y ha priorizado desplazamientos a Estados fuera de la jurisdicción de la CPI, como Estados Unidos, principal aliado de Israel y no firmante del tribunal. Pero el principal desafío a la autoridad de la Corte llegó en abril de 2025, cuando el mandatario israelí visitó Hungría - Estado miembro de la CPI - sin ser detenido. El primer ministro Víktor Orbán había dejado claro de antemano que no ejecutaría la orden de arresto, en un gesto de abierto desafío a La Haya que terminó desencadenando un procedimiento por incumplimiento contra Budapest.
El caso húngaro no ha sido el único gesto de resistencia. En enero de 2025, Polonia - también firmante del Estatuto de Roma - llegó a garantizar que Netanyahu podría asistir sin riesgo de arresto a los actos del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, una visita que finalmente no llegó a producirse. Frente a esas posiciones, otros países europeos como España, Países Bajos o Suiza han reiterado públicamente que cumplirían las obligaciones derivadas de la CPI si Netanyahu o Gallant entrasen en su territorio, reflejando las profundas divisiones políticas y diplomáticas que las órdenes han abierto entre los aliados occidentales.
