Los indicios de actividad ilegal en Cerredo eran perceptibles para cualquiera, según la presidenta de la comisión
- La administración minera incurrió en fallos que favorecieron el riesgo
- Se estaba realizando una estrategia de ocultación
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Los indicios de que había una "actividad ilegal" en la mina de Cerredo, en la que hace poco más de un año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú, "eran perceptibles para cualquier observador diligente", según mantiene la diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión parlamentaria que investiga este accidente, Covadonga Tomé.
En el borrador de dictamen que ha elaborado, y que ahora deberá ser objeto de negociación con el resto de grupos parlamentarios, reconoce que la administración minera "no causó directamente el accidente", pero que sí incurrió en "fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que favorecieron un contexto de riesgo" por los que hay que exigir responsabilidades políticas.
Entre esos fallos, señala que el proyecto de cierre de mina de 2019 y el de restauración aprobado por Minas dos años después, que determinan la prohibición de extracción de carbón de la mina, son "claramente incompatibles" con la resolución que en 2023 aprobó la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving y con el proyecto de investigación complementario (PIC) autorizado en 2024, que sí permiten sacar mineral de su interior.
La Consejería de Transición Ecológica tampoco requirió determinados requisitos de solvencia técnica y económica en el momento en el que se llevó a cabo el traspaso de titularidad entre ambas sociedades, que forman parte del entramado empresarial del empresario leonés Chus Mirantes, ni cotejó al autorizar el PIC que Blue Solving hubiese recibido ayudas públicas en el pasado.
También concluye que se estaba realizando una estrategia de ocultación de que se estaba extrayendo carbón sin autorización "de la que participan, al menos, tanto la empresa titular, como la dirección facultativa del centro", tal y como recoge el informe que hizo el jefe del Servicio de Minas tras el accidente del 31 de marzo de 2025.
En duda la concesión de los Proyectos de Investigación Complementaria
El informe también pone en duda cómo se llevó a cabo la concesión del PIC en julio de 2024 que habilitaba la extracción de carbón en una zona distinta a la que tuvo lugar el accidente ya que, según ha señalado Tomé, en Cerredo se extraía hulla y no había habido ningún descubrimiento mineral que justificase un proyecto de investigación.
En cualquier caso, en el supuesto de que sí hubiese motivo para investigar nuevos materiales, "en ningún punto se justifica la necesidad de extraer una cantidad de minera tan elevada" como la autorizada en el PIC: 60.000 toneladas en dos años. Asimismo, mantiene que el hecho de que fuese una "explotación minera clandestina" supone una "infracción muy grave" que hubiese podido llevar a la clausura definitiva de la mina si la Consejería de Industria hubiese iniciado un proceso sancionador.
En cuanto a la labor inspectora del Principado, reconoce que la clandestinidad con la que operaba esta mina podía dificultarla, "pero no la imposibilitaba", y más teniendo en cuenta que había indicios de actividad extractiva.
Para la autora del borrador, el hecho de que no hubiese un regulación clara de las inspecciones y de que éstas se hiciesen con preaviso también favoreció ocultación de las actividades ilegales.
En cuanto a las ayudas, el informe señala que no cree que haya base legal para una eventual devolución de los que los 23,6 millones de euros que se han destinado a las obras de restauración ambiental que están en marcha porque Blue Solving no recibió subvenciones asociadas al cierre de la mina.
