El informe a raíz del accidente de Cerredo revela “graves deficiencias” en la gestión y la seguridad de la mina
- El informe ha sido elaborado por la Inspección General de Servicios
- Destaca la falta de eficacia para detectar actividades no autorizadas
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El informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre la explotación minera de Cerredo concluye que existen graves deficiencias en la gestión administrativa, el control de la actividad y la respuesta ante incidentes, con riesgos tanto para la seguridad como para el medio ambiente. Entre los principales problemas, señala fallos en la transmisión de derechos entre empresas, sin garantías suficientes ni verificación de su solvencia, así como irregularidades en la gestión de las garantías económicas para la restauración de la zona.
Aunque las inspecciones fueron frecuentes, el documento critica retrasos en los procedimientos sancionadores y falta de eficacia para detectar actividades no autorizadas, incluso en zonas donde posteriormente se produjeron accidentes mortales. El informe también destaca una débil coordinación entre organismos, deficiencias en la tramitación de denuncias y una notable inactividad administrativa, con expedientes sin resolver y documentación incompleta sin supervisión.
Además, cuestiona la legalidad de algunos proyectos autorizados, al no haberse exigido evaluaciones ambientales ni informes técnicos clave. En conjunto, el informe determina que el caso de Cerredo refleja fallos estructurales en la gestión minera que han dificultado el control de la actividad y la prevención de riesgos.
Se detectó una inactividad especialmente grave, cuando la empresa Blue Solving, a los dos días de recibir la notificación de la autorización administrativa de la transmisión de las concesiones mineras de Combayl, pidió permiso para extraer carbón y la administración recepcionó pero no dio respuesta a la solicitud. Combayl estaba pendiente de dos procedimientos sancionadores, uno de ellos, precisamente por "explotación clandestina". La solicitud presentada por la empresa Blue Solving, así como el informe emitido por el servicio de minas han sido remitidas por la inspección General de servicios a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias.
