El Servicio de Minas del Principado usó los PIC para eludir el plan de cierre del carbón
- El informe de la Inspección General de Servicios pone de manifiesto la falta de regulación explícita
- El Gobierno autonómico se compromete a mejorar la regulación y las inspecciones
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El informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, encargado por el Principado a raíz de la tragedia en Cerredo, apunta a que la Autoridad Minera utilizó los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas "para autorizar la explotación en minas sometidas a cierre", según recoge este documento, emitido hace un par de semanas y del que ahora saca conclusiones el Gobierno autonómico.
Se constata que, en dicha mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque no llegó a presentar un plan de labores.
Pero la cosa no queda ahí. Además, hoy sabemos que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores, así como en la transmisión de concesiones y la definición de criterios.
El consejero de Industria, Borja Sánchez, ha afirmado que también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Cerredo, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.
Mejoras planteadas
El informe, de más de 300 páginas, plantea once recomendaciones para mejorar el servicio y las inspecciones a explotaciones mineras. El Gobierno del Principado se compromete a asumirlas en su totalidad con el fin de conseguir una mayor seguridad jurídica, administrativa y laboral.
Plantea una actualización de la normativa minera que regulará las transmisiones de los derechos mineros y la figura de los PIC. También una revisión integral del Servicio de Minas para ver si es necesario su refuerzo, tanto en puestos de gestión como de inspección, y se va a intensificar la colaboración con el ITJ.
Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.
El consejero ha evitado hablar de una depuración de responsabilidades. Se ha limitado a destacar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, "una muestra de responsabilidad política".
Reacciones políticas
Los reproches no han tardado en llegar. Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión de investigación en la Junta General, considera "impresentable" la comparecencia pública del Gobierno de Asturias para valorar el informe "sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación".
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado que el documento "acredita que el caos y el descontrol en el servicio de Minas fue a más" con el Gobierno de Adrián Barbón, y exige responsabilidades políticas.
