Un tribunal de Bangladés condena a muerte a la ex primera ministra Sheij Hasina por crímenes contra la humanidad
- La acusación es en relación con la represión de las protestas que tuvieron lugar en 2024 y que forzaron su dimisión
- La ONU lamenta que se imponga la pena capital
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La ex primera ministra de Bangladés Sheij Hasina, de 78 años, quien se encuentra en el exilio, ha sido condenada este lunes a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que costó la vida a unas 1.400 personas, según la ONU; la mayoría eran civiles. La presión finalmente provocó su caída, tras quince años de mandato. Hasina ha denunciado de inmediato el veredicto como "políticamente motivado".
Tras un juicio de cinco meses, un tribunal de la capital, Daca, declara culpable a la "Begum de Hierro" de crímenes de lesa humanidad, incluyendo incitación y orden de asesinato. "Se encuentran presentes todos los elementos (...) que constituyen un crimen de lesa humanidad", ha dicho el juez Golam Mortuza Mozumder al dictar su veredicto. "Hemos decidido imponer una sola sentencia: la pena de muerte", ha zanjado.
El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés ha dictado también pena de muerte para quien fuera ministro del Interior durante aquellos hechos, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien ha colaborado en el proceso judicial, le ha impuesto cinco años de prisión.
El tribunal ha dictaminado la confiscación de los bienes de Hasina, huida a India y que tiene otros tres casos pendientes en esta misma corte, establecida en 2009 para investigar y enjuiciar crímenes de genocidio y de lesa humanidad: dos por desaparición forzada y otro por la represión de unas protestas de 2013.
"Por un solo asesinato, la pena de muerte es la norma. Por 1400 asesinatos, la merece multiplicada por 1400", ha dicho ante los jueces. "Es una criminal despiadada y no ha mostrado ningún remordimiento por su brutalidad", ha añadido.
El fallo contra Asaduzaman, que se encuentra también prófugo de la Justicia, también contempla que se le retiren sus propiedades. La Fiscalía solicitó que en caso de que fueran declarados culpables se utilizaran estos bienes para reparar a las víctimas, según ha informado el diario bangladeshí 'The Daily Star'.
"Nadie está por encima de la ley", dice el líder del Ejecutivo provisional
El líder del Gobierno interino de Bangladés y premio Nobel de la Paz de 2006, Muhammad Yunus, ha afirmado que la condena a muerte impuesta a la exmandataria evidencia que "nadie está por encima de la ley".
"Hoy, los tribunales de Bangladés han hablado con una claridad que resuena en toda la nación y más allá. La condena y la sentencia afirman un principio fundamental: nadie, independientemente de su poder, está por encima de la ley", ha indicado Yunus en un comunicado en el que ha señalado que el veredicto "ofrece una justicia vital -aunque insuficiente- para los miles de afectados por el levantamiento de julio y agosto de 2024 y para las familias que aún cargan con su pérdida".
Esta declaración llega poco después de que el Gobierno indio reafirmara su compromiso con los intereses del pueblo de Bangladés, en un contexto en el que el Ejecutivo interino de Daca ha solicitado la “entrega inmediata” de Sheikh Hasina. Según el Ejecutivo provisional, el tratado de extradición vigente entre la India y Bangladés obliga a que ambos sean entregados tras la condena dictada por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés.
Hasina: "Son parciales y están motivados políticamente"
Hasina, quien siempre ha negado los cargos en su contra, ha denunciado de inmediato la sentencia como "políticamente motivada", dictada por "un tribunal ilegal, designado y presidido por un gobierno no electo sin mandato democrático". Considera que condenarla a muerte responde a un proceso político dirigido por el Gobierno interino de Muhammad Yunus, al que acusa de emplear un tribunal parcial para intentar eliminarla a ella y a su partido.
En un comunicado emitido, Sheij Hasina ha rechazado las pruebas presentadas en su contra por la fiscalía, incluidas grabaciones que sugerían que había autorizado el uso de “armas letales” contra la multitud.
"Los veredictos anunciados en mi contra han sido dictados por un tribunal manipulado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático. Son parciales y están motivados políticamente", ha declarado en un comunicado difundido por la Liga Awami, la formación política que lidera.
Los problemas legales de Hasina no terminan
Hasina ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.
Los problemas legales de Sheikh Hasina no terminan con este juicio. También es objeto de numerosas denuncias por asesinatos, secuestros y raptos de los que ha sido acusada durante sus mandatos por sus opositores políticos y ONG.
Una comisión de investigación estimó recientemente que su gobierno ordenó la desaparición de más de 250 miembros de la oposición.
Todo esto en un país sumido en una intensa tensión política y ya centrado en las elecciones parlamentarias previstas para dentro de tres meses, la decisión del tribunal, protegida por un fuerte dispositivo policial, era muy esperada.
La ONU lamenta que se imponga la pena de muerte
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado que la sentencia es "un momento importante para las víctimas de las graves violaciones cometidas durante la represión", pero ha lamentado que se le imponga la pena capital, a la que el organismo "se opone en todas las circunstancias".
"Hemos abogado repetidamente por que todos los procesos de rendición de cuentas cumplan con los estándares internacionales de debido proceso y juicio justo, algo particularmente vital cuando, como ocurre en este caso, los juicios se han llevado a cabo in absentia y han derivado en una sentencia de pena de muerte", ha considerado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani en un comunicado.
La fuente ha agregado que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, "espera que Bangladés avance hacia un proceso integral de esclarecimiento de la verdad, reparación y justicia como camino hacia la reconciliación nacional y la sanación".
"Esto debería incluir una reforma significativa y transformadora del sector de seguridad, que respete los estándares internacionales, para garantizar que estas violaciones nunca se repitan", ha remarcado Shamdasani.
