El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es declarado culpable por soborno a testigos y fraude procesal
- El fallo será seguido por una audiencia donde se definirá la pena, que podría ser de seis a doce años de prisión
- En 2012 Uribe denunció a Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos exparamilitares en su contra
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), ha sido declarado culpable este lunes por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose así en el primer exmandatario colombiano condenado en un juicio penal.
La jueza Sandra Liliana Heredia ha determinado que Uribe incurrió en soborno a un funcionario público y fraude procesal, aunque lo ha absuelto de un tercer cargo relacionado con soborno. En una audiencia que ha durado cerca de nueve horas, la magistrada ha subrayado que "la justicia no se arrodilla ante el poder, está al servicio del pueblo colombiano".
Su fallo completo, que consta de unas mil páginas, será seguido por una audiencia posterior en la que se dictará la sentencia, la cual puede implicar una pena de seis a doce años de prisión.
Uribe, de 73 años, ha comparecido de forma virtual junto a sus abogados. Uno de ellos, Jaime Granados, ha solicitado que su cliente permanezca en libertad mientras se resuelve la apelación, petición que la jueza decidirá el próximo viernes. Debido a su edad, Uribe podría cumplir la condena en detención domiciliaria.
Acusado de persuadir a uno de los principales testigos
La jueza Heredia ha fundamentado su fallo en la investigación sobre la actuación del abogado Diego Cadena, quien intentó persuadir al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, principal testigo del caso, para que modificara su declaración ante la Corte Suprema.
Monsalve, exparamilitar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) e hijo del administrador de la hacienda Guacharacas —propiedad de la familia Uribe—, declaró ante la Corte Suprema de Justicia que esa finca fue el lugar donde se habría conformado dicho bloque armado entre 1996 y 1997, con la participación de varias personas, incluidos los hermanos Uribe Vélez. Según su testimonio, desde allí se planearon operaciones violentas ejecutadas posteriormente por grupos paramilitares.
Estas acusaciones, que marcaron el inicio de la investigación judicial contra el expresidente, siempre han sido rechazadas por su defensa. Sin embargo, la jueza Sandra Heredia ha concluido que Uribe tenía conocimiento de un plan para manipular el testimonio de Monsalve, a quien se habría intentado presionar para que retractara sus afirmaciones y culpabilizara al senador Iván Cepeda, sugiriendo que este le ofreció beneficios judiciales a cambio de declaraciones falsas.
"Ha sido ostensible que el acusado conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve", ha dicho Heredia, reafirmando que la conducta constituyó fraude procesal.
Avala las grabaciones como pruebas
En su decisión, la letrada también ha avalado dos pruebas controvertidas que la defensa de Uribe ha tratado de excluir: las interceptaciones telefónicas y las grabaciones hechas con un reloj espía por el propio Monsalve en prisión. La jueza ha considerado que ambas pruebas han sido obtenidas legalmente y que no han violado los derechos del acusado.
Ha aclarado que el uso del reloj grabador por parte de Monsalve, proporcionado por su entonces pareja, no ha constituido una actuación indebida, ya que "no se ha actuado con mala fe ni se ha vulnerado el derecho a la intimidad".
El caso se remonta a 2012
Álvaro Uribe, quien ejerció la presidencia de Colombia entre 2002 y 2010, encabezó una fuerte ofensiva contra grupos insurgentes y, años después, fue señalado por intentar desacreditar testimonios que lo vinculaban con estructuras paramilitares. La controversia comenzó en 2012, cuando el propio Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente manipular excombatientes con el fin de construir un caso en su contra.
No obstante, tras examinar los hechos, la Corte Suprema descartó cualquier irregularidad en la actuación de Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación penal contra Uribe por manipulación de testigos. En 2018, el alto tribunal concluyó que fue el expresidente, junto con algunos de sus allegados, quien habría intentado influir en las declaraciones de exparamilitares.
El caso avanzó hasta que, en 2020, la Corte ordenó su detención domiciliaria. Poco después, Uribe renunció a su cargo en el Senado, lo que trasladó el expediente a la Fiscalía General.
Bajo el liderazgo del fiscal Francisco Barbosa, el ente acusador buscó cerrar la causa en dos ocasiones, pero los jueces que revisaron las solicitudes consideraron que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal.
La Defensoría del Pueblo pide respeto a las decisiones judiciales
Tras conocerse el fallo parcial, la Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su titular, Iris Marín, ha emitido un comunicado llamando a respetar la independencia judicial. "Las decisiones judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido", ha dicho Marín, al tiempo que ha subrayado que el respeto por la justicia fortalece el orden constitucional y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Marín también ha puesto énfasis en el respeto hacia las mujeres en la función judicial, señalando que "cuando una jueza es objeto de señalamientos estigmatizantes por razón de su género o por el contenido de sus decisiones, no solo se vulnera su dignidad personal, sino que se afecta el equilibrio institucional".
Críticas y celebraciones tras conocer la noticia
La lectura del fallo ha provocado reacciones tanto dentro como fuera del país. Simpatizantes y detractores del expresidente se han concentrado frente al juzgado en Bogotá. Algunos de sus seguidores han portado máscaras con su rostro, mientras que sus opositores han celebrado la decisión como un acto de justicia largamente esperado.
Un hombre grita entre personas que sostienen carteles contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe en Bogotá, el 28 de julio de 2025. RAÚL ARBOLEDA / AFP
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha pedido respetar el fallo judicial, defendiendo la independencia judicial al afirmar que su gobierno "no persigue a nadie por razones políticas".
"Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia", ha escrito Petro en X.
El partido Centro Democrático ha expresado "tristeza y dolor" tras conocer la condena en primera instancia de Uribe. En un comunicado, han señalado: "Acompañamos al expresidente Álvaro Uribe y a su familia en este difícil momento" y han reafirmado su convicción sobre su inocencia, recordando que la decisión no es definitiva y que mantiene la presunción de inocencia
En Estados Unidos, el senador Marco Rubio ha criticado la sentencia, afirmando que representa una "instrumentalización del poder judicial por jueces radicales".
"El único delito del expresidente colombiano Uribe es haber defendido y luchado incansablemente por su país", ha afirmado el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en X, calificando la decisión como un "precedente preocupante". Uribe ha mantenido una estrecha relación con Washington durante sus dos mandatos, y el caso ha motivado propuestas legislativas para condicionar la ayuda estadounidense a Colombia.
Uribe, líder del partido Centro Democrático, ha sido durante años una figura central de la política colombiana. A pesar de múltiples señalamientos por presuntos vínculos con grupos paramilitares, nunca antes había sido condenado.
Con este fallo, se ha sumado a la lista de expresidentes latinoamericanos que han enfrentado condenas judiciales, junto a líderes como Alberto Fujimori (Perú), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).
