El etarra Parot saldrá seis días de prisión tras renegar de la violencia y reconocer el "dolor ocasionado" a las víctimas
- En una carta, nombra a los asesinados y admite que el daño "nunca hubiese tenido que ocurrir"
- Miembros de ETA y Sortu también reconocen el daño y "humillación" causados con los homenajes a etarras
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El exdirigente de ETA Henri Parot, que cumple en San Sebastián una condena acumulada de 40 años, saldrá de permiso penitenciario seis días con el aval de la Audiencia Nacional tras haber expresado su reconocimiento al "dolor ocasionado" a las víctimas con sus actos terroristas y renegar de la violencia.
Con el visto bueno de la Fiscalía, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha autorizado su salida al tener en cuenta una carta escrita por Parot y dirigida a la Junta de tratamiento, en la que nombra a todas sus víctimas y admite que el daño "nunca hubiese tenido que ocurrir".
En su carta –la cuarta escrita en los últimos cinco años–, Parot reitera su rechazo a "todas las violencias" y señala que a sus 67 años considera necesario "reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo". Así, el etarra manifiesta que está "en contra de todas las violencias" y se compromete "a apostar y trabajar por una sociedad en paz y sin enfrentamientos violentos".
Asimismo, Parot menciona que después de haber cumplido "integralmente" 30 años de condena por pertenencia y acciones en el seno de ETA, ahora le toca cumplir otros 11 por haber escrito una carta dirigida a la banda terrorista en 2001, cuando se encontraba ya en prisión. "Han pasado más de 20 años desde aquellos hechos, tiempo suficiente para reflexionar y recapacitar sobre muchas cosas. Soy consciente de que aquel último hecho, aun cuando no provocó ninguna víctima directa, sí causó dolor y, de un modo u otro, produjo una revictimización de una parte de la sociedad", sostiene en el escrito.
A su entender, "la sociedad ha cambiado mucho", desea "paz y un futuro mejor para las generaciones venideras" y, para ello, ve "necesario reconocer el sufrimiento ocasionado por la antigua pertenencia a ETA y tratar de, en la medida de lo posible, repararlo".
El condenado también refiere que, con 67 años en 2022 y más de la mitad de su vida en prisión (35 años), sigue los pasos de la legislación penitenciaria y ha podido realizar, desde diciembre de 2024, varios permisos de salida. Según Parot, el contacto con el exterior "no ha hecho sino afianzar" su "compromiso con la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas".
"Ha reafirmado mi rotundo deseo de no generar más sufrimiento a aquellas personas que sufrieron la violencia en el pasado y trabajaré, en la medida de lo posible, en ello", concluye.
Cumple 41 años de condena por asesinatos y atentados
El juez José Luis Castro señala que en ella "puede apreciarse una evolución del penado a través del tratamiento penitenciario que ha incidido en la asunción delictiva y sus consecuencias".
También destaca que el penado ha superado las tres cuartas partes de condena, tiene una evolución favorable en la que no constan sanciones y participa en actividades programadas penitenciarias, además de haber disfrutado con anterioridad de dos permisos de salida de dos días sin ninguna incidencia y valorar que el riesgo de fuga es muy bajo. Además, Parot ha asumido el pago de indemnizaciones por sus atentados "a través de una cantidad mínima abonada".
Parot cumple una condena acumulada de 41 años por asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. Su rastro de terror incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó 11 víctimas mortales, siendo cinco de ellas niños, mediante un coche bomba cargado de explosivos. El primer ataque por el que fue condenado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría.
También cometió una decena de atentados en Madrid, como los que acabaron con las vidas de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y la fiscal Carmen Tagle en 1989, pero sus atentados se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. En total, se le atribuyeron 82 asesinatos.
Su detención en Sevilla en 1990 supuso un relevante golpe en la lucha contra ETA porque ostentaba la jefatura de los comandos itinerantes o Argala, que llevaban actuando durante 12 años y habían cometido una veintena de atentados con casi 40 muertos y más de 200 heridos.
Además, dio nombre en 2006 a la llamada 'doctrina Parot' con la que el Tribunal Supremo dio respuesta a un recurso de este preso. Con esta doctrina, endurecía las penas y evitaba que los terroristas condenados por atentados cometidos entre 1977 y 1995 pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a los beneficios penitenciarios. Sin embargo, en octubre de 2013, la Justicia Europea la anuló y condenó a España por su aplicación retroactiva, lo que llevó a la excarcelación de 63 etarras.
Miembros de ETA y Sortu reconocen el daño a las víctimas con los homenajes
Este lunes, otros tres históricos integrantes de ETA y otros tantos de Sortu han aceptado en un juicio en la Audiencia Nacional dos años de prisión por la organización de 120 actos de homenaje a etarras. Los exmiembros de ETA José Antonio López Ruiz, Kubati; Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio y los integrantes de la Comisión de Presos Sortu Haymar Altuna Junco, Ohiana Garmendia Marín y Ohiana San Vicente Sáez de Cerain han llegado este lunes a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones por el cual han confesado los hechos.
En virtud de este acuerdo queda suspendida la ejecución de esta pena con la condición de que en un plazo de tres años los acusados –todos en libertad– no vuelvan a delinquir y en concreto no participen en homenajes a etarras o presos de ETA ni en actos que ensalcen a la banda terrorista.
Los acusados han confesado que "la organización reiterada y sistemática" de los homenajes a presos de ETA, también conocidos como ongi etorri, produjo "una constante humillación a las víctimas", así como "un impacto psicológico negativo" que "principalmente se trataba de emociones y sentimientos relacionados con el enfado, el sentimiento de injusticia y la humillación con una intensidad muy elevada". Por todo ello, los acusados se han comprometido a la "renuncia a cualquier actividad enaltecedora de ETA y que humille sus víctimas", así como a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia para así "contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo".
El acuerdo de conformidad ha sido suscrito también por las acusaciones, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la organización Dignidad y Justicia y el PP, que han rebajado igualmente sus peticiones de pena ante la confesión y los compromisos adquiridos por los acusados.
Sin embargo, a su salida de la Audiencia Nacional, los hijos de dos víctimas de ETA –Ana Velasco y Eduardo Lázaro– que estaban citados como testigos para este juicio han mostrado en declaraciones a los periodistas su disconformidad con este acuerdo porque consideran que garantiza la "impunidad" para los que realizaban estos homenajes. Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha criticado el acuerdo y ha advertido de que "la estrategia de pactos judiciales con ETA y su entorno político y social favorece la impunidad".
